Lo que le importa a la Central Obrera y al Gobierno
El subempleo es uno de los grandes problemas del país, pues somete a millones de empleados a condiciones de precariedad, sin seguro de salud, sin aportes a la jubilación y con la incertidumbre del mañana
Nadie ha hecho todavía una proyección seria del impacto de la crisis económica en el tejido productivo boliviano, ni por el efecto de la pandemia ni por el efecto del Gobierno de Jeanine Áñez, sin embargo, en el equipo de Luis Arce parecen dispuestos a dar por superada la crisis por decreto.
El tejido productivo venía ya tocado de muerte por una serie de políticas económicas cuestionadas desde ambos polos del espectro político y que han incrementado los salarios para reforzar el poder adquisitivo y así dinamizar el mercado según Keynes, pero que no han tenido en cuenta la debilidad de las empresas, que han tenido que destinar lo poco que tenían para inversión o desarrollo tecnológico en salarios o dobles aguinaldos.
Esta situación ha provocado problemas en el mercado laboral, sin duda el indicador más escondido de los 14 años de Gobierno a pesar de que sí se han ido ampliando el número de puestos de trabajo, pero las remuneraciones se han ido acercando más al mínimo conforme este ha ido creciendo.
La informalidad es la gran lacra del empleo en el país. Miles de emprendimientos no blanquean su actividad nunca mientras que un puñado de empresas padecen los rigores de la administración, que se ceba en la fiscalización precisamente de estos emprendedores formales.
La distancia competitiva entre unos y otros es grande, pero a nadie en la administración parece preocuparle poner control a ese sector informal que se basa en las reglas puramente liberales y subemplean a millones de bolivianos.
Aunque la Central Obrera no le dé la importancia merecida, el subempleo es uno de los grandes problemas del país, pues somete a millones de empleados a condiciones de precariedad, sin seguro de salud, sin aportes a la jubilación y con la incertidumbre del mañana, lo que automáticamente los deja al margen del mercado crediticio y la inversión inmobiliaria a tasas medianamente razonables, por ejemplo.
El círculo es obviamente vicioso, pero ni Gobierno ni Central Obrera se han preocupado en todos estos años de bonanza en poner coto a la situación, es decir, en ayudar a las empresas a regularizarse para que generen empleos de calidad. Cada medida de incremento salarial o doble aguinaldo ha logrado expulsar de las empresas a trabajadores valiosos reduciendo así las propias capacidades de la empresa para crecer y ser más competitivos.
Ahora, es verdad que el mercado laboral necesita modernizarse, encontrar modalidades de contratación más flexibles, temporales, y menos onerosas en sus cargas sociales para trabajadores eventuales y que premie también la continuidad entendiendo que es un bien para la productividad.
Pero nada de esto parece importar ni a la Central Obrera ni al Gobierno, empeñados en negociar unilateralmente un alza salarial absolutamente político, y que como gran cosa impulsan una Ley que prohíbe el despido – salvo en las circunstancias contempladas en la Ley, ergo, nada – o habla de una estabilidad que nadie puede garantizar en estos tiempos de zozobra.
Todos los países del mundo se han concentrado en mantener el empleo en este periodo de crisis, sea a través de subsidios directos, de bonificaciones fiscales u otras ayudas al funcionamiento de la empresa, que es quien genera el empleo. En Bolivia la ocurrencia es prohibir el despido, como si la salud de las empresas se determinara por Ley.
