Un censo confiable
El censo no solo sirve para decir quiénes son más y quiénes son menos y así distribuir mejor los escaños políticos o los ingresos tributarios por coparticipación, sino que debe ser un instrumento apropiado para tomar las decisiones de futuro
El calendario ha vuelto a dejar sobre la mesa un asunto espinoso: la elaboración del censo nacional de población y vivienda, que de acuerdo a calendario hubiera correspondido hacer ya, pero que se venía retrasando también por asuntos estratégicos.
La elaboración del censo de 2012 y su posterior publicación de resultados supuso una de las primeras pifias de un Gobierno extraordinariamente respaldado en las ánforas, pero empeñado en generar grises a su alrededor.
La preparación vino ya con su polémica racial incorporada, porque el censo de 2000 había resultado precisamente un parteaguas en el país con toda la categorización y autoidentificación indígena que las ONG más indigenistas lograron incorporar. En esta ocasión se buscó una fórmula más detallada y los resultados fueron a la baja.
En cualquier caso, el problema mayor vino después, cuando el avance de datos colocó a Santa Cruz como el departamento más poblado del país, lo cual era evidente por su pujante desarrollo económico y poblacional, pero una posterior corrección de datos hizo que La Paz siguiera siendo el departamento más poblado por un insignificante margen que fue rápidamente superado en las proyecciones de los años siguientes.
Este absurdo movimiento – explicado técnicamente – hizo que el documento de planificación y referencia para la toma de decisiones más importante del país pasara a considerarse otro documento político de parte sin credibilidad, haciendo un flaco favor a todos.
La cuestión es que el tiempo pasa y pasa y Bolivia tiene una nueva necesidad de actualizar su censo de Población y Vivienda, más en estos momentos de crisis económica y tensión política. Un documento que de verdad nos permita tomar mejores decisiones como país y también como departamento.
El asunto ya ha nacido mal, pues el Gobierno se ha dormido en la “reconquista” del poder y ha sido el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien ha aprovechado para poner este tema encima de la mesa, puesto que es crucial en su agenda reivindicativa generada por y para Santa Cruz y que marcará la tensión política rumbo al 2025.
Puestos a ello, el Gobierno ha respondido de la forma más torpe posible: culpando al Gobierno de Jeanine Áñez y emplazando hasta 2024 la realización del famoso Censo, que conociéndonos como nos conocemos, puede suponer un retraso todavía mayor.
El censo no solo sirve para decir quiénes son más y quiénes son menos y así distribuir mejor los escaños políticos o los ingresos tributarios por coparticipación, sino que debe ser un instrumento apropiado para tomar las decisiones de futuro: dónde invertir más, en qué, por qué y para qué.
Bolivia vive un acelerado proceso de migración campo – ciudad que desde las altas instancias se socapa, convencidos de que el mantra de lo rural beneficia a unos respecto a los otros. Sin embargo, retrasar los actos por cálculos políticos tiene muchos riesgos, pero el principal problema es que acabemos no solo por no reconocernos, sino por ni siquiera conocernos.
