La mano al cuello del SIN
Las empresas no tributan no porque no quieran, sino porque no hay ingresos y la quiebra acecha. Con todo, el equipo económico de Luis Arce se ha conjurado para desplegar su “fiscalización” y septuplicar así los ingresos
El nuevo gobierno de Luis Arce necesita que la economía esté bien. Su promesa genuina de campaña se ha basado en su experiencia en el gobierno de la bonanza, aquel que administró el ciclo del súper boom de los precios de los hidrocarburos y que gracias a la Ley de Hidrocarburos y la Nacionalización pudieron ser empleados – mal, bien, regular – en el territorio nacional y no los tuvimos que ver desaparecer en forma de dividendo, como pasaba hasta hacia bien poco.
Al mismo Luis Arce le tocó administrar los últimos años del evismo, luego de la caída de los precios del gas y el petróleo, que muy seriamente diagnosticó como algo coyuntural en plena campaña de 2015, pero que llegó a tocar mínimos en enero de 2016 – pasó de 130 a 30 dólares el barril de WTI – y nunca más volvió a pasar de los 60 dólares.
Arce se retiró esos días por unos meses de la política por enfermedad, pero su equipo ya había diseñado los planes de endeudamiento vía bonos soberanos – no tan soberanos – subastados en el mercado especulativo mundial. Cuando volvió esto seguía funcionando y, por cierto, se duplicó la subasta para este 2021 en los presupuestos que diseñaron los ejecutivos de Jeanine Áñez en el área, y que Arce no ha dudado en utilizar.
En otros países no tan lejanos se aprueban ayudas directas y planes para sostener el empleo formal a como dé lugar, en Bolivia vuelven a ser tratados como presuntos delincuentes
El problema viene por los ingresos, pues sin captar difícilmente se podrá atender el gasto social prometido, que ni es tan gasto ni es tan social, pero que pasa por ser también compromiso de campaña. El precio del petróleo y la baja demanda de gas augura problemas, pero es la baja recaudación tributaria la que realmente ha encendido todas las alarmas.
2020 ha sido un año desastroso y 2021 lo seguirá siendo, porque en la medida en que el virus no se ataje, tanto el gasto como la inversión de los particulares en el país es muy moderada, básicamente porque la incertidumbre y la inestabilidad laboral no permite hacer planes a mediano plazo.
Las empresas no tributan no porque no quieran, sino porque no hay ingresos que declarar y porque la quiebra acecha en cada esquina. Con todo, el equipo económico de Luis Arce se ha conjurado para desplegar su equipo de “fiscalización” y septuplicar así los ingresos por multas y otros conceptos entre los sufridos contribuyentes regulares del país. Ni más ni menos que 21.000 millones de bolivianos es la meta, a la que seguro los aguerridos funcionarios de Impuestos se dedicarán en cuerpo y alma.
El asunto ha caído por demás de mal en las organizaciones empresariales grandes y también pequeñas, pues en un momento de máxima dificultad y mientras en otros países no tan lejanos se aprueban ayudas directas y planes para sostener el empleo formal a como dé lugar, en Bolivia vuelven a ser tratados como presuntos delincuentes y defraudadores a los que hay que descubrir, y castigar.
En todo el mundo, los Estados están interviniendo en pandemia para ayudar, en Bolivia, por el momento, está interviniendo para amenazar. Las consecuencias pueden acabar siendo especialmente graves.
