Legitimidad para enfrentar la crisis del Covid
El MAS, si no negacionista, se ha mostrado escéptico con la pandemia, pero desde el Gobierno deberá tomar medidas eficaces contra él, pues ninguna economía del mundo mejorará mientras la incertidumbre de la salud siga presente
La gestión de la pandemia en el país ha sido probablemente uno de los grandes puntos negros del Gobierno de Jeanine Áñez. El virus llegó a Bolivia a principios de marzo, cuando las elecciones ya estaban largadas y Áñez era una de las candidatas en carrera. Aunque desde enero el mundo entero estaba en alerta, en Bolivia pareció que nos enterásemos recién.
La poca previsión se trató de compensar con “mano dura”, muy en la línea de lo que Áñez ofrecía al país en ese entonces. Pese a que el Ministerio de Salud lo desaconsejó, la Presidenta decretó una cuarentena total y emergencia sanitaria en poco más de diez días y con apenas 37 casos confirmados en el país.
La contundencia de la medida precipitó la crisis económica a velocidad del rayo: millones de empleos informales y subempleos – el 70% de la fuerza laboral en el país – se vieron en la calle y con sus ingresos drásticamente reducidos. Los ahorros se fueron consumiendo pese a los anuncios de subsidiar algunos servicios básicos y la entrega de un bono de 500 bolivianos, que ciertamente no alcanza para casi nada.
Lo curioso es que el estado de emergencia se levantó el 1 de junio, cuando Bolivia había pasado de 34 a 10.000 casos y todas las proyecciones apuntaban a que se venía lo peor, como efectivamente se vino, pero Áñez seguía siendo candidata y las malas noticias no suman.
La presión en las UTI ha bajado y últimamente no se reportan cadáveres en la calle ni colapsos en cementerios del eje central, como si sucedió en julio y agosto, pero puede tratarse solo de una falta de información
La responsabilidad se entregó a los gobiernos subnacionales, pero no los recursos; el Gobierno siguió centralizando compras – como las de los respiradores – pero no dudó en culpar a los Gobernadores pese a su incapacidad de gestionar laboratorios y pruebas PCR, y también tomó decisiones por todos ellos.
Cuando al Gobierno le interesó atrasar las elecciones, los positivos diarios crecieron, y cuando interesó que bajaran, para evitar el ausentismo en las ánforas, bajaron. El Gobierno que dijo a los Gobiernos subnacionales que se hicieran cargo, les prohibió después usar pruebas rápidas y mostrarlas en el informe, por aquello de la alarma social, en lugar de comprender que ayudaba en la prevención.
La propia Presidenta Áñez anunció a los cuatro vientos que lo peor ha pasado cuando en el mundo entero los casos se siguen multiplicando y las segundas olas están resultando mucho más letales que las primeras, pese a tener muchos más medios: Francia detectó en un solo día de esta semana 40.000 positivos, con una tasa de positividad menor del 10%; en Bolivia apenas se han hecho 40.000 test en todo octubre.
El dato incuestionable es el de los decesos. La presión en las UTI ha bajado y últimamente no se reportan cadáveres en la calle ni colapsos en cementerios del eje central, como si sucedió en julio y agosto, pero puede tratarse solo de una falta de información. Hasta agosto había 20.000 muertos extra en todo el país y solo 5.000 se atribuían al virus, pero nadie dio otra explicación salvo Santa Cruz, lo que le costó una reprimenda del Ministerio de Salud.
La falta de capacidad y la escasez de datos brindados por el Ministerio hace que el manejo de la pandemia se haga prácticamente a ciegas, pues las únicas directrices tomadas de gran impacto han tenido que ver más con lo político – electoral que con lo epidemiológico.
La instalación de un Gobierno legítimo tiene que servir para que mejore la gestión del virus de una vez. El MAS, si no negacionista, se ha mostrado escéptico con la pandemia, pero desde el Gobierno deberá tomar medidas eficaces contra él, pues ninguna economía del mundo mejorará mientras la incertidumbre de la salud siga presente. Urge transparentar toda la información – sobre todo la de decesos - y tomar medidas de fondo para ampliar la detección y acelerar los tratamientos.
Sin cálculos políticos hay más posibilidades de que Bolivia pueda salir adelante.
