Covid y autonomía

La gestión del Gobierno Nacional en la crisis del coronavirus ha sido, probablemente, la más errática de todo el mundo. El resultado, probablemente, tiene que ver con que Bolivia esté en el podio de víctimas mortales en relación a su número de habitantes, y eso que solo se contabilizan los fallecidos en la estadística oficial, es decir, con prueba PCR positiva, y no los más de 15.000 muertos en exceso (además de los 5.000 oficiales de Covid) que el Serecí registró y que nadie quiere explicar, aunque es obvio.

En todos los países del mundo, incluidos los muy autonomistas o federales como España, Alemania o Argentina, y hasta el Estados Unidos de Trump o el Brasil de Bolsonaro, negacionistas ellos, consolidaron rápidamente un control central y un mando único sobre la pandemia, que fue tomando las decisiones en función de la evolución de la enfermedad. Se trataba de concentrar a los mejores especialistas y la mejor información, y así ir tomando las decisiones. Los Gobiernos determinaron los caminos de acción y monitorearon toda la información, desde el número de camas ocupadas hasta el número de rastreadores contratados, y por supuesto, los casos detectados cada día, además de los decesos. Así, fue el mando único el que estableció las restricciones y, en la “desescalada” – absolutamente fallida, como en el caso de España – estableció las metas que cada territorio debía cumplir para abrir diferentes actividades.

Todos los Gobiernos del mundo implementaron el mando único para tomar decisiones sobre la pandemia en todo el territorio, menos en Bolivia, que se dejó para los Gobiernos subnacionales, salvo que sus decisiones entren en conflicto con los intereses

En Bolivia empezó así, pues el Gobierno suspendió las clases en todo el país en marzo, cuando había una docena de casos en Oruro y Santa Cruz, y decretó el estado de emergencia con cuarentena rígida unos días después, con 37 casos confirmados en todo el país. El Gobierno, de matriz y herencia centralista, se preocupó entonces de comprar respiradores e insumos y proveer laboratorios, porque las autonomías no tienen recursos para ello, pero cuando vio que el asunto se iba de las manos, las levantó: en abril inventó aquello de la cuarentena flexible y el 1 de junio, con más de 10.000 casos confirmados, levantó la emergencia y pidió a los Gobiernos Departamentales - sin recursos, sin personal, sin infraestructura - “planes de contingencia” para la “nueva fase” del Covid en el país.

Desde entonces se entró en una lógica perniciosa. El Gobierno elaboraba un índice de riesgo semanal en función de la información facilitada, que básicamente tenía en cuenta los casos aparecidos en esa semana y que supuestamente, los Gobiernos Municipales y Departamentales debían utilizar para ajustar sus cuarentenas. El efecto real es que cuanto más reportabas, más se restringía la actividad, y los alcaldes, muy presionados, empezaron a mirar para otro lado.

Esta lógica perniciosa fue a más: Una vez postergadas las elecciones de septiembre a octubre, el Gobierno empezó a mandar señales “victoriosas” tomando en cuenta exclusivamente la bajada de casos positivos en PCR, que también bajaban porque no había reactivos disponibles. En ese contexto, empezó a emitir decretos de apertura, flexibilizando horarios y sectores que después los Gobiernos Municipales y Departamentales debían corregir, generando un desconcierto entre la población, que no sabía a qué atenerse.

Cada cual hizo sus planes, entre ellos Tarija, donde sí estaba claro que lo importante era detectar lo más posible, para tratar y aislar antes. La tasa de letalidad avala la estrategia, pero la última agresión ha sido la prohibición expresa a Tarija de reportar casos positivos mediante cuadro clínico y prueba rápida. La alarma social parece no interesa en este momento.

La Gobernación ha reaccionado publicando un decreto en el que establece su propio registro, y además modifica disposiciones de riesgo, como la de volver a empujar a los ancianos a las filas de los bancos para cobrar su bono.

Sin duda que la gestión de la pandemia ha vuelto a poner de relieve la necesidad de avanzar en el Estado autonómico, pues los intereses desde La Paz parecen ir por otro sitio.