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El Ministerio instruye ocultar el Covid también en Tarija

El Gobierno quiere bajar el número de casos reportados como positivos mientras oculta las explicaciones por el exceso de muertos en el país durante 2020. ¿Tiene sentido rebajar la alarma social? ¿Quién asumirá las consecuencias de la decisión?

El momento tenía que llegar, y llegó. Tarija lleva dos semanas reportando la mitad de los casos positivos de Covid-19 que se detectan en el país, y no en secreto, sino asumiendo de frente que se incorporan los resultados de pruebas rápidas que aparecen como reactivas, a las que se someten los pacientes por algún cuadro clínico compatible o contacto con casos positivos.

El asunto no es ningún misterio. En todos los departamentos se han anunciado operativos de rastrillaje y testeos masivos, pero solo en Tarija se han llevado de una forma suficientemente estructurada como para que los datos pudieran ser incorporados a la estadística. Es probable que el seguimiento posterior de los pacientes reactivos no haya sido el mejor, pero las recomendaciones de aislamiento han estado y los diagnosticados han tomado sus recaudos.

El Ministerio de Salud ha llamado al orden al Servicio Departamental de Salud (Sedes), que finalmente no incorporará estos datos en sus estadísticas, y por lo tanto, Tarija bajará radicalmente sus números de un día para otro.

En Tarija el dato del Sereci era coincidente con el oficial; la tasa de letalidad es la más baja del país y las UTI no han colapsado en ningún momento. Veremos qué pasa después de la instrucción del Ministerio

¿Cuál es el sentido de esta decisión? Básicamente bajar la alarma social por el Covid – 19, es decir, que la gente no se sienta amenazada ni tampoco haga preguntas de qué es lo que pasa. ¿Tiene sentido bajar la alarma social en un contexto como este? Pues esencialmente ninguno.

Tal vez llevamos tanto tiempo en esta coyuntura de pandemia que se nos han olvidado las características básicas de un virus altamente contagioso y muy letal para personas adultas mayores y con enfermedades de base o algún otro componente vital, como el embarazo o la obesidad. Un virus para el que no hay vacuna ni tratamiento específico, y que para evitar su dispersión se recomienda el lavado de manos, el uso de barbijo y, básicamente, el aislamiento.

Frente a esto, el Ministerio de Salud y su jefe de Epidemiología, Virgilio Prieto, veta el uso de pruebas rápidas y logra impedir que los datos se hagan públicos en todos los rincones del país, incluido Tarija. La instrucción está clara: declarar cuanto antes la victoria sobre el virus y dejar al que venga la posibilidad de un “rebrote”, culpando siempre al ciudadano, aunque lo cierto es que es inevitable que se baje la guardia por el propio mensaje triunfalista y victorioso de las autoridades nacionales de Salud: Los trufis piden trabajar a máxima capacidad, reabren las pensiones, las discotecas, volverán las fiestas nocturnas, etc.

Con todo, hay un dato que no falla y que tampoco podrá ocultarse, y ese es el número de fallecidos en el país. Con los datos oficiales, que superan los 8.000, Bolivia es el tercer país más afectado en relación a sus habitantes, pero la situación es mucho más dramática. Hasta agosto el Sereci contemplaba 20.000 muertos extra al promedio normal de los últimos años, y el Ministerio de Salud solo registraba 5.000 en sus estadísticas.

Ni Prieto, ni la Ministra de Salud ni nadie en el Gobierno ha hecho frente a esta realidad y más bien se ha escudado en excusas del tipo: no exageremos, y reprendido al único Sedes, el de Santa Cruz, que hizo responsablemente una investigación forense – habitual en epidemiología – para incorporar fallecidos que no habían sido detectados por falta de pruebas.

En Tarija el dato del Sereci era coincidente con el oficial; la tasa de letalidad es la más baja del país, las UTI no han colapsado en ningún momento y se ha testeado a más del 10% de la población. Veremos qué pasa después de esto. Y sí, la responsabilidad es del Ministerio. 


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