Los datos del Covid, a debate
Vale más un falso positivo que un paciente sin diagnosticar, pero sobre todo, de nada sirve transmitir el mensaje de que estamos ganando la batalla con datos falseados, que solo incitan, precisamente, a bajar la guardia respecto a las medidas de prevención.
La hora de debatir a fondo sobre la estrategia implantada desde el Ministerio de Salud para hacer frente a la pandemia del Covid-19 ha llegado. El exitismo de las autoridades se basa en un descenso de contagios en la estadística oficial, que tiene que ver más con el método que con la realidad. En ese sentido, Tarija rompe la regla y sigue sumando elevados casos positivos – el 30 de septiembre un record de 466 positivos frente a 204 que sumó todo el resto del país – básicamente porque sí se utiliza el test rápido.
El Ministerio de Salud ha negado categóricamente desde el principio de la pandemia, en marzo, el uso de pruebas rápidas como método de diagnóstico, y solo permite incluir casos confirmados con el método PCR, la prueba molecular más fiable. Con el tiempo, emitió una circular en la que reglamentaba algunos aspectos sobre su uso, pero seguía negando su aplicación para consolidar datos.
En Bolivia, hasta agosto hubo 20.000 muertos en exceso respecto a años anteriores, de los que el Covid, según el Ministerio, solo explicaba 5.000
Con el sistema de salud prácticamente colapsado en todo el país, la ciudadanía recurrió pronto a laboratorios privados, clínicas e incluso oportunistas de turno para obtener respuestas a sus desasosiegos más rápidamente. La automedicación y el autoaislamiento es la moneda corriente, aún en estos días.
El asunto, sin embargo, no es achacable solo a los ciudadanos, evidentemente. Hay una connivencia obvia del sistema de salud, motivado por su precariedad e insuficiencia de recursos. Una prueba PCR cuesta alrededor de cien dólares, pruebas rápidas alrededor de diez, la consecuencia suele ser la misma: en caso de positivo o reactivo, aislamiento y medicación en base a los síntomas clínicos. Tampoco es solo económico, el mercado vuelve a estar saturado ante el rebrote de casos en Europa, que ahora sí utiliza indiscriminadamente las PCR, y el incremento de casos en gigantes como la India.
La prueba del algodón es la letalidad, un dato que en Bolivia se está manejando vergonzosamente mal, puesto que el propio Servicio de Registro Cívico contemplaba hasta agosto un exceso de muertes de 20.000 personas respecto a los años anteriores – una fórmula sencilla que mide la magnitud de un evento mortal – y el Ministerio se niega a dar una explicación a esas cifras, porque para entonces sus datos contemplaban 5.000.
Curiosamente, como si no hubiéramos aprendido de esta pandemia basada en un virus altamente contagioso y sin tratamiento ni vacuna, para el que el aislamiento es la única forma de combate, el debate se reabre sobre si Tarija está haciendo las cosas bien o no y si debería contabilizar o no las pruebas rápidas.
Lo cierto es que vale más un falso positivo que un paciente sin diagnosticar, pero sobre todo, de nada sirve transmitir el mensaje de que estamos ganando la batalla – salvo por alguna intención política concreta – con datos falseados, que solo incitan, precisamente, a bajar la guardia respecto a las medidas de prevención.
