Garantizar la formación académica
El revés del Tribunal al Gobierno es también una oportunidad para recuperar el tiempo perdido, especialmente en los cursos más altos, que son quienes necesitan más aprendizaje académico
La decisión de dar por cerrado el año escolar en Bolivia generó ya mucha polémica el 2 de agosto, fecha en la que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció al país la voluntad del Gobierno luego de no haber podido garantizar algún sistema que permitiera a los más de dos millones de estudiantes de este país seguir recibiendo formación académica.
Bolivia era de los pocos países, si no el único, que había optado por tan drástica medida. Para llegar a ello habían pasado casi cinco meses de inacción por parte del Ministerio de Educación, que tal vez creía que la pandemia pasaría pronto. No fue hasta el 6 de junio, Día del Maestro boliviano, que el Ministerio no elaboró los primeros reglamentos sobre las intenciones a seguir, dándose otro mes para concretar. Pasado ese tiempo y ante la incapacidad de involucrar al Magisterio – que ciertamente no lo puso fácil – optó por la clausura.
La decisión del Gobierno dejó, entre otras cosas, a centenares de maestros de colegios particulares sin trabajo y a miles de bachilleres sin saber qué hacer en el corto plazo
La clausura era una derrota y una privatización, también un incumplimiento grave de la Constitución Política del Estado, que la consigna como el primer deber financiero ineludible de brindar bajo cualquier circunstancia. Lo advirtieron casi todos, y así lo ha estimado también la Sala Constitucional Primera de La Paz que propinó un nuevo revés a la gestión de la Presidenta al revertir la medida y otorgar diez días para implementar una política pública que garantice el derecho a la escolarización de todos los bolivianos.
El Gobierno calcula. Ya después de sentir la reacción popular trató de maquillar el suceso con promesas de adaptación de currículas e implementación de sistemas que permitieran continuar aunque no tuviera efectos académicos ni administrativos, que según el Ministro eran las únicas cuestiones cerradas, aunque nunca pudo explicar cuales eran las cuestiones abiertas.
La decisión del Gobierno dejó, entre otras cosas, a centenares de maestros de colegios particulares sin trabajo y a miles de bachilleres sin saber qué hacer en el corto plazo. Ni unos ni otros tienen claro de cómo cambiará su situación a partir de ahora.
Probablemente, los diez días fijados por el Tribunal se conviertan en el enésimo pulso para constituir un diálogo entre todos los actores que finalmente no resuelva ninguno de los problemas y el curso se pierda igual, porque no se lleguen a los acuerdos necesarios.
En cualquier caso, sería útil recoger las muchas propuestas que han surgido después de la decisión. Es posible que donde haya que hacer de verdad un esfuerzo sea en la educación de los estudiantes de los últimos cursos y no en todos. Es posible que se deban ver formas de llegar a lo rural en formato semipresencial, como ya en Tarija se estaba haciendo. Es posible que se puedan hacer programas en radio y televisión que incentiven el aprendizaje.
Cuesta creer que lo que no se pudo hacer en cinco meses pueda resolverse en diez días, pero la esperanza es lo último que se pierde. Bolivia necesita hacer muchos más esfuerzos en educación, siempre y en todas circunstancias. También en estas. Es una verdadera pena que tengan que hacerse por orden de un Tribunal.
