Litio, desconfianza y Pacto de Estado
Pedir ahora que el proyecto quede al margen de las disputas políticas implica quedar como ingenuo, pero en El País seguimos creyendo que es necesario apostar por Bolivia y los bolivianos
El litio es el recurso estratégico más importante actualmente para Bolivia no porque sea “su turno” en este país eminentemente depredador de los recursos naturales, o no solo, sino porque gran parte de la transformación energética que prevé la comunidad internacional para enfrentar el calentamiento global pasa por la implementación del vehículo eléctrico para el que las baterías de ese material, según consenso de las grandes industrias automovilísticas asiáticas y europeas, es imprescindible.
El asunto parece relativamente sencillo de abordar. De hecho, habría quien lo consideraría una oportunidad “de oro” para garantizar ingresos en el país incluso sin posicionarse sobre la mejor forma de explotarlo que inevitablemente se ordena desde la ideología, y los prejuicios. Para algunos es obvio que se debe explotar con soberanía nacional y para otros a través de una concesión privada. Es la diferencia entre el modelo de explotación del gas de Noruega con el de Nigeria, pero no importa en este momento.
El litio en el país ya se intentó explotar en la época del boom del teléfono celular y el proyecto se acabó frustrando por varias razones, eran los años 90, tiempo de neoliberalismo y resistencia popular. En cualquier caso, es parte de la historia intrínseca del país y de esa “leyenda negra” que muchos se esfuerzan en perpetuar, historias de traiciones, negocios oscuros, decisiones erróneas y estafas, asuntos inexplicables que contribuyeron a postergar al país. Guano, goma, cobre, todos los minerales imaginables, petróleo, los proyectos de industrialización del gas e incluso carreteras estratégicas han sufrido accidentes, torpezas, decisiones insostenibles y otras desgracias que simplemente han contribuido a que hoy sigamos siendo lo que somos.
Unos dicen que es el resultado de la ineficiencia del Estado, otros culpan al gran capital transnacional siempre dispuesto a reclutar peones, y lo cierto es que hay ejemplos de una y otra cosa, pero incluso eso no importa demasiado en este momento.
Probablemente lo único relevante en esta discusión que nunca se toma demasiado en serio sea garantizar que el patrimonio natural del Salar de Uyuni se va a conservar y no va a sufrir las consecuencias de una industrialización acelerada e irrespetuosa, a partir de ahí todo debería seguir los principios elementales de cualquier explotación de recurso natural en el terreno: lograr el mayor beneficio posible, que incluye recursos, pero sobre todo empleo y proyección sostenible.
Curiosamente en Bolivia se utiliza el proyecto como arma política arrojadiza: el gobierno es incapaz de explicar que una cosa es el proyecto de las piscinas que se viene desarrollando “con autonomía, soberanía tecnológica” y todos sus etcéteras pero que no arranca en una década mientras empiezan a aparecer problemas de fondo, y otro el de la Extracción Directa, que arrancó en 2021, con apoyo de transnacionales extranjeras, que además no son gringas para el disgusto de algunas oposiciones.
Obviamente un gobierno que ha roto todos los límites no logra reunir confianza en su palabra y el oportunismo de algunos, mezclando datos, acaba por complicar la más básica de la viabilidad del proyecto.
Pedir ahora que el proyecto quede al margen de las disputas políticas, solicitar un Pacto de Estado a como de lugar para sacarlo adelante, implica quedar como ingenuo y aguantar peroratas de muchísimos expertos litio que en han surgido en el país en las últimas semanas, pero en El País seguimos creyendo que es necesario apostar por Bolivia y los bolivianos, confiar en que se sabrán hacer las cosas y, más importante, no creer que nadie va a venir a resolvernos ninguno de nuestros problemas ni a regalarnos nada, porque es evidente que eso no va a suceder. Porque nunca ha sucedido.
