Feminicidios en Bolivia: una emergencia nacional ignorada
La sociedad civil, por su parte, debe continuar presionando por cambios y exigir a los representantes políticos que den prioridad a la lucha contra los feminicidios y toda forma de violencia
La violencia de género, en particular los feminicidios, constituye una grave problemática en Bolivia. Pese a los esfuerzos legislativos y la creciente conciencia pública, la ausencia de políticas públicas efectivas sigue perpetuando esta trágica realidad que, además, se ve ahora impulsada por grupos de hombres y corrientes conservadoras que buscan precisamente desandar lo poco que se ha avanzado con la Ley 348.
Bolivia enfrenta una alarmante tasa de feminicidios. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2023 se registraron más de 100 feminicidios, situando al país en uno de los más peligrosos para las mujeres en América Latina. Las leyes existentes, como la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, no han logrado traducirse en una reducción significativa de los casos debido a la falta de implementación efectiva y de recursos adecuados para su cumplimiento.
Bolivia necesita con urgencia adoptar y adaptar mejores prácticas de sus vecinos, invirtiendo en la creación de refugios, capacitación policial y judicial, y programas de prevención
En Argentina, la situación también es grave, pero las respuestas institucionales muestran diferencias notables. En 2022, Argentina reportó 251 feminicidios. Sin embargo, el país cuenta con una red más robusta de refugios para mujeres y programas de asistencia legal. La reciente implementación de la Ley Micaela, que obliga a los funcionarios públicos a recibir capacitación en perspectiva de género, es un ejemplo de cómo la voluntad política puede traducirse en acciones concretas.
Perú, con cifras igualmente preocupantes, registró 136 feminicidios en 2022. No obstante, ha avanzado en la creación de centros de emergencia para mujeres y en la capacitación de su fuerza policial en temas de violencia de género. A pesar de estos esfuerzos, la corrupción y la falta de recursos siguen siendo obstáculos significativos.
En Colombia, los feminicidios son una tragedia diaria, con 182 casos registrados en 2022. La Ley Rosa Elvira Cely, que lleva el nombre de una víctima emblemática, busca fortalecer la protección de las mujeres y mejorar la respuesta judicial. Aunque la implementación ha sido desigual, Colombia ha hecho avances en la sensibilización y la formación de sus instituciones.
La comparación con estos países revela que, aunque comparten desafíos comunes, las diferencias en la efectividad de las políticas públicas son evidentes. Bolivia necesita con urgencia adoptar y adaptar mejores prácticas de sus vecinos, invirtiendo en la creación de refugios, capacitación policial y judicial, y programas de prevención que realmente lleguen a las comunidades.
La falta de recursos no puede seguir siendo una excusa para la inacción. Es vital que el gobierno boliviano asuma la responsabilidad y desarrolle una estrategia integral que incluya educación, prevención, protección y justicia efectiva para las víctimas de violencia de género. El sufrimiento de las mujeres bolivianas no puede seguir siendo ignorado.
La sociedad civil, por su parte, debe continuar presionando por cambios y exigir a los representantes políticos que den prioridad a la lucha contra los feminicidios. Solo a través de un esfuerzo colectivo y decidido podemos esperar un futuro donde las mujeres bolivianas puedan vivir sin miedo a la violencia.
