Cuarentena, las renuncias del Gobierno
El Gobierno optó el jueves en la noche por una decisión corta y fácil pensando en su salud política y no en el bienestar de todos los ciudadanos. Además, lo hizo conscientemente: no fue la presidenta Jeanine Áñez quien salió a dar la noticia o mandó un videíto con las decisiones como ha...
El Gobierno optó el jueves en la noche por una decisión corta y fácil pensando en su salud política y no en el bienestar de todos los ciudadanos. Además, lo hizo conscientemente: no fue la presidenta Jeanine Áñez quien salió a dar la noticia o mandó un videíto con las decisiones como ha hecho con las decisiones anteriores, sino que mandó a la televisiva ministra de Comunicación, Isabel Fernández, a comunicar un decreto en el que el Gobierno se guarda las buenas noticias, para lavarse las manos definitivamente en alcaldes y gobernadores sobre la decisión de la cuarentena.
El decreto opta por la vía cobarde de prohibir algo en determinadas horas, evidenciando que sí está permitida en las otras, para finalmente tirarle la responsabilidad a alcaldes y gobernadores: El Gobierno prohíbe la libre circulación de personas y vehículos entre las 18.00 horas y las 5.00 de la mañana, por lo que se interpreta que el resto del día sí pueden moverse sin ninguna restricción ni de placa ni de dígito de cédula.
En esa actitud poco virtuosa de querer quedar bien con todos comprometiendo a un tercero, el Gobierno se permite entrar incluso a regular aspectos de ocio, como los paseos en fin de semana, siguiendo las modas de otros países, pero deja las decisiones clave en cuanto al transporte, el comercio y los servicios en manos de las entidades subnacionales, que no tienen ningún control sobre Policía o Fuerzas Armadas. El colmo del cinismo tiene que ver con la apertura de los actos religiosos en un 30% de su capacidad sin hacer mención a otras manifestaciones culturales.
La inmensa mayoría de los alcaldes han entendido el mensaje como una lavada de manos en toda regla, pues viene a profundizar lo que ya se apuntaba con la “cuarentena dinámica” de mayo, ahora ya sin pudor: el decreto en su artículo II dice textualmente que “a partir de las 00.00 horas del día lunes 1 de junio se levanta la declaratoria de emergencia por la Pandemia del Coronavirus (Covid-19) y se inician las tareas de mitigación para la ejecución de planes de contingencia por la pandemia del coronavirus de las ETA en el marco de la Ley 602”. En su segundo acápite apostilla que “se mantiene emergencia nacional por eventos recurrentes como ser: sequía, incendios, granizadas, heladas e inundaciones.
Es decir, para el Gobierno desde el lunes hay emergencia por inundaciones, pero no por el coronavirus, a pesar de lo exponencial de sus datos, lo cual genera una incertidumbre profunda en diferentes niveles del país.
El decreto de la nueva cuarentena deriva responsabilidades concretas hacia las autoridades municipales y departamentales, como la de generar planes de contingencia y mitigación – como si no se estuviera haciendo – y se reserva el derecho de hacer intervenciones más televisivas, como la que está sucediendo en Trinidad tras 40 días de olvido – en el caso de que se salga de control, sin embargo, no hace ninguna referencia a los elementos básicos para esta misión: los recursos médicos y los económicos.
Bolivia está en un problema, resultado de una negligente estrategia médica y económica, que ha tenido a los ciudadanos dos meses y medio encerrados esperando algo que nunca ha sucedido. Una reacción temprana debía servir para identificar y aislar rápidamente los casos, atajando de raíz la enfermedad. Nada de eso ha pasado y los test rápidos siguen desaconsejados por el nivel central. También debía servir para dotar a esas ETA´s a las que ahora le pide responsabilidad de ítems y equipos suficientes para enfrentar la crisis, y tampoco ha pasado.
El Gobierno lo ha dejado en un “sálvese quien pueda”, toca por tanto confiar en el buen criterio de las autoridades locales y departamentales y contribuir a que la pandemia, al menos en Tarija, siga controlada. Es tiempo de no arriesgar y, salvo extrema necesidad, quedarse en casa.
El decreto opta por la vía cobarde de prohibir algo en determinadas horas, evidenciando que sí está permitida en las otras, para finalmente tirarle la responsabilidad a alcaldes y gobernadores: El Gobierno prohíbe la libre circulación de personas y vehículos entre las 18.00 horas y las 5.00 de la mañana, por lo que se interpreta que el resto del día sí pueden moverse sin ninguna restricción ni de placa ni de dígito de cédula.
En esa actitud poco virtuosa de querer quedar bien con todos comprometiendo a un tercero, el Gobierno se permite entrar incluso a regular aspectos de ocio, como los paseos en fin de semana, siguiendo las modas de otros países, pero deja las decisiones clave en cuanto al transporte, el comercio y los servicios en manos de las entidades subnacionales, que no tienen ningún control sobre Policía o Fuerzas Armadas. El colmo del cinismo tiene que ver con la apertura de los actos religiosos en un 30% de su capacidad sin hacer mención a otras manifestaciones culturales.
La inmensa mayoría de los alcaldes han entendido el mensaje como una lavada de manos en toda regla, pues viene a profundizar lo que ya se apuntaba con la “cuarentena dinámica” de mayo, ahora ya sin pudor: el decreto en su artículo II dice textualmente que “a partir de las 00.00 horas del día lunes 1 de junio se levanta la declaratoria de emergencia por la Pandemia del Coronavirus (Covid-19) y se inician las tareas de mitigación para la ejecución de planes de contingencia por la pandemia del coronavirus de las ETA en el marco de la Ley 602”. En su segundo acápite apostilla que “se mantiene emergencia nacional por eventos recurrentes como ser: sequía, incendios, granizadas, heladas e inundaciones.
Es decir, para el Gobierno desde el lunes hay emergencia por inundaciones, pero no por el coronavirus, a pesar de lo exponencial de sus datos, lo cual genera una incertidumbre profunda en diferentes niveles del país.
El decreto de la nueva cuarentena deriva responsabilidades concretas hacia las autoridades municipales y departamentales, como la de generar planes de contingencia y mitigación – como si no se estuviera haciendo – y se reserva el derecho de hacer intervenciones más televisivas, como la que está sucediendo en Trinidad tras 40 días de olvido – en el caso de que se salga de control, sin embargo, no hace ninguna referencia a los elementos básicos para esta misión: los recursos médicos y los económicos.
Bolivia está en un problema, resultado de una negligente estrategia médica y económica, que ha tenido a los ciudadanos dos meses y medio encerrados esperando algo que nunca ha sucedido. Una reacción temprana debía servir para identificar y aislar rápidamente los casos, atajando de raíz la enfermedad. Nada de eso ha pasado y los test rápidos siguen desaconsejados por el nivel central. También debía servir para dotar a esas ETA´s a las que ahora le pide responsabilidad de ítems y equipos suficientes para enfrentar la crisis, y tampoco ha pasado.
El Gobierno lo ha dejado en un “sálvese quien pueda”, toca por tanto confiar en el buen criterio de las autoridades locales y departamentales y contribuir a que la pandemia, al menos en Tarija, siga controlada. Es tiempo de no arriesgar y, salvo extrema necesidad, quedarse en casa.
