Cuarentena: “Democratizar” la decisión o lavarse las manos
Iniciamos la semana clave tanto para la evolución de la enfermedad del coronavirus en Bolivia como para empezar el proceso de “desescalada” de la cuarentena que de forma anticipada ha adelantado el Gobierno de Jeanine Áñez. La “cuarentena dinámica”, como así se ha venido a...
Iniciamos la semana clave tanto para la evolución de la enfermedad del coronavirus en Bolivia como para empezar el proceso de “desescalada” de la cuarentena que de forma anticipada ha adelantado el Gobierno de Jeanine Áñez.
La “cuarentena dinámica”, como así se ha venido a denominar en el decreto presidencial, tiene que ver con una flexibilización de la cuarentena, con catalogación de tres niveles de riesgo y en el que incluso el más severo de todos contempla ya la apertura de sectores respecto a la cuarentena vigente hasta el 30 de abril.
Diluir la responsabilidad de la cuarentena hacia las autoridades locales puede ser una “buena” estrategia política, pero contiene demasiados riesgos para la población tomando simplemente los antecedentes del Beni y de Oruro
No es cierto, por tanto, que la cuarentena “siga igual hasta el 10 de mayo”, como diferentes miembros del Gobierno al más alto nivel han asegurado en diferentes ocasiones, ya que incluso el nivel de más alto riesgo modifica los horarios de atención al público, que eran de 7.00 a 12.00 y pasan a ser de 6.00 a 14.00 y permite el comercio a través de internet o por teléfono y el trabajo minero, además del industrial y el agropecuario. También el “no profesional”.
No es tiempo de hacer valoraciones sobre si algunas de las medidas que ahora se plantean para abrir la economía no podían haberse salvaguardado el 22 de marzo, cuando había 27 contagiados en el país, y no retomarlas ahora cuando hay más de 1.500 y las perspectivas son poco alentadoras. Sí es tiempo de tomar precauciones y advertir riesgos, pues la estrategia médica parece no tener resultados alentadores, aunque las pruebas realizadas en el país han empezado a crecer levemente – y de ahí los casos positivos -.
Pese a todo, la instrucción ministerial sigue siendo que el caso sospechoso debe demostrar dos síntomas y contactos con positivos o lugares endémicos para que la muestra sea analizada en laboratorio. Es decir: esperar hasta que se confirme y hacer que todos los contactos de ese que esté esperando, cumplan además una cuarentena estricta.
Así, sin información relevada mediante test, los municipios deberán comunicar su estimación oportuna al Servicio Departamental de Salud para consensuar la solicitud de un nivel de riesgo en el que ser catalogado por parte del Ministerio, que ya ha dejado muy claro que su función será puramente burocrática.
El ministro Marcelo Navajas ha hecho muchos esfuerzos en indicar que la decisión sobre el nivel de cuarentena que se aplicará en cada municipio será producto de una decisión “democrática”. Y lo dice señalando a los Sedes y a los alcaldes, al tiempo que les pide involucrarse más en la lucha contra el virus sin tener el control sobre el aspecto clave: las pruebas.
Los riesgos de “democratizar” la decisión no son menores, pues son los alcaldes los que están más cerca de los ciudadanos, y por tanto son más débiles ante la presión popular y gremial. Además, no tienen potestad sobre los aparatos represivos del Estado, que es a quienes se les ha delegado la tarea de hacer cumplir las resoluciones.
Diluir la responsabilidad hacia las autoridades locales puede ser una “buena” estrategia política, pero contiene demasiados riesgos para la población tomando simplemente los antecedentes del Beni y de Oruro. Si el virus se dispara y los muertos empiezan a multiplicarse, nadie olvidara quién hizo lo posible por lavarse las manos, y quién no.
La “cuarentena dinámica”, como así se ha venido a denominar en el decreto presidencial, tiene que ver con una flexibilización de la cuarentena, con catalogación de tres niveles de riesgo y en el que incluso el más severo de todos contempla ya la apertura de sectores respecto a la cuarentena vigente hasta el 30 de abril.
Diluir la responsabilidad de la cuarentena hacia las autoridades locales puede ser una “buena” estrategia política, pero contiene demasiados riesgos para la población tomando simplemente los antecedentes del Beni y de Oruro
No es cierto, por tanto, que la cuarentena “siga igual hasta el 10 de mayo”, como diferentes miembros del Gobierno al más alto nivel han asegurado en diferentes ocasiones, ya que incluso el nivel de más alto riesgo modifica los horarios de atención al público, que eran de 7.00 a 12.00 y pasan a ser de 6.00 a 14.00 y permite el comercio a través de internet o por teléfono y el trabajo minero, además del industrial y el agropecuario. También el “no profesional”.
No es tiempo de hacer valoraciones sobre si algunas de las medidas que ahora se plantean para abrir la economía no podían haberse salvaguardado el 22 de marzo, cuando había 27 contagiados en el país, y no retomarlas ahora cuando hay más de 1.500 y las perspectivas son poco alentadoras. Sí es tiempo de tomar precauciones y advertir riesgos, pues la estrategia médica parece no tener resultados alentadores, aunque las pruebas realizadas en el país han empezado a crecer levemente – y de ahí los casos positivos -.
Pese a todo, la instrucción ministerial sigue siendo que el caso sospechoso debe demostrar dos síntomas y contactos con positivos o lugares endémicos para que la muestra sea analizada en laboratorio. Es decir: esperar hasta que se confirme y hacer que todos los contactos de ese que esté esperando, cumplan además una cuarentena estricta.
Así, sin información relevada mediante test, los municipios deberán comunicar su estimación oportuna al Servicio Departamental de Salud para consensuar la solicitud de un nivel de riesgo en el que ser catalogado por parte del Ministerio, que ya ha dejado muy claro que su función será puramente burocrática.
El ministro Marcelo Navajas ha hecho muchos esfuerzos en indicar que la decisión sobre el nivel de cuarentena que se aplicará en cada municipio será producto de una decisión “democrática”. Y lo dice señalando a los Sedes y a los alcaldes, al tiempo que les pide involucrarse más en la lucha contra el virus sin tener el control sobre el aspecto clave: las pruebas.
Los riesgos de “democratizar” la decisión no son menores, pues son los alcaldes los que están más cerca de los ciudadanos, y por tanto son más débiles ante la presión popular y gremial. Además, no tienen potestad sobre los aparatos represivos del Estado, que es a quienes se les ha delegado la tarea de hacer cumplir las resoluciones.
Diluir la responsabilidad hacia las autoridades locales puede ser una “buena” estrategia política, pero contiene demasiados riesgos para la población tomando simplemente los antecedentes del Beni y de Oruro. Si el virus se dispara y los muertos empiezan a multiplicarse, nadie olvidara quién hizo lo posible por lavarse las manos, y quién no.
