Mariscal, el crimen perfecto y la desidia de la Fiscalía
A más de seis años de la desaparición del compañero periodista Cristian Mariscal, resulta intolerable desde todo punto de vista que la Fiscalía lo considere “caso cerrado” y que incluso niegue cualquier posibilidad de reapertura alegando que ya no hay nada que hacer. La desaparición...
A más de seis años de la desaparición del compañero periodista Cristian Mariscal, resulta intolerable desde todo punto de vista que la Fiscalía lo considere “caso cerrado” y que incluso niegue cualquier posibilidad de reapertura alegando que ya no hay nada que hacer.
La desaparición de Mariscal se dio una madrugada, el 19 de enero de 2014. Desde entonces, nadie ha sabido explicar que pasó con su persona y su vehículo, pero no porque se lo haya tragado la tierra sin más, sino porque todas y cada una de las pruebas encontradas fueron arruinadas en el proceso de investigación.
En un resumen rápido, cabe recordar que todas las manchas de sangre encontradas entre el dormitorio al que intentó acceder por última vez y la puerta de la casa donde fue visto por última vez fueron inhabilitadas como prueba por una mala manipulación entre el ITCUP y el IDIF, los laboratorios de la policía y de la fiscalía.
Cabe recordar también que los celulares secuestrados de dos imputados, desde los que se intercambiaron más de 60 mensajes luego de los hechos acaecidos en el domicilio donde fue visto por última vez, se perdieron en medio de un allanamiento fiscal que acabó por arruinar cualquier pericia e intento de recuperar el contenido.
Cabe recordar también que el auto de Mariscal fue identificado en enero de 2015, pese a que existía un reporte del B-Sisa donde cargó gasolina en el mes de agosto de 2014 sin que nadie hiciera nada por identificarlo: Mismo vehículo, misma placa, mismo B-Sisa, y mismas muescas realizadas en diferentes intervenciones mecánicas y de chapa que el padre de Mariscal y su tío mecánico detallaron antes de ver el vehículo secuestrado. Sin embargo, en este país plagado de autos chutos, se acabó arruinando la prueba por inconsistencias en sus papeles.
Hay un hecho por esclarecer, y lo que se presume es la muerte, no una desaparición voluntaria de un hombre enamorado de su trabajo mediático que haya decidido pasar a la clandestinidad anónima en otro rincón del planeta.
Desde este medio hemos denunciado una y otra vez que al caso Mariscal nunca se asignaron los recursos necesarios, ni se dispusieron las energías suficientes. Más al contrario, se dejó pasar el tiempo entre burocracias y chicanas, hasta que el caso se quedó sin imputados y por tanto, sin investigadores ni recursos asignados.
El entonces todopoderoso fiscal departamental Gilbert Muñoz negó docenas de veces que el caso “estuviera cerrado” y garantizaba que se retomaría “si aparecía algo”. Curiosa afirmación luego de arrojar al último estante el cuaderno de investigaciones y haber visto sin inmutarse como se arruinaban una tras otra todas las pruebas determinantes encontradas. En una entrevista posterior en este diario siguió abonando la tesis de que la Policía arruinó el proceso.
El actual Fiscal Departamental, Aymoré Álvarez, que nunca quiso recibir a este medio para hablar específicamente de este caso, sale muy suelto de cuerpo a señalar lo contrario. A dar el caso por cerrado por la sencilla razón de que no hay imputados ni pruebas, cuando precisamente por eso se debería retomar la investigación. Hay un hecho por esclarecer, y lo que se presume es la muerte, no una desaparición voluntaria de un hombre enamorado de su trabajo mediático que haya decidido pasar a la clandestinidad anónima en otro rincón del planeta.
El Ministerio Público tiene la obligación de dar una respuesta a la familia, a sus amigos, a sus compañeros. ¿Para qué sino sirve la Fiscalía?
La desaparición de Mariscal se dio una madrugada, el 19 de enero de 2014. Desde entonces, nadie ha sabido explicar que pasó con su persona y su vehículo, pero no porque se lo haya tragado la tierra sin más, sino porque todas y cada una de las pruebas encontradas fueron arruinadas en el proceso de investigación.
En un resumen rápido, cabe recordar que todas las manchas de sangre encontradas entre el dormitorio al que intentó acceder por última vez y la puerta de la casa donde fue visto por última vez fueron inhabilitadas como prueba por una mala manipulación entre el ITCUP y el IDIF, los laboratorios de la policía y de la fiscalía.
Cabe recordar también que los celulares secuestrados de dos imputados, desde los que se intercambiaron más de 60 mensajes luego de los hechos acaecidos en el domicilio donde fue visto por última vez, se perdieron en medio de un allanamiento fiscal que acabó por arruinar cualquier pericia e intento de recuperar el contenido.
Cabe recordar también que el auto de Mariscal fue identificado en enero de 2015, pese a que existía un reporte del B-Sisa donde cargó gasolina en el mes de agosto de 2014 sin que nadie hiciera nada por identificarlo: Mismo vehículo, misma placa, mismo B-Sisa, y mismas muescas realizadas en diferentes intervenciones mecánicas y de chapa que el padre de Mariscal y su tío mecánico detallaron antes de ver el vehículo secuestrado. Sin embargo, en este país plagado de autos chutos, se acabó arruinando la prueba por inconsistencias en sus papeles.
Hay un hecho por esclarecer, y lo que se presume es la muerte, no una desaparición voluntaria de un hombre enamorado de su trabajo mediático que haya decidido pasar a la clandestinidad anónima en otro rincón del planeta.
Desde este medio hemos denunciado una y otra vez que al caso Mariscal nunca se asignaron los recursos necesarios, ni se dispusieron las energías suficientes. Más al contrario, se dejó pasar el tiempo entre burocracias y chicanas, hasta que el caso se quedó sin imputados y por tanto, sin investigadores ni recursos asignados.
El entonces todopoderoso fiscal departamental Gilbert Muñoz negó docenas de veces que el caso “estuviera cerrado” y garantizaba que se retomaría “si aparecía algo”. Curiosa afirmación luego de arrojar al último estante el cuaderno de investigaciones y haber visto sin inmutarse como se arruinaban una tras otra todas las pruebas determinantes encontradas. En una entrevista posterior en este diario siguió abonando la tesis de que la Policía arruinó el proceso.
El actual Fiscal Departamental, Aymoré Álvarez, que nunca quiso recibir a este medio para hablar específicamente de este caso, sale muy suelto de cuerpo a señalar lo contrario. A dar el caso por cerrado por la sencilla razón de que no hay imputados ni pruebas, cuando precisamente por eso se debería retomar la investigación. Hay un hecho por esclarecer, y lo que se presume es la muerte, no una desaparición voluntaria de un hombre enamorado de su trabajo mediático que haya decidido pasar a la clandestinidad anónima en otro rincón del planeta.
El Ministerio Público tiene la obligación de dar una respuesta a la familia, a sus amigos, a sus compañeros. ¿Para qué sino sirve la Fiscalía?
