La niñez, un reto en el aire
Muy pronto será el Día del Niño y con ello varias actividades se realizarán desde el ámbito político hasta el social. Este día se conmemora en Bolivia en recordatorio de aquel 12 de abril de 1952 cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) y UNICEF redactaron la declaración de...
Muy pronto será el Día del Niño y con ello varias actividades se realizarán desde el ámbito político hasta el social. Este día se conmemora en Bolivia en recordatorio de aquel 12 de abril de 1952 cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) y UNICEF redactaron la declaración de Principios Universales del Niño, a consecuencia de la desigualdad y maltrato que sufrían los niños en el mundo.
¿Cuánto se ha avanzado? Y ¿cuánto se ha retrocedido? En Bolivia existen más de 100 mil niñas y niños trabajadores de entre siete y 12 años, según el Censo Nacional de 2012. Otros 289 mil son adolescentes entre 12 y 17 años, haciendo un total de 391.000 menores de 17 años que trabajan, muchas veces en oficios peligrosos, como ladrilleras, en obras de construcción e incluso en interior mina.
Esas cifras colocan a Bolivia en los últimos lugares de protección infantil en el continente. La situación se agravó cuando el Legislativo aprobó en 2014 una ley que permitía que los menores de 14 años podían trabajar legalmente, algo que contravenía la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales suscritos por el país. Finalmente, en un fallo el Tribunal Constitucional dictaminó que el artículo 129 del Código Niño Niña Adolescente es inconstitucional debido a esa causa.
Pero éste no es el único retroceso, hay incluso hechos más graves como los incontrolables infanticidios que suceden en nuestro país. De acuerdo a la estadística nacional, entre enero y agosto de 2018 se dio un total de 58 casos de infanticidios, es decir, aproximadamente siete niños perdieron la vida cada mes a manos de sus progenitores, familiares o pareja de sus padres.
En el 2017 el número de infanticidios llegó a 87 con Cochabamba como el departamento con el mayor número de muertes de niños, en total 30. En La Paz se presentaron 27 casos, en Santa Cruz 16, en Chuquisaca 10, en Tarija 9, en Oruro 7 y en Potosí y Beni 5.
Por lo general, los datos apuntan a que los agresores son cercanos a la familia, se identifica por ejemplo a padrastros o madrastras. No obstante, en 2018 cinco madres asesinaron a sus hijos, alegando situación de abandono y pobreza, luego intentaron quitarse la vida, en algunos casos lograron el cometido.
Lo que agrava la situación es que de cada diez infanticidios, solo dos logran sentencia. Muchos de los casos de infanticidio quedan en el archivo esperando. Muchos otros son catalogados bajo el rótulo de “accidentes domésticos”.
Sin embargo, un reporte de la Fiscalía General dado a conocer en abril de 2018 dio cuenta de que únicamente se registraban tres condenados de 21 infanticidios ocurridos en todo el país. Un caso en desarrollo de juicio, 12 en etapa preliminar y cinco en etapa preparatoria o investigativa.
Esto demuestra que el gobierno nacional y los gobiernos locales no están haciendo su trabajo, hay falencias de atención en el caso de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, donde se debería contar con abogados institucionalizados y especializados, es decir un equipo multidisciplinario. Asimismo la escasa capacitación de la Policía y la falta de respuesta oportuna del Sistema Judicial, ensombrece aún más el panorama.
Sumado a esto las leyes de protección a los menores parecen no estar funcionando en el ámbito laboral y no cabe duda que en el tema de la niñez hay muchas cosas sueltas desde el hogar, la escuela y las mismas autoridades.
¿Cuánto se ha avanzado? Y ¿cuánto se ha retrocedido? En Bolivia existen más de 100 mil niñas y niños trabajadores de entre siete y 12 años, según el Censo Nacional de 2012. Otros 289 mil son adolescentes entre 12 y 17 años, haciendo un total de 391.000 menores de 17 años que trabajan, muchas veces en oficios peligrosos, como ladrilleras, en obras de construcción e incluso en interior mina.
Esas cifras colocan a Bolivia en los últimos lugares de protección infantil en el continente. La situación se agravó cuando el Legislativo aprobó en 2014 una ley que permitía que los menores de 14 años podían trabajar legalmente, algo que contravenía la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales suscritos por el país. Finalmente, en un fallo el Tribunal Constitucional dictaminó que el artículo 129 del Código Niño Niña Adolescente es inconstitucional debido a esa causa.
Pero éste no es el único retroceso, hay incluso hechos más graves como los incontrolables infanticidios que suceden en nuestro país. De acuerdo a la estadística nacional, entre enero y agosto de 2018 se dio un total de 58 casos de infanticidios, es decir, aproximadamente siete niños perdieron la vida cada mes a manos de sus progenitores, familiares o pareja de sus padres.
En el 2017 el número de infanticidios llegó a 87 con Cochabamba como el departamento con el mayor número de muertes de niños, en total 30. En La Paz se presentaron 27 casos, en Santa Cruz 16, en Chuquisaca 10, en Tarija 9, en Oruro 7 y en Potosí y Beni 5.
Por lo general, los datos apuntan a que los agresores son cercanos a la familia, se identifica por ejemplo a padrastros o madrastras. No obstante, en 2018 cinco madres asesinaron a sus hijos, alegando situación de abandono y pobreza, luego intentaron quitarse la vida, en algunos casos lograron el cometido.
Lo que agrava la situación es que de cada diez infanticidios, solo dos logran sentencia. Muchos de los casos de infanticidio quedan en el archivo esperando. Muchos otros son catalogados bajo el rótulo de “accidentes domésticos”.
Sin embargo, un reporte de la Fiscalía General dado a conocer en abril de 2018 dio cuenta de que únicamente se registraban tres condenados de 21 infanticidios ocurridos en todo el país. Un caso en desarrollo de juicio, 12 en etapa preliminar y cinco en etapa preparatoria o investigativa.
Esto demuestra que el gobierno nacional y los gobiernos locales no están haciendo su trabajo, hay falencias de atención en el caso de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, donde se debería contar con abogados institucionalizados y especializados, es decir un equipo multidisciplinario. Asimismo la escasa capacitación de la Policía y la falta de respuesta oportuna del Sistema Judicial, ensombrece aún más el panorama.
Sumado a esto las leyes de protección a los menores parecen no estar funcionando en el ámbito laboral y no cabe duda que en el tema de la niñez hay muchas cosas sueltas desde el hogar, la escuela y las mismas autoridades.
