¿Comienza el ajuste?

Fue en diciembre de 2014 cuando el presidente Evo Morales, quizá por primera vez, admitió que la caída del precio del petróleo afectaría a Bolivia. Pero el gobierno mantuvo la inversión pública, compensando la baja de ingresos gasíferos con una mayor contratación de deuda externa y echando mano de las Reservas Internacionales (RIN). Esta semana, el Ministerio de Economía junto con el Banco Central (BCB) anunciaron posibles cambios en la programación financiera fiscal para 2019. Estos cambios consisten, básicamente, en ajustes de las previsiones de crecimiento a la baja (de 4,7% a 4,5%) y de mayor déficit fiscal que el programado originalmente (de -6,98% a -7,8%). Mientras se espera mantener una inflación “controlada” en torno al 4%. Analistas de tendencia ortodoxa han aplaudido este primer paso de “sinceramiento” del gobierno respecto a la situación de la economía nacional, aunque critican que se mantenga el gasto público porque piensan que la lógica de aumento del gasto público-aumento del crecimiento-aumento de la recaudación-reducción del déficit, “no está sucediendo ni va a suceder”. Lo cierto es que el modelo basado en el consumo interno sí ha funcionado durante más de una década -al menos para generar crecimiento del PIB y una mejor redistribución-, y quienes abogan por la austeridad y el minimalismo estatal a ultranza han tenido que guardarse sus recetas. Sin embargo, también es cierto que, en concordancia con teóricos marxistas y no tan marxistas, los modelos basados en el estímulo y el consumo interno tienen un problema: con cada año de aplicación tienden a perder efectividad progresivamente, hasta que dejan de funcionar. Eso es lo que parece estar sucediendo finalmente en Bolivia. A lo que se suma que el combustible que mueve ese “motor interno” de la economía boliviana nunca dejo de depender de lo externo. El gas fue el principal financiador del gasto y el principal aportante de divisas para robustecer las RIN. La caída de RIN y el simultáneo aumento de deuda -para mantener los altos niveles de gasto e inversión pública que mueven la economía- son evidencia innegable de aquello. Analistas han abundado sobre la “oportunidad perdida” por no haber aprovechado la década de bonanza para financiar otras formas de generar ingresos y divisas -industrialización, diversificación, fomento del empresariado nacional, etc.-, pero ahora, además, en plena campaña/guerra político electoral, la sensibilidad es máxima ante los riesgos reales y los alarmismos no necesariamente tan reales. Más allá de la veracidad o no de estas predicciones (¿o deseos?), el típico “ajuste estructural” no parece algo que vaya a calar en la sociedad boliviana de hoy. En todo caso, si bien hay que peluquear seriamente la burocracia improductiva de todo nivel, el meollo del asunto estará en revisar las políticas neoliberales que se implementaron ininterrumpidamente en Bolivia durante todo este periodo, desde la extranjerización del ahorro interno, pasando por las políticas de contratación estatal y tocando los privilegios antinacionales que mantienen ciertas élites antiguas y nuevas. El ajuste tiene que ir por otro lado.