Ser de derecha es...
“Ser de derecha es comprar mochilas de China, ser de izquierda es hacer mochilas en Sacaba”, es la ya famosa frase del vicepresidente Álvaro García Linera dirigida a unos niños durante el acto de entrega de la nueva unidad educativa “Juancito Pinto” en Cochabamba esta semana. No la...
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“Ser de derecha es comprar mochilas de China, ser de izquierda es hacer mochilas en Sacaba”, es la ya famosa frase del vicepresidente Álvaro García Linera dirigida a unos niños durante el acto de entrega de la nueva unidad educativa “Juancito Pinto” en Cochabamba esta semana.
No la repetimos para polemizar en temas de política partidaria, sino para buscar acercarnos a los significados de “derecha” e “izquierda” que distintos personeros del gobierno central utilizan para descalificar o ensalzar a unos y otros.
La frase del vicepresidente, tajante y simple, clarifica enormemente la comprensión de estos conceptos, y nos permite, por fin, ubicar la posición de funcionarios oficialistas y opositores.
Si ser de derecha es comprar mochilas de China, lógicamente se puede inferir que adquirir bienes, servicios e infraestructura de países y empresas extranjeras, que podrían hacerlo de productores y empresas nacionales, también es ser de derecha. Y mientras mayores los montos invertidos en ello, más de derecha sería quien realiza esas adquisiciones.
Siguiendo esta definición, el alcalde de Cochabamba es, ciertamente, de derecha. También lo es el gobierno de Evo Morales, porque, como nunca antes en la historia, contrata empresas extranjeras (chinas, predominantemente) para la construcción de obras públicas.
Los datos están ahí. Ya el año 2015, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) denunciaba que entre sólo ese año y 2013, las constructoras internacionales se llevaron más de 4.000 millones de dólares en las grandes obras de infraestructura construidas en el país.
Sólo por mencionar algunos casos de los más recientes, está el tren metropolitano de Cochabamba (500 millones de dólares) que está a cargo de la “Asociación Accidental Tunari”, un consorcio entre la española JOCA y la suizo-alemana Molinari. También la carretera de Rurrenabaque (600 millones de dólares), a cargo de una empresa china.
En Tarija, un ejemplo es la construcción del tramo Entre Ríos - Palos Blancos, a cargo de la empresa española Ceinsa por un monto de 80 millones de dólares (empresa que además en sociedad con otras extranjeras tiene más adjudicaciones en Bolivia).
Hace ya un año, otras fuentes revelaban que entre 2014 y 2017 el Estado boliviano contrató más de 7.000 millones de dólares a empresas extranjeras, tanto para construcción de obras civiles, como para el sector industrial e industrialización, sin contar con las contrataciones de YPFB y ENDE.
Y más recientemente, el propio embajador de China, Liang Yu, informó que solamente la cooperación de su país a Bolivia, para el 2018, es mayor a los 7.000 millones de dólares, principalmente invertidos en la construcción de carreteras, plantas industriales de azúcar, potasio y litio, a cargo, por supuesto, de empresas chinas.
De los miles de millones de dólares en obras que se llevan las empresas extranjeras, las empresas bolivianas quedan relegadas, en el mejor de los casos, a ser subcontratadas por las extranjeras, por montos muy inferiores y sin recibir los certificados de experiencia.
Todo esto se da en el marco del Decreto Supremo 0181 -Normas Básicas Sistema de Administración de Bienes y Servicios- , firmado por Evo Morales en 2009, que sirve para apartar definitivamente a empresas y empresarios bolivianos como contratistas del Estado, beneficiando a empresas extranjeras.
Esta norma pone fuertes trabas a las empresas bolivianas a la hora de competir, como la metodología de calificación de la experiencia previa, los elevados montos de garantía, el plazo de pago de planillas, entre otros aspectos.
Y ni siquiera estamos mencionando las ventajas que tienen las transnacionales petroleras, mineras y agroindustriales que operan a sus anchas en territorio boliviano.
Así vistas las cosas, y siguiendo siempre la definición del vicepresidente, el gobierno boliviano es de derecha. La alcaldía cochabambina también. Quizá el único “izquierdista” entre las autoridades mencionadas por García Linera sea el alcalde de Sacaba, porque su gobierno no lo es.
[embed]https://youtu.be/BzN5xVet52w[/embed]
LEA TAMBIÉN:
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¿Indicador confiable? mientras el PIB crece Bolivia se empobrece
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La frase del vicepresidente, tajante y simple, clarifica enormemente la comprensión de estos conceptos, y nos permite, por fin, ubicar la posición de funcionarios oficialistas y opositores.
Si ser de derecha es comprar mochilas de China, lógicamente se puede inferir que adquirir bienes, servicios e infraestructura de países y empresas extranjeras, que podrían hacerlo de productores y empresas nacionales, también es ser de derecha. Y mientras mayores los montos invertidos en ello, más de derecha sería quien realiza esas adquisiciones.
Siguiendo esta definición, el alcalde de Cochabamba es, ciertamente, de derecha. También lo es el gobierno de Evo Morales, porque, como nunca antes en la historia, contrata empresas extranjeras (chinas, predominantemente) para la construcción de obras públicas.
Los datos están ahí. Ya el año 2015, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) denunciaba que entre sólo ese año y 2013, las constructoras internacionales se llevaron más de 4.000 millones de dólares en las grandes obras de infraestructura construidas en el país.
Sólo por mencionar algunos casos de los más recientes, está el tren metropolitano de Cochabamba (500 millones de dólares) que está a cargo de la “Asociación Accidental Tunari”, un consorcio entre la española JOCA y la suizo-alemana Molinari. También la carretera de Rurrenabaque (600 millones de dólares), a cargo de una empresa china.
En Tarija, un ejemplo es la construcción del tramo Entre Ríos - Palos Blancos, a cargo de la empresa española Ceinsa por un monto de 80 millones de dólares (empresa que además en sociedad con otras extranjeras tiene más adjudicaciones en Bolivia).
Hace ya un año, otras fuentes revelaban que entre 2014 y 2017 el Estado boliviano contrató más de 7.000 millones de dólares a empresas extranjeras, tanto para construcción de obras civiles, como para el sector industrial e industrialización, sin contar con las contrataciones de YPFB y ENDE.
Y más recientemente, el propio embajador de China, Liang Yu, informó que solamente la cooperación de su país a Bolivia, para el 2018, es mayor a los 7.000 millones de dólares, principalmente invertidos en la construcción de carreteras, plantas industriales de azúcar, potasio y litio, a cargo, por supuesto, de empresas chinas.
De los miles de millones de dólares en obras que se llevan las empresas extranjeras, las empresas bolivianas quedan relegadas, en el mejor de los casos, a ser subcontratadas por las extranjeras, por montos muy inferiores y sin recibir los certificados de experiencia.
Todo esto se da en el marco del Decreto Supremo 0181 -Normas Básicas Sistema de Administración de Bienes y Servicios- , firmado por Evo Morales en 2009, que sirve para apartar definitivamente a empresas y empresarios bolivianos como contratistas del Estado, beneficiando a empresas extranjeras.
Esta norma pone fuertes trabas a las empresas bolivianas a la hora de competir, como la metodología de calificación de la experiencia previa, los elevados montos de garantía, el plazo de pago de planillas, entre otros aspectos.
Y ni siquiera estamos mencionando las ventajas que tienen las transnacionales petroleras, mineras y agroindustriales que operan a sus anchas en territorio boliviano.
Así vistas las cosas, y siguiendo siempre la definición del vicepresidente, el gobierno boliviano es de derecha. La alcaldía cochabambina también. Quizá el único “izquierdista” entre las autoridades mencionadas por García Linera sea el alcalde de Sacaba, porque su gobierno no lo es.
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