Muerte materna, un problema y desafío
Toda muerte es una tragedia. Sin embargo, hay muertes que resultan además inmorales, por ser completamente evitables. En Bolivia, un país cuyas autoridades se enorgullecen de haber alcanzado promedios de crecimiento anual por encima del resto de la región, debiera indignarnos de sobremanera...
Toda muerte es una tragedia. Sin embargo, hay muertes que resultan además inmorales, por ser completamente evitables.
En Bolivia, un país cuyas autoridades se enorgullecen de haber alcanzado promedios de crecimiento anual por encima del resto de la región, debiera indignarnos de sobremanera el tener aún altísimos índices de muertes como la materna.
Tan altos que, si comparamos con la región, a pesar de los avances en los últimos años, tenemos los niveles más altos en Sudamérica.
Y es que el morir por dar a luz una vida es una tragedia paradójica. Los datos de mortalidad materna van a contramano de las cifras de la economía. Bolivia mejoró en los últimos años de 2,7% (2003) a 4,6% (2016) su crecimiento económico, pero los esfuerzos del Gobierno por tratar de reducir la mortalidad materna no han logrado los resultados esperados, ya que el país sigue presentando los índices más altos de América Latina y el Caribe, con una tasa de 160 mujeres muertas por cada 100 mil nacidos vivos, lo que significa que 538 mujeres murieron a consecuencia de complicaciones del embarazo, parto y post-parto, según los datos del Estudio Nacional de Mortalidad Materna de 2011.
Queda claro que la mortalidad materna es un asunto en el que Bolivia no logra avanzar lo suficiente para salir del fondo de la lista de Latinoamérica.
Se han aplicado políticas para lograr que las mujeres acudan a sus controles prenatales, sin embargo, algo pasa en el camino porque demasiadas madres continúan muriendo antes, durante y después de dar a luz.
Según la apreciación de varios médicos, en los últimos años, el bono Juana Azurduy impulsó a que las madres acudan más a los centros de salud para realizarse los controles prenatales, empero no disminuyeron los fallecimientos. En este año se prevé un análisis del impacto del bono Juana Azurduy, que es otorgado a las mujeres embarazadas.
Lo triste es que la mayoría de las muertes maternas pudieran haberse evitado , pero debido a diferentes complicaciones las mamás mueren durante el traslado a los hospitales o a la falta de atención oportuna en los establecimientos de salud.
En muchos casos también influye el factor cultural, sobre todo en el área rural donde las mujeres tienen miedo que “otros” invadan su intimidad y por eso prefieren dar a luz en sus casas sin prever el riesgo de las complicaciones que muchas veces acaban con sus vidas.
Un reciente estudio identificó tres demoras que influyen en la muerte de mujeres embarazadas.
Una es el factor cultural o la decisión de familia de acudir o no a un centro hospitalario o dar a luz en sus hogares.
La segunda demora es la accesibilidad, sobre todo en áreas alejadas donde las mamás y sus familias deben peregrinar para conseguir un medio de transporte para ir hasta un establecimiento de salud, muchas veces son llevadas en carretillas y por la distancia se pierde minutos valiosos. En caso de que la comunidad o la zona dispongan de ambulancias, la paciente debe esperar a que el vehículo esté disponible y si lo está muchas veces no cuentan con el personal médico que socorra a la paciente mientras se dirige a un centro de salud.
La tercera es la falta de atención calificada en el momento de la emergencia, ya que la mayoría de los casos se producen en horas de la noche y los establecimiento de salud sólo cuentan con personal de “emergencia” y a veces sólo hay un médico general que debe hacer de pediatra, ginecólogo, y otras especialidades por lo que muchas veces se les dificulta atender un parto.
Pero en lo concreto el Gobierno debe saber que la mortalidad materna es el mejor indicador de cómo una sociedad valora a sus mujeres, de la real importancia que les confiere, de cómo respeta sus derechos humanos y de la congruencia, o no, entre los discursos políticos y de la movilización de los recursos necesarios para que los eventos reproductivos lleguen a feliz término.
Los derechos de la mujer, incluyendo su derecho a la educación, a la dignidad y al respeto, al descanso, a la alimentación y cuidado de la salud adecuado, son parte fundamental de cualquier solución permanente. No existe otra solución.
Si la supervivencia humana es un efecto del progreso, debemos calificar el verdadero progreso, el que además de científico, tiene que ser en esencia ético y social, que es lo que verdaderamente cuenta como avance para la dignidad de las personas.
Los derechos internacionales relativos a la salud de la mujer, valen muy poco para ella, si no hay responsabilidades por parte de los gobiernos, organizaciones e individuos para respetarlos.
La mayoría de las muertes y discapacidades atribuidas al parto, son evitables, porque las soluciones médicas son bien conocidas. Por lo tanto, el reto que queda es organizacional y estratégico, no tecnológico.
En Bolivia, un país cuyas autoridades se enorgullecen de haber alcanzado promedios de crecimiento anual por encima del resto de la región, debiera indignarnos de sobremanera el tener aún altísimos índices de muertes como la materna.
Tan altos que, si comparamos con la región, a pesar de los avances en los últimos años, tenemos los niveles más altos en Sudamérica.
Y es que el morir por dar a luz una vida es una tragedia paradójica. Los datos de mortalidad materna van a contramano de las cifras de la economía. Bolivia mejoró en los últimos años de 2,7% (2003) a 4,6% (2016) su crecimiento económico, pero los esfuerzos del Gobierno por tratar de reducir la mortalidad materna no han logrado los resultados esperados, ya que el país sigue presentando los índices más altos de América Latina y el Caribe, con una tasa de 160 mujeres muertas por cada 100 mil nacidos vivos, lo que significa que 538 mujeres murieron a consecuencia de complicaciones del embarazo, parto y post-parto, según los datos del Estudio Nacional de Mortalidad Materna de 2011.
Queda claro que la mortalidad materna es un asunto en el que Bolivia no logra avanzar lo suficiente para salir del fondo de la lista de Latinoamérica.
Se han aplicado políticas para lograr que las mujeres acudan a sus controles prenatales, sin embargo, algo pasa en el camino porque demasiadas madres continúan muriendo antes, durante y después de dar a luz.
Según la apreciación de varios médicos, en los últimos años, el bono Juana Azurduy impulsó a que las madres acudan más a los centros de salud para realizarse los controles prenatales, empero no disminuyeron los fallecimientos. En este año se prevé un análisis del impacto del bono Juana Azurduy, que es otorgado a las mujeres embarazadas.
Lo triste es que la mayoría de las muertes maternas pudieran haberse evitado , pero debido a diferentes complicaciones las mamás mueren durante el traslado a los hospitales o a la falta de atención oportuna en los establecimientos de salud.
En muchos casos también influye el factor cultural, sobre todo en el área rural donde las mujeres tienen miedo que “otros” invadan su intimidad y por eso prefieren dar a luz en sus casas sin prever el riesgo de las complicaciones que muchas veces acaban con sus vidas.
Un reciente estudio identificó tres demoras que influyen en la muerte de mujeres embarazadas.
Una es el factor cultural o la decisión de familia de acudir o no a un centro hospitalario o dar a luz en sus hogares.
La segunda demora es la accesibilidad, sobre todo en áreas alejadas donde las mamás y sus familias deben peregrinar para conseguir un medio de transporte para ir hasta un establecimiento de salud, muchas veces son llevadas en carretillas y por la distancia se pierde minutos valiosos. En caso de que la comunidad o la zona dispongan de ambulancias, la paciente debe esperar a que el vehículo esté disponible y si lo está muchas veces no cuentan con el personal médico que socorra a la paciente mientras se dirige a un centro de salud.
La tercera es la falta de atención calificada en el momento de la emergencia, ya que la mayoría de los casos se producen en horas de la noche y los establecimiento de salud sólo cuentan con personal de “emergencia” y a veces sólo hay un médico general que debe hacer de pediatra, ginecólogo, y otras especialidades por lo que muchas veces se les dificulta atender un parto.
Pero en lo concreto el Gobierno debe saber que la mortalidad materna es el mejor indicador de cómo una sociedad valora a sus mujeres, de la real importancia que les confiere, de cómo respeta sus derechos humanos y de la congruencia, o no, entre los discursos políticos y de la movilización de los recursos necesarios para que los eventos reproductivos lleguen a feliz término.
Los derechos de la mujer, incluyendo su derecho a la educación, a la dignidad y al respeto, al descanso, a la alimentación y cuidado de la salud adecuado, son parte fundamental de cualquier solución permanente. No existe otra solución.
Si la supervivencia humana es un efecto del progreso, debemos calificar el verdadero progreso, el que además de científico, tiene que ser en esencia ético y social, que es lo que verdaderamente cuenta como avance para la dignidad de las personas.
Los derechos internacionales relativos a la salud de la mujer, valen muy poco para ella, si no hay responsabilidades por parte de los gobiernos, organizaciones e individuos para respetarlos.
La mayoría de las muertes y discapacidades atribuidas al parto, son evitables, porque las soluciones médicas son bien conocidas. Por lo tanto, el reto que queda es organizacional y estratégico, no tecnológico.
