Un “socio” incómodo, entre los socios incómodos
Un hecho casi desapercibido ocurrió esta semana, cuando Amigos de la Tierra Países Bajos, organización de defensa de la naturaleza, anunció que enjuiciará a la transnacional petrolera Shell (operadora en Bolivia) por no ajustar sus políticas al Acuerdo de París contra el cambio...
Un hecho casi desapercibido ocurrió esta semana, cuando Amigos de la Tierra Países Bajos, organización de defensa de la naturaleza, anunció que enjuiciará a la transnacional petrolera Shell (operadora en Bolivia) por no ajustar sus políticas al Acuerdo de París contra el cambio climático.
La Shell tiene una larga historia en Bolivia, y no de las mejores. Según da cuenta Georgina Giménez, investigadora del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), “el nombre de la Shell está asociado a varios de los episodios más nefastos de la historia reciente del país”.
En la época de la “capitalización”, la Shell obtuvo el control de la red de ductos petroleros y gasíferos –Transredes- a través del consorcio TR HOLDING, del que formó parte primero junto a la ENRON y luego con ASHMORE.
Según el “Contrato de Suscripción de Acciones”, que entró en vigencia el 10 de abril de 1997, el consorcio TR HOLDING debía “capitalizar” a Transredes por un monto de $us 263.500.000, en un plazo de 8 años. O sea que el consorcio se adjudicó la empresa transportadora a cambio de solamente promesas.
Además, las auditorías petroleras coordinadas por el ingeniero Enrique Mariaca (+), así como la investigación realizada por Juan Carlos Virreira (también fallecido, exdelegado Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización), encontraron que Shell y Enron incumplieron el contrato, manipulando el monto de inversión y haciendo un registro contable irregular.
Tampoco cumplieron su compromiso de suministrar importantes volúmenes de gas a los valles intermedios y al altiplano. Y se determinó que el consorcio ocasionó una pérdida al Estado al obtener derechos patrimoniales sobre los gasoductos sin haber realizado inversiones.
Otro antecedente negativo, relacionado al medio ambiente, es lo que Giménez considera un “trabajo negligente” y el “incumplimiento de la norma” por parte de TR HOLDING, que se plasmó en la falta de mantenimiento de los ductos que operaba.
Esta negligencia ocasionó varios derrames de petróleo. El mayor de ellos, en el año 2000, cuando en Sica Sica un tramo del ducto de exportación colapsó, vertiendo 29 mil barriles de petróleo reconstituido en el río Desaguadero. El derrame afectó la zona entre Calacoto y el Lago Poopó a lo largo de 175 kilómetros, dañando directamente a más de 14 pueblos.
Giménez afirma que el consorcio evadió sus responsabilidades en este problema, y al final, “apenas pagaron una pequeña multa de un millón de dólares a algunos afectados y quedaron adeudando más de 5 millones por daños ambientales. Además, el consorcio ha dejado otros pasivos que no certificaron nunca, según las auditorías petroleras”.
Más recientemente, en 2009, la Shell en base a presiones logró que el gobierno renunciara a expropiar –por incumplimientos y delitos cometidos- las acciones del consorcio y en su lugar decidiera comprar sus acciones. Bolivia terminó pagando $us 241.500.000 por indemnización, y otros $us 320.000.000 por pasivos del consorcio.
Ocho años después de irse del país, la Shell retornó a Bolivia tras comprar British Gas (BG), que tenía áreas en Bolivia.
Después, a fines de marzo de 2018, la Shell afirmaba “darle más fuerza” a los trabajos de exploración en las áreas de Caipipendi, Boyuy y Huacareta en una reunión con el gobierno que formaba parte de la agenda de La Haya. Está programada la firma de un consorcio entre Shell, Repsol y PAE con YPFB para explotación en del Área Iñiguazu (Tarija).
Mientras el gobierno nacional parece complacido con tener de vuelta a esta transnacional, en su país sede (Holanda), la Shell está próxima a ser enjuiciada porque, según Roger Cox, abogado demandante, ve que ésta “considera que el daño que hace al clima es un mal desafortunado pero necesario. Sin embargo, le ley se opone al punto de vista de Shell”.
Es discutible si las transnacionales en Bolivia actualmente son socias y no patronas, como afirma el gobierno. Pero parece claro que son, en el mejor de los casos, socias incómodas.
La Shell tiene una larga historia en Bolivia, y no de las mejores. Según da cuenta Georgina Giménez, investigadora del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), “el nombre de la Shell está asociado a varios de los episodios más nefastos de la historia reciente del país”.
En la época de la “capitalización”, la Shell obtuvo el control de la red de ductos petroleros y gasíferos –Transredes- a través del consorcio TR HOLDING, del que formó parte primero junto a la ENRON y luego con ASHMORE.
Según el “Contrato de Suscripción de Acciones”, que entró en vigencia el 10 de abril de 1997, el consorcio TR HOLDING debía “capitalizar” a Transredes por un monto de $us 263.500.000, en un plazo de 8 años. O sea que el consorcio se adjudicó la empresa transportadora a cambio de solamente promesas.
Además, las auditorías petroleras coordinadas por el ingeniero Enrique Mariaca (+), así como la investigación realizada por Juan Carlos Virreira (también fallecido, exdelegado Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización), encontraron que Shell y Enron incumplieron el contrato, manipulando el monto de inversión y haciendo un registro contable irregular.
Tampoco cumplieron su compromiso de suministrar importantes volúmenes de gas a los valles intermedios y al altiplano. Y se determinó que el consorcio ocasionó una pérdida al Estado al obtener derechos patrimoniales sobre los gasoductos sin haber realizado inversiones.
Otro antecedente negativo, relacionado al medio ambiente, es lo que Giménez considera un “trabajo negligente” y el “incumplimiento de la norma” por parte de TR HOLDING, que se plasmó en la falta de mantenimiento de los ductos que operaba.
Esta negligencia ocasionó varios derrames de petróleo. El mayor de ellos, en el año 2000, cuando en Sica Sica un tramo del ducto de exportación colapsó, vertiendo 29 mil barriles de petróleo reconstituido en el río Desaguadero. El derrame afectó la zona entre Calacoto y el Lago Poopó a lo largo de 175 kilómetros, dañando directamente a más de 14 pueblos.
Giménez afirma que el consorcio evadió sus responsabilidades en este problema, y al final, “apenas pagaron una pequeña multa de un millón de dólares a algunos afectados y quedaron adeudando más de 5 millones por daños ambientales. Además, el consorcio ha dejado otros pasivos que no certificaron nunca, según las auditorías petroleras”.
Más recientemente, en 2009, la Shell en base a presiones logró que el gobierno renunciara a expropiar –por incumplimientos y delitos cometidos- las acciones del consorcio y en su lugar decidiera comprar sus acciones. Bolivia terminó pagando $us 241.500.000 por indemnización, y otros $us 320.000.000 por pasivos del consorcio.
Ocho años después de irse del país, la Shell retornó a Bolivia tras comprar British Gas (BG), que tenía áreas en Bolivia.
Después, a fines de marzo de 2018, la Shell afirmaba “darle más fuerza” a los trabajos de exploración en las áreas de Caipipendi, Boyuy y Huacareta en una reunión con el gobierno que formaba parte de la agenda de La Haya. Está programada la firma de un consorcio entre Shell, Repsol y PAE con YPFB para explotación en del Área Iñiguazu (Tarija).
Mientras el gobierno nacional parece complacido con tener de vuelta a esta transnacional, en su país sede (Holanda), la Shell está próxima a ser enjuiciada porque, según Roger Cox, abogado demandante, ve que ésta “considera que el daño que hace al clima es un mal desafortunado pero necesario. Sin embargo, le ley se opone al punto de vista de Shell”.
Es discutible si las transnacionales en Bolivia actualmente son socias y no patronas, como afirma el gobierno. Pero parece claro que son, en el mejor de los casos, socias incómodas.
