¿Salir de la crisis sin impulsar la producción nacional?

El 26 de noviembre, el ministro Eduardo del Castillo, a través de sus redes sociales, hizo públicas siete medidas que el gobierno de Luis Arce llevará adelante para “comenzar a salir de la crisis económica”. Las mismas, que van desde la prevención de la violencia contra la mujer hasta la distribución del bono contra el hambre, no señalan con claridad cuál será el camino para la reactivación de la producción nacional, tan golpeada por las medidas que fueron implementadas para paliar los efectos de la pandemia. 

A nivel mundial, la crisis económica ha puesto a los gobiernos en aprietos, los cuáles se han visto en la necesidad de resguardar lo más posible la capacidad de sus aparatos productivos. Es necesario que en Bolivia las políticas implementadas presenten mayor claridad sobre cómo se incentivará el consumo de productos nacionales.

Las determinaciones del gobierno

Son siete medidas que el gobierno ha presentado para hacer frente a la crisis económica. Cuatro de ellas tienen un impacto económico directo sobre la contingencia económica que vive el país, mientras que las otras tres, aunque no menos importantes, tienen un efecto indirecto, de largo plazo y/o su interés vas más allá de la sola crisis económica.

Sobre las medidas que tienen que ver directamente con la crisis, la primera es el pago del Bono Contra el Hambre, transferencia de Bs. 1.000 que será entregada a personas desempleadas o con empleos informales, personas con discapacidad y a quienes reciben el Bono Juana Azurduy. Esta puede ser considerada la principal política contra la crisis y para lo cual el país se endeudó por $US 650 millones. 

El problema es que hasta el momento no se conoce exactamente cómo el gobierno inducirá a que este bono fortalezca el consumo de productos nacionales. Podría suceder lo que pasó con los anteriores bonos, que se estima que buena parte de ellos terminaron favoreciendo la producción en otros países, ya que con esos recursos se adquirieron muchos productos importados.

La segunda medida de este tipo es la “creación de un régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado”. La idea es que quienes compren en el mercado interno a través de medios tecnológicos, podrán tramitar la devolución de los impuestos de esa compra. 

Esta medida podría ser interesante siempre y cuando el reintegro no sea para quienes compran en el “mercado interno”, sino para quienes compran productos “hechos en Bolivia”, lo que no es lo mismo. También queda la pregunta sobre cómo incentivar las compras de productos nacionales que no se realizan a través de medios tecnológicos (la gran mayoría).

La tercera medida es la que tiene que ver con la reactivación del turismo interno, para lo cual el gobierno otorgará permisos especiales a servidores públicos que tengan paquetes de turismo nacional. Aunque es una medida pequeña, podría ser útil para activar la economía del turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

La cuarta medida es al impuesto a las Grandes Fortunas, un impuesto que se cobrará a las 150 personas más ricas de Bolivia, que tienen patrimonios superiores a los 30 millones de bolivianos. 

Las otras medidas pueden considerarse indirectas y, en realidad, muchas de ellas hacen parte de políticas estructurales mucho más amplias, que van más allá de la propia crisis. Se espera que el gobierno pueda clarificar aún más su implementación en el marco del contexto económico. 

Una primera medida de este tipo refiere a la abrogación del Decreto Supremo 4373, que permitía la importación de automóviles más antiguos, por la afectación negativa en la renovación del parque automotor y por la presión que implica sobre la subvención de hidrocarburos. 

Otra medida, que no debería considerarse como política de crisis sino que la misma Constitución Política del Estado reconoce como principio, es la que tiene que ver con la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

También, la otra política, que modificará la Ley 348 para prevenir la violencia contra las mujeres, tiene más que ver con un tema de justicia social inmanente al Estado de derecho y no debe reducirse a una política de crisis.