Tras cuestionamientos el INRA pausa distribución de tierras en Bolivia

Pobladores y organizaciones de la sociedad civil venían cuestionando desde al menos ocho años el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a través de denuncias de tráfico de tierras y procesos de saneamiento que solo sirvieron para privatizar las tierras fiscales (la propiedad del Estado) a favor de “grandes intereses y poderes económicos”.

En días y semanas posteriores a la consolidación el gobierno transitorio, éste comenzó a anunciar reiteradamente su intención de acelerar la consolidación de los derechos de propiedad agraria. Esto coincidía (y atendía) con la exigencia de “seguridad jurídica” de parte de los gremios que representan a los grandes propietarios de la tierra, vinculados al agronegocio y la ganadería de exportación.

Desde la Fundación TIERRA denunciaron en pasados días que la nueva Directora Departamental del INRA Santa Cruz, Eliane Capobianco, desempeñó esas mismas funciones entre los años 1999 y 2003, y que entonces estuvo sujeta a un proceso interno por el caso “Las Chimbas”, ubicado en el municipio de San Julián de Santa Cruz.

De acuerdo con TIERRA, el caso se trataba del fraccionamiento ilegal de una superficie de 5.916 hectáreas en 7 propiedades, con el objetivo de que los interesados se acojan al precio de adjudicación con valor concesional del que se benefician legalmente sólo las pequeñas propiedades.

“Según la norma agraria, el Estado debería haber cobrado 559.000 dólares americanos, pero estas tierras fueron adjudicadas a un precio absurdo de 591 dólares americanos por el total (a 10 centavos de dólar por hectárea)”, explica la institución.

El INRA, la continuación

El proceso abierto en ese entonces contra Capobianco, para establecer responsabilidades en el caso “Las Chimbas”, se extinguió con la resolución del Tribunal Agroambiental de 2005 declarando “improbada” la demanda contencioso administrativa presentada por la Superintendencia Agraria. Por tanto, se mantuvieron en pie las Resoluciones de dotación de los 7 predios observados. Los 7 predios fueron titulados el año 2018.

El pasado lunes 9 de diciembre, la Fundación TIERRA denunció que el actual Director Nacional del INRA (ratificado por el gobierno de transición), Roberto Polo, “es parte de las actuaciones e irregularidades del INRA” en el gobierno anterior.

Según la denuncia, Polo fue Director Departamental del INRA Chuquisaca entre los años 2014 y 2019. Luego fue nombrado en el cargo de Director Nacional en junio de 2019 y ratificado en el mismo cargo por el actual gobierno.

Es por ello que la institución expresa su “preocupación”, y enfatiza que desde el año 2018, “hemos pedido y recomendado técnicamente la intervención y auditoría del INRA, una tarea que solamente puede realizar el nuevo Gobierno electo y legitimado en las urnas”.

Pedido público

El pasado lunes, Fundación TIERRA comunicó que “por la forma en que se ha manejado el INRA en los últimos años, es por demás evidente que el Gobierno Transitorio no puede reactivar o acelerar procesos agrarios y de titulación de tierras que tienen observaciones de fondo y no son meros actos o trámites administrativos”.

Por tal razón, realizan un pedido de tres puntos a la presidenta Jeanine Añez. El primero fue el de que se declare “una pausa agraria en el proceso de saneamiento y titulación de tierras, especialmente en los casos con denuncias públicas de tráfico de tierras, traspaso a privados de tierras fiscales, procesos de titulación irregulares de las grandes propiedades en Santa Cruz y Beni. El proceso puede continuar únicamente en los casos de pequeña propiedad o territorios indígenas (TIOC)”.

El segundo punto se refiere a “no firmar nuevos títulos de propiedad agraria, resultantes de procesos agrarios que corresponden a la anterior gestión y sobre todo los que están llenos de irregularidades y denuncias de favorecimiento en razón de intereses económicos y políticos”.

El tercer pedido es el de transparentar la situación actual del proceso agrario, “en lugar de anuncios públicos de comenzar a entregar 9.000 títulos agrarios”, según anunció el INRA Santa Cruz poco antes.

“La población boliviana tiene el derecho a la Rendición de Cuentas y el Gobierno de informar de forma verídica sobre la situación actual de los trámites agrarios que se pretenden consolidar de forma apresurada y sin esperar la Auditoria del INRA que debe ser una tarea de alto nivel que debe conducir el nuevo Gobierno legitimado en elecciones libres y transparentes”, finaliza.

Pausa y auditoría

Ante la presión de la población y las instituciones, el jueves 12 de diciembre, una nota de prensa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informaba que el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, determinó paralizar los procesos de distribución de tierras en toda Bolivia.

Asimismo, anunció que se verificará el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) en las comunidades, y se realizarán auditorías sobre los procesos para investigar sobre asentamientos ilegales y establecer responsabilidades, tomando en cuenta además el grado de afectación con los incendios en la Chiquitanía.

En las próximas semanas se verá el cumplimiento o no de estas determinaciones, así como el rumbo que tomarán las acciones del INRA. En efecto, sólo un gobierno salido de las urnas tendría la legalidad y legitimidad para continuar y cambiar la política agraria en Bolivia, según TIERRA.