Burocracia y corrupción lo permean todo, ¿cómo salir?
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al menos un tercio de los latinoamericanos reconoce haber pagado un soborno en el último año para acceder a algún servicio público de primera necesidad, y más del 80% de los ciudadanos de la región cree que sus funcionarios electos...



Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al menos un tercio de los latinoamericanos reconoce haber pagado un soborno en el último año para acceder a algún servicio público de primera necesidad, y más del 80% de los ciudadanos de la región cree que sus funcionarios electos son corruptos.
Para Benjamin Roseth -Especialista en Modernización del Estado del BID-, y Carlos Santiso –exjefe de la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID hasta este año-, la corrupción administrativa afecta a la competitividad de las empresas y a la vida diaria de los ciudadanos, sobre todo los de ingresos inferiores.
Los expertos también coinciden en señalar que, “a estas alturas, todos saben que restablecer la confianza en las instituciones está en el centro de la agenda política de los gobiernos de América Latina. A medida que la población de la región se vuelve cada vez más urbanizada, más conectada y más de clase media, el nivel de tolerancia hacia los viejos métodos de hacer política y negocios va desapareciendo”.
En este contexto, ¿qué medidas concretas pueden ayudar a los países a salir del laberinto burocrático?
Reformas cruciales
Los datos de informes previos del BID mostraron la fuerte relación entre burocracia y corrupción. A raíz de ello, Roseth y Santiso consideran que “no es de extrañar que la desregulación y la transformación digital hayan vuelto a la agenda política de la región”.
En particular, notan tres corrientes de la reforma como particularmente cruciales para combatir estos problemas: digitalización, simplificación e innovación.
La digitalización es considerada como el primer paso para reducir la burocracia estatal, poniendo fin a los trámites y los procesos manuales.
“Numerosos países están promoviendo el gobierno electrónico a través de portales de servicios informáticos integrados”, dicen los expertos. Ejemplos de ello son México, Chile, Uruguay y, más recientemente, Perú.
Asimismo, con su iniciativa “Un Chile sin papeleos”, Chile se ha comprometido a ofrecer los procedimientos administrativos a través de telefonía celular para 2025. Y como ya se sabe, desde 2007 Uruguay cuenta con un organismo regulatorio para impulsar la transformación digital y desde este año forma parte de Digital 7, un grupo selecto de países avanzados en materia de gobierno digital.
Pero “digitalizar el sector público no es suficiente; también hay que simplificarlo”, advierten Roseth y Santiso.
A finales de 2016, Perú aprobó un “paquete de simplificación administrativa”. El mismo año, Brasil adoptó una estrategia de gobierno electrónico que afinó en 2018 como parte de una estrategia para digitalizarse.
Y Argentina creó el Ministerio de Modernización y desde finales de 2017 ha adoptado un “ambicioso plan” para modernizar la burocracia, que incluye la introducción de la identidad digital, las notificaciones oficiales electrónicas, el principio de silencio administrativo, la plataforma “Mi Argentina” y una ventanilla única para el comercio exterior. Los expertos del BID estiman que estas medidas generen ahorros equivalentes al 1% del PIB.
Finalmente, la innovación tecnológica –por ejemplo, la llamada “minería de datos” y la “analítica avanzada”- para rediseñar los procedimientos administrativos, es la tercera reforma crucial planteada.
Ya hay varios países de la región que están recurriendo a ese tipo de innovaciones. En 2013 Ecuador lanzó la iniciativa “tramiton.to”, que recibió más de 6.000 reclamos ciudadanos y condujo a la simplificación de 44 procedimientos. En Perú, la iniciativa www.dimetutraba.pe del Ministerio de Producción contribuyó a identificar 1.124 barreras burocráticas para las empresas privadas.
Según el BID, “numerosas administraciones nacionales y municipales también están creando laboratorios de innovación que utilizan inteligencia abierta y de macrodatos (big data) para mejorar los servicios públicos”.
El Compromiso de Lima
El 14 de abril de este año, en la octava Cumbre de las Américas celebrada en Lima, Perú, los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de América –a excepción de Venezuela, que no fue invitado por los organizadores-, firmaron el Compromiso de Lima, bajo el lema “Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción”.
Dada la urgencia de los gobiernos en restablecer la confianza de sus ciudadanos, fue justamente la corrupción la temática principal del encuentro, desembocando en la firma del Compromiso.
Este comienza “subrayando que la prevención y lucha contra la corrupción son fundamentales para fortalecer la democracia y el estado de derecho en nuestros Estados, y que la corrupción debilita la gobernanza democrática y la confianza ciudadana en las instituciones, además de tener impacto negativo en el pleno goce de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de los pueblos de nuestro hemisferio así como de otras regiones del mundo”.
Son 57 medidas específicas detalladas y suscritas en el Compromiso, que tienen el objetivo de disminuir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y consolidar el Estado de Derecho en nuestra región.
Este tipo de iniciativas son vistas positivamente por el BID y sus expertos, que consideran que “el desmantelamiento del laberinto burocrático es una tarea urgente para mejorar la competitividad económica y, lo que es aún más importante, restablecer la confianza en las instituciones. Los sobornos administrativos pueden ser una forma silenciosa de corrupción, pero paradójicamente es de lo que habla todo el mundo”.
Para Benjamin Roseth -Especialista en Modernización del Estado del BID-, y Carlos Santiso –exjefe de la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID hasta este año-, la corrupción administrativa afecta a la competitividad de las empresas y a la vida diaria de los ciudadanos, sobre todo los de ingresos inferiores.
Los expertos también coinciden en señalar que, “a estas alturas, todos saben que restablecer la confianza en las instituciones está en el centro de la agenda política de los gobiernos de América Latina. A medida que la población de la región se vuelve cada vez más urbanizada, más conectada y más de clase media, el nivel de tolerancia hacia los viejos métodos de hacer política y negocios va desapareciendo”.
En este contexto, ¿qué medidas concretas pueden ayudar a los países a salir del laberinto burocrático?
Reformas cruciales
Los datos de informes previos del BID mostraron la fuerte relación entre burocracia y corrupción. A raíz de ello, Roseth y Santiso consideran que “no es de extrañar que la desregulación y la transformación digital hayan vuelto a la agenda política de la región”.
En particular, notan tres corrientes de la reforma como particularmente cruciales para combatir estos problemas: digitalización, simplificación e innovación.
La digitalización es considerada como el primer paso para reducir la burocracia estatal, poniendo fin a los trámites y los procesos manuales.
“Numerosos países están promoviendo el gobierno electrónico a través de portales de servicios informáticos integrados”, dicen los expertos. Ejemplos de ello son México, Chile, Uruguay y, más recientemente, Perú.
Asimismo, con su iniciativa “Un Chile sin papeleos”, Chile se ha comprometido a ofrecer los procedimientos administrativos a través de telefonía celular para 2025. Y como ya se sabe, desde 2007 Uruguay cuenta con un organismo regulatorio para impulsar la transformación digital y desde este año forma parte de Digital 7, un grupo selecto de países avanzados en materia de gobierno digital.
Pero “digitalizar el sector público no es suficiente; también hay que simplificarlo”, advierten Roseth y Santiso.
A finales de 2016, Perú aprobó un “paquete de simplificación administrativa”. El mismo año, Brasil adoptó una estrategia de gobierno electrónico que afinó en 2018 como parte de una estrategia para digitalizarse.
Y Argentina creó el Ministerio de Modernización y desde finales de 2017 ha adoptado un “ambicioso plan” para modernizar la burocracia, que incluye la introducción de la identidad digital, las notificaciones oficiales electrónicas, el principio de silencio administrativo, la plataforma “Mi Argentina” y una ventanilla única para el comercio exterior. Los expertos del BID estiman que estas medidas generen ahorros equivalentes al 1% del PIB.
Finalmente, la innovación tecnológica –por ejemplo, la llamada “minería de datos” y la “analítica avanzada”- para rediseñar los procedimientos administrativos, es la tercera reforma crucial planteada.
Ya hay varios países de la región que están recurriendo a ese tipo de innovaciones. En 2013 Ecuador lanzó la iniciativa “tramiton.to”, que recibió más de 6.000 reclamos ciudadanos y condujo a la simplificación de 44 procedimientos. En Perú, la iniciativa www.dimetutraba.pe del Ministerio de Producción contribuyó a identificar 1.124 barreras burocráticas para las empresas privadas.
Según el BID, “numerosas administraciones nacionales y municipales también están creando laboratorios de innovación que utilizan inteligencia abierta y de macrodatos (big data) para mejorar los servicios públicos”.
El Compromiso de Lima
El 14 de abril de este año, en la octava Cumbre de las Américas celebrada en Lima, Perú, los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de América –a excepción de Venezuela, que no fue invitado por los organizadores-, firmaron el Compromiso de Lima, bajo el lema “Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción”.
Dada la urgencia de los gobiernos en restablecer la confianza de sus ciudadanos, fue justamente la corrupción la temática principal del encuentro, desembocando en la firma del Compromiso.
Este comienza “subrayando que la prevención y lucha contra la corrupción son fundamentales para fortalecer la democracia y el estado de derecho en nuestros Estados, y que la corrupción debilita la gobernanza democrática y la confianza ciudadana en las instituciones, además de tener impacto negativo en el pleno goce de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de los pueblos de nuestro hemisferio así como de otras regiones del mundo”.
Son 57 medidas específicas detalladas y suscritas en el Compromiso, que tienen el objetivo de disminuir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y consolidar el Estado de Derecho en nuestra región.
Este tipo de iniciativas son vistas positivamente por el BID y sus expertos, que consideran que “el desmantelamiento del laberinto burocrático es una tarea urgente para mejorar la competitividad económica y, lo que es aún más importante, restablecer la confianza en las instituciones. Los sobornos administrativos pueden ser una forma silenciosa de corrupción, pero paradójicamente es de lo que habla todo el mundo”.