Analistas: Ley 535 promueve un superestado minero

El investigador Pablo Villegas, en la revista especializada Petropress, explica que la mencionada ley profundiza “el proceso de desnacionalización del Estado iniciado con el neoliberalismo. El Estado se convierte abiertamente en el patrimonio de un nuevo superestado minero. Una muestra de ello es que el Estado se obliga a sí mismo a garantizar condiciones de competitividad minera (Art. 102). No son los mineros los que se comprometen a ser competitivos, es el Estado el que lo hace”, detalla. Y se pregunta: “¿Cómo garantizará el Estado las condiciones de competitividad minera sino es a costa de sus propios recursos? Nótese por otra parte que no existe ninguna garantía parecida para otro sector, sean agricultores, pescadores, artesanos, minusválidos, etc.”, explica.Éstas y otras observaciones resultan llamativas particularmente por la forma en que el Gobierno presentó la Ley al momento de su promulgación en mayo pasado. En aquella ocasión, el vicepresidente Álvaro García Linera, afirmaba que esta Ley “no está perfumada con olores extranjeros ni con lenguaje extranjero. Es la primera Ley Minera en 190 años de existencia de nuestra república que la hacen los trabajadores con su sudor, con su esfuerzo, con su pensamiento, con su sacrificio y con su necesidades”, dijo en alusión a las normas que los gobiernos neoliberales redactaban a través de consultores norteamericanos.En el mismo acto, el Vicepresidente destacó que la nueva Ley de Minería se enmarca en la Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, que reconoce como actores mineros al el sector privado, estatal y cooperativista.Sin embargo, el investigador y director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, considera que la Ley de Minería es en realidad una reforma de la Constitución. “Bajo esta ley se establece un nuevo régimen de derechos en el que los operadores mineros tienen derechos preferentes, llegando a considerárseles en los hechos como ciudadanos de primera, frente al resto de la sociedad”, advierte Gandarillas. Asimismo, explica que con esta nueva ley “en los hechos el Estado cede soberanía política, económica y territorial a favor de los mineros”, y se impide que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpla con su rol constitucional de controlar las condiciones de entrega de los recursos naturales estratégicos a privados. “Los recursos además no están cabalmente cuantificados y valorizados, lo que conlleva además a la entrega gratuita de otros recursos naturales que, como el agua, son intrínsecos a la actividad minera”, complementa el investigador.