Minería pone en “jaque” al agua como derecho humano

Sin embargo, “el acceso al agua para la minería en Bolivia es más fácil, ágil y expedito que el acceso al agua para consumo humano”, advirtió el investigador Oscar Campanini.El experto español en temas de agua, Pedro Arrojo, destacó el año pasado que “Bolivia está ejerciendo un liderazgo notable a nivel mundial. En este país se declaró al agua como un derecho humano un año antes que en las Naciones Unidas”, dijo. Pero expertos nacionales advierten que en los hechos la minería tiene mayores facilidades para acceder al agua que los humanos.En una reciente publicación en la revista especializada Petropress, Campanini sostiene que “este acceso más fácil para los mineros no sólo radica en su gran capacidad financiera para construir presas, pozos, aducciones u otras obras de captación y almacenamiento de agua, sino que es también parte de una política gubernamental vigente a lo largo de la historia boliviana. Todos los códigos mineros desde la ley Minera de 1880 (art. 25) hasta la reciente Ley 535 del 2014 (art. 111) establecen la propiedad/derecho de uso del agua para los mineros en el área de su explotación”.Efectivamente, obtener agua para consumo humano resulta económicamente costoso, y además está sujeto a la tramitación de una Licencia o Registro que les otorgue o reconozca el derecho de usar agua, según establece la Ley 2066 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y su reglamento del 2007. Respecto a lo económico, “en el caso de proyectos públicos se requieren fondos que rondan los 20 mil dólares los pequeños, pero la mayor parte ronda los 100.000 dólares. En el caso de sistemas comunitarios se requieren aportes propios de 260 dólares/familia promedio, o conexión a una EPSA de 140 dólares/familia promedio”, destaca el investigador.Mientras tanto, dice que el trámite para conseguir Licencia o Registro “implica un complejo procedimiento de identificación de las fuentes de agua y su estado (su posición, caudal y calidad) de la infraestructura de captación, de transparencia a nivel público para la identificación de afectaciones a terceros, de coordinación intersectorial para evitar competencia de usos”, explica Campanini e indica que en el mejor de los casos el trámite dura 75 días, aunque por lo general dura más de 6 meses. Si bien este trámite y su institucionalidad fueron resultados de las luchas sociales en Cochabamba durante la Guerra del Agua, como mecanismo para garantizar que ningún gobierno pueda quitar el agua a la gente y entregársela de forma arbitraria a empresas transnacionales, las empresas transnacionales y nacionales que acaparan el agua lograron evadir estas regulaciones porque no vienen del sector del saneamiento básico, y las leyes específicas para la minería les favorecen.“Los mineros para captar agua para la actividad minera no necesitan realizar ningún trámite específico o pagar algún monto de dinero al Estado por el aprovechamiento y uso del agua, sin importar si estas aguas ya están siendo usadas por centros poblados, comunidades o son vitales para los ecosistemas existentes”, lamenta Campanini.¿Cuánta agua consume la minería?Según explica el investigador una operación minera consume más agua que cualquier individuo, familia o comunidad. “Huanuni, la principal operación minera estatal, consume cerca de 28.320.000 litros/día, que es el mismo volumen que consume toda la ciudad de Oruro. La Mina San Cristóbal, la mayor mina en Bolivia, consume cerca de 43.828.000 litros/día, equivalente a 1,5 veces consumo de la misma ciudad. El proyecto Manquiri en el Cerro Rico de Potosí consume 3.897.106,85 litros/día, algo más de una séptima parte de Oruro”, explica con datos el investigador.Adicionalmente, según  datos de PROBIOMA, los requerimientos de agua diarios de los 5 megaproyectos más grandes de la Chiquitanía y el Pantanal superan en 21 por ciento al consumo de todos los usuarios de agua de SAGUAPAC, principal proveedora de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Santa Cruz.Sin embargo, a la fecha no existe un valor aproximado del volumen total que consume la minería en Bolivia debido a que “no existe institución o mecanismo efectivo que haga el seguimiento del agua que consume este sector”, indica Campanini.

Más agua para mineros y menos para alimentación

Por otra parte, el Gobierno ha entregado más derechos sobre fuentes de agua a los mineros que al sector del agua potable y al riego. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (AAPS), el 2010 se había alcanzado 640 EPSAs (entidades prestadoras de servicio de agua potable y alcantarillado) regularizadas, mientras que informes del 2012 planteaban la meta de 1.041. En el caso del riego, para inicios del 2014 se tenía el dato de 304 registros de riego otorgados.Mientras tanto, “el Gobierno entregó derechos sobre 1.213 fuentes de agua a mineros de forma automática sin mayor trámite y sin verificar si estas fuentes de agua ya estaban siendo usadas por comunidades o centros poblados”. Así, en los últimos tres años, “el Estado ha entregado derechos sobre más fuentes de agua a los mineros que a los centros poblados y comunidades para beber, para la actividad agrícola y pecuaria, prevaleciendo la minería por sobre el derecho humano al agua y a la alimentación”, denuncia el investigador, a tiempo de remarcar que esto evidencia la continuidad de “una política minera del agua vigente desde hace más de cien años y heredada no sólo del modelo neoliberal sino del propio modelo colonial”.