Deciden mantener detenido en EEUU a Alejandro Toledo

El ex presidente peruano Alejandro Toledo permanecerá detenido en Estados Unidos mientras se desarrolle el proceso de posible extradición a su país, ordenó ayer el juez federal norteamericano Thomas S. Hixson.
Apresado hace cuatro días, Toledo debe afrontar en Perú, donde gobernó de 2001 a 2006, un juicio por lavado de activos, derivado de la recepción de un soborno de la empresa brasileña Odebrecht de al menos 31 millones de dólares.
La determinación de Hixson se sustentó en una posible fuga del ex mandatario, quien ha vivido los últimos dos años en la localidad de Menlo Park, California.
Sería un fracaso diplomático significativo para Estados Unidos que Toledo se escapase, indicó el magistrado en la audiencia de este viernes en los juzgados de San Francisco, de dicho estado.
Hixson también fijó para el próximo 26 de julio la próxima comparecencia de Toledo ante la justicia, en la cual previsiblemente contará con un nuevo abogado defensor, pues Joseph Russoniello no seguirá con el caso.
Aunque la vista de este viernes era para decidir si Toledo salía en libertad bajo fianza o no, Russoniello argumentó que debería rechazarse la extradición a Perú pues allí, sostuvo, sería discriminado por su condición de indígena.
Mencionó motivos políticos y raciales para indicar que, a su parecer, el ex presidente no tendría un juicio justo en la nación sudamericana.
Expuso además que su defendido no pretendía fugarse de Estados Unidos pese a que en el momento de su arresto las autoridades encontraron un maletín con 40 mil dólares en efectivo.
A la audiencia de ayer acudió como miembro del público la esposa del otrora mandatario, Eliane Karp, sobre quien se tramita igualmente una orden de extradición, aunque por el momento no ha sido arrestada, añadieron las informaciones periodísticas.
La Justicia tras Toledo
En abril de 2017, un juez ordenó “prisión preventiva” para Toledo y su esposa Eliane Karp. Meses antes, se había librado una primera orden de captura para el ex mandatario, tras ser acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares por parte de Odebrecht durante su mandato, a cambio de obras como el Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.
Antes de hacerse efectiva su captura, el ex presidente huyó a EE.UU., y residía en California desde entonces. En mayo de 2018, el Gobierno peruano pidió oficialmente a EE.UU. su extradición.
En los últimos años, cuatro ex presidentes de Perú han sido objeto de investigación por supuestos delitos de corrupción, sobornos o lavado de activos, vinculados a Odebrecht.


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