“Intervención” de la Contraloría avizora lío con las universidades

Se avizora un conflicto entre las universidades públicas de Bolivia y la Contraloría General del Estado (CGE), en el sentido de que la instancia de control estatal quiere aplicar auditorias con criterios de calidad apartados a las normativas de las casas de estudios superiores. Es así que se dará un primer conversatorio, entre ambas entidades, en la primera quincena de agosto.

Sucede que la CGE ordenó a sus gerentes departamentales aplicar auditorias operacionales en las universidades. En el caso de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), sus autoridades ya recibieron una carta que indica que realizarán un trabajo para medir la efectividad y la eficiencia  de la parte académica.

En ese sentido, el rector de la UAJMS, Gonzalo Gandarillas, explicó que luego de una reunión de rectores efectuada el 16 y 17 de julio en Santa Cruz, determinaron paralizar las auditorias  de ese tipo, por las particularidades académicas que tiene cada casa de estudios superiores. En contrapartida propusieron una reunión para exponer a la CGE los problemas y cómo ese procedimiento puede violentar la autonomía de las universidades.

“Nosotros decimos que un profesional debe salir en cinco años, si no sale en ese periodo y tardó diez, significa un incumplimiento por parte de la Universidad. Pero eso obedece al aprovechamiento que tuvo un estudiante, no a una mala conducta de una autoridad -comentó la autoridad- puede existir catedráticos que tienen un alto grado de estudiantes reprobados, por la complejidad de una asignatura. Si de 100 solo aprueban 20, en la auditoría dirán que no se cumplió el propósito de promover al siguiente curso a la mayoría. Ese es otro problema que también están detectando los docentes”.

Es así que esos criterios, que entienden que quiere aplicar la Contraloría, no son compatibles con las universidades bolivianas. Éstas apuntan a medir mediante la acreditación de carreras a nivel nacional e internacional, las publicaciones realizadas, las investigaciones y la pertinencia de esos trabajos y el compromiso social. Pero esos aspectos no serán tomados en cuenta por la CGE.

El presidente ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, sostiene que las universidades siempre rindieron cuentas al Estado, a través de los auditores internos que brindan informes a los contralores departamentales.

El dirigente ve que hay aspectos que no están en concordancia con la reglamentación universitaria. Es así que puso como ejemplo que si a una universidad entran 1.000 estudiantes, la misma cantidad debe graduarse. Pero está mal interpretado, porque no es cómo se manejan en las alcaldías, que 100.000 dólares alcanza para 30 kilómetros de asfaltado. La universidad forma profesionales, algo muy distinto a lo que hacen otras instituciones.

“La Contraloría dice aplicar criterios de calidad. Nosotros queremos que se diga claramente el alcance que les permite hacer eso, porque quieren evaluar cosas que nos fue sorprendente- comentó el dirigente- no se quiere entrar en un conflicto, por se tendió un puente de conversación. Hay diferentes solitudes que hicieron en diferentes universidades”.