Stasiek Czaplicki: “Si el Estado admite que hay transgénicos ilegales, evidencia su propia incompetencia”

Investigador incómodo para el agronegocio cruceño, Stasiek Czaplicki combina economía ambiental, periodismo de datos y activismo desde Revista Nómadas.

Ha trabajado para FAO, WWF, Oxfam y CIPCA, y ganó el Premio Franz Tamayo 2024 y 2025 por su cobertura de la deforestación boliviana.

En esta entrevista desmonta los tres grandes mitos del sector soyero: que los transgénicos son una novedad pendiente de autorizar, que el agronegocio alimenta al país y que el Estado boliviano fiscaliza lo que ocurre en sus campos.

Lo que queda después de ese desmontaje es un retrato perturbador de un modelo que avanza semilla a semilla, decreto a decreto, nombramiento a nombramiento, mientras el bosque se reduce y la dependencia se profundiza.

Czaplicki habla con la precisión de quien maneja datos y la franqueza de quien ya no espera que le inviten a las mesas del poder.

Hay estudios que documentan presencia de glifosato en el organismo de productores de Santa Cruz. ¿De dónde salen esos datos y qué ha hecho el Estado con esa información?

Es un estudio de la (Unidad de Genética Toxicológica del Instituto de Genética de la) UMSA. Lo he citado en una columna que publiqué en Revista Nómadas, donde puedes encontrar el enlace directo al trabajo original. Es más fuerte que venga de ellos que de mí. En cuanto a quién lo financió, asumo que en gran parte la propia UMSA. Lo revelador es que la Universidad Gabriel René Moreno, casualmente, nunca hace ese tipo de estudios. ¿Y el gobierno? El gobierno se limita a ignorarlo. Era la gestión anterior, ni se dieron por enterados. Tampoco hubo cobertura significativa y la UMSA tampoco hizo gran esfuerzo por difundirlo. Es un sinfín de dinámicas de acallamiento, voluntarias e involuntarias.

Más del 80% del maíz amarillo en Santa Cruz ya sería transgénico, sin ninguna autorización legal. ¿Cómo funciona ese mercado?

Para los datos más actualizados te recomendaría ir directo a Fundación Tierra, que hizo el estudio. Lo que sí puedo decirte desde mi experiencia es que cuando vas al campo cruceño, a cualquier ciudad intermedia, entras a una tienda de semillas y encuentras todo lo que quieras. Puedes incluso buscarlo en Facebook Marketplace. No hay restricción, no hay necesidad de ocultar. Hace años que no se hacen incautaciones de este tipo de producto. La venta está completamente normalizada. Eso sí, no van a poner un cartel que diga “semillas transgénicas”: te ofrecen una marca y es tuyo averiguar si lo es o no.

Lo más revelador del caso del maíz amarillo es justamente su claridad. No debería haber un solo evento transgénico cultivado, porque es cien por ciento ilegal. Y sin embargo ya está en el 80% de los campos. Eso quiere decir que el 80% de las semillas que se venden son transgénicas y que el 80% de los canales de distribución están infringiendo la norma. Ahí la gran pregunta es: ¿qué sentido tiene que el sector siga pidiendo autorización para algo que en los hechos ya existe y está ampliamente adoptado?

¿Y por qué lo hacen entonces? ¿Por qué mantener ese juego si ya tienen acceso a lo que piden?

Porque les sirve narrativamente. El agroindustrial cruceño nunca ha querido someter los eventos transgénicos a los mecanismos de evaluación regulares. Si revisas desde 2005 hasta hoy, hay muy pocos momentos en que el sector ha solicitado de forma formal, con todos los papeles, la legalización de un evento. Y cuando lo ha hecho, yo he leído algunos de esos documentos y básicamente eran los materiales promocionales de la empresa que vende la semilla: que su producto es excelente, que no hay riesgo, que todo es fabuloso.

Entonces, pedir la autorización sin cumplir los requisitos les permite victimizarse frente al gobierno central. Decir: “No nos autorizan, no podemos ser tan productivos como quisiéramos.” Pero en los hechos es absurdo, porque si no presentas la solicitud completa, nunca te van a autorizar. Y para qué lo harías si de todas formas tienes acceso a esos transgénicos. Tiene más que ver con la narrativa que con la técnica.

¿Y el Estado sabe lo que ocurre?

Claro que sabe. A lo largo de los diferentes gobiernos ha habido actores muy cercanos al sector y muy conocedores de la situación. Pero se hacen a los sonzos. ¿Por qué? Porque si el gobierno admite que hay eventos transgénicos ilegales en el país, estaría evidenciando su propia incompetencia: que la autoridad máxima ha incumplido su rol de fiscalización. Entonces, uno se hace el tonto para no parecer que está incumpliendo la norma, el otro le sigue el juego y dice que no hay nada y que está pidiendo que se autoricen. Es un juego bastante absurdo, pero funciona para todos.

Un ejemplo concreto: durante el gobierno de Añez se lanzó mediante decreto una nueva metodología de evaluación que establecía que el proceso debía concluir en 40 días. En 40 días no evalúas nada. Tu evaluación sale positiva por defecto. Con algunas organizaciones aliadas hicimos una acción popular y el asunto fue derivado al Tribunal Constitucional. El gobierno de Añez, mientras se tramitaba el proceso, no aplicó esa regla. Pero el mensaje era claro: en vez de mejorar la evaluación existente, el sector prefiere evaluaciones escuetas, negligentes, o directamente sujetas a una decisión política. Eso nos dice mucho sobre la buena fe con la que el agro llora y se hace la víctima.

La aprobación del evento HB4, ¿fue una decisión técnica o política?

No hay ninguna duda de que fue política. El ministro de Planificación y Medio Ambiente anunció la autorización en la ExpoSoya, frente a los representantes del sector soyero, diciendo explícitamente que era “la primera de muchas otras autorizaciones” y que estaban cumpliendo un compromiso asumido por el presidente. No hay nada más explícito: no importa lo que diga la evaluación, nos hemos comprometido con ustedes y lo vamos a cumplir.

Y hay que recordar quién es Fernando Romero Pinto. Fue presidente de ANAPO , la asociación que representa al sector soyero, y que desde hace años viene pidiendo la autorización de transgénicos, hasta meses antes de asumir su rol como la Máxima Autoridad Ejecutiva del ministerio bajo cuya tutela opera la Comisión de Bioseguridad, la instancia que evalúa y aprueba estos eventos. Va a la ExpoSoya a rendir cuentas a sus ex socios, a mostrar que ha cumplido. El conflicto de interés es brutal.

¿Y qué cambia en la práctica con esta aprobación?

Poco en términos agronómicos. La soya HB4 no es nueva en Bolivia: circula y se usa de manera informal desde hace años. Lo que acaba de ocurrir no es la introducción de una tecnología, sino la legalización de lo que ya existía en la sombra. Quienes hoy introducen estas semillas de contrabando podrán mañana venderlas abiertamente, publicitarlas sin restricciones y ofrecerlas junto a otros eventos que también circulan ilegalmente. Eso reduce sus costos y amplía su mercado.

Lo que sí cambia sustancialmente es lo político: el ministro anunció que viene una “liberación plena de todas las tecnologías”. No es un hecho aislado, es el primero de una serie. Y eso nos obliga a mirar el conjunto: pequeñas resoluciones administrativas, ajustes regulatorios de rango aparentemente menor, cada medida insignificante por sí sola. Pero todas empujan en la misma dirección.

El agronegocio no alimenta a Bolivia.

Así es, claramente. Tengo un libro entero sobre eso. Los estudios del CIPCA, en particular el de Fernanda Wanderley y Carola Tito, calculan la contribución alimentaria de cada sector productivo. Yo hice una expansión de ese trabajo evaluando con mayor detalle quién contribuye con qué. Y la conclusión es clara.

El agrocruceño lleva décadas diciendo que alimenta al país, pero confunde volumen con aporte alimentario real. El Instituto Boliviano de Comercio, que defiende el modelo cruceño, lanza cifras como el 70% de los alimentos de Bolivia. ¿Por qué es falso? Primero, porque contrabandeamos e importamos muchísimo: se estima que el contrabando representa un tercio de la canasta básica. Ya con eso te quedan dos tercios producidos en Bolivia. Y de esos dos tercios, los datos del censo indican que más del 80% de los alimentos de la canasta básica son producidos por la agricultura familiar, cochabambina, paceña y cruceña, pero no el agronegocio empresarial.

¿A qué juega el sector cuando presenta ese 70%? Miden volumen producido. Y el cultivo que genera más volumen es la caña de azúcar, que sí se produce en Santa Cruz. Calculan que el 40% de los “alimentos” son caña de azúcar. Pero nadie se alimenta a base de caña de azúcar. Es absurdo. En los productos donde sí contribuye el sector empresarial es principalmente el arroz y algo de trigo. Para el resto de la canasta básica, su contribución es minoritaria o directamente inexistente, porque son productos que no tienen vocación exportadora y cuyos precios son demasiado bajos para el modelo empresarial.

Mencionaste el arroz y el trigo. ¿En qué medida esa producción va al consumo interno boliviano?

El arroz depende mucho de la producción y los precios de los países vecinos. Siempre ha habido flujos de contrabando con Perú: si a Perú le fue mal o el precio está demasiado barato allá, el contrabando va en un sentido; si le fue bien, va en el otro. Es una dinámica de vasos comunicantes. En cuanto a semillas transgénicas de arroz: no hay tanta madurez en ese rubro. Las grandes empresas no desarrollan transgénicos para todos los cultivos. El tomate transgénico, por ejemplo, no está disponible en el mercado, y no es por falta de intención sino porque al modificar genéticamente el arroz o el tomate se pierden calidades organolépticas, de transporte, gustativas. Hasta ahora no han encontrado una semilla que cumpla todos los requisitos. Y hay algo más que vale mencionar: las grandes empresas del sector tienden a evitar los transgénicos en productos alimentarios de consumo directo. El maíz amarillo generalmente no se consume en Bolivia, se usa para alimentar ganado. La soya también es un producto intermedio. Eso también explica en qué cultivos se concentra el esfuerzo transgénico.

Hablemos de tierra. ¿Cómo se elude el límite constitucional de las 5.000 hectáreas?

La Constitución establece ese límite y fue aprobado en referéndum con más del 80% de los votos. Tiene una legitimidad altísima. Pero el INRA ya no está verificando su cumplimiento, y esto me lo confirman fuentes internas. El problema es metodológico y, sospecho, no del todo involuntario: el INRA no tiene acceso a la lista de accionistas de las empresas. Solo puede ver que tal empresa compró tal tierra. Si esa empresa tiene 20 socios, 20 por 5.000 equivale a 100.000 hectáreas, y el INRA no investiga si ese mismo socio es socio de otras seis empresas más.

Los esquemas son dos. Uno: fragmentar la propiedad entre familiares, poniendo a cada familiar como titular de hasta 5.000 hectáreas. Otro: crear múltiples empresas, cada una con distintos socios que en realidad responden al mismo centro de decisión. Esto no es teoría: en el caso de la familia Marchett, que llegó a Bolivia en los años noventa y hoy controla cerca de 100.000 hectáreas según reportes brasileños, se han documentado esquemas similares en otros países de la región. Lo que no hay en Bolivia es voluntad de verificar. Y no la hay porque si empezaran a verificar, encontrarían mucha tierra acumulada por encima del límite constitucional tras 2008, y en teoría tendrían que revertirla. Eso va en contra del espíritu de seguridad jurídica que han impulsado todos los gobiernos desde Evo hasta hoy.

Has escrito sobre Eraí Maggi y el interés del agronegocio brasileño en la Chiquitania y el Beni. ¿Cuál es la lógica de esa expansión?

La ganancia no está en la producción: está en la tierra. Eso lo dicen ellos mismos. Los empresarios brasileños que han llegado a Bolivia en distintas olas repiten siempre las mismas razones: impuestos bajos o inexistentes en la práctica, regulación sobre desmontes que existe en el papel, pero no se implementa, tierra extremadamente barata, mano de obra más económica, combustible subvencionado. Todo eso permite producir a muy bajo costo.

Pero la apuesta central es la plusvalía. En Brasil, la tierra vale mucho más. Si compras en Bolivia a precio de hoy y mañana se construye infraestructura que conecta esa zona con mercados brasileños, el valor de tu tierra se multiplica. En el caso de Eraí Maggi, las inversiones en infraestructura que se están discutiendo, como un puente internacional y una carretera de 148 kilómetros hacia San Ignacio de Velasco con posible financiamiento del BNDES brasileño, encajan exactamente con esa lógica. Compras donde nadie todavía ve valor, esperas a que llegue la infraestructura, y la tierra que compraste a 150 dólares la hectárea pasa a valer 1.500. De eso se trata.

El negocio también requiere proximidad entre la producción y la transformación. Si produces a 300 kilómetros de tu planta transformadora, el costo de transporte destruye el margen. Por eso los conglomerados buscan tierras cerca de donde van a estar los caminos y los puentes. Es una apuesta a futuro, pero con muy buena información sobre qué infraestructura viene.

¿Qué escenario se proyecta para los cultivos nativos y la biodiversidad con la expansión transgénica?

Lo que podría pasar ya pasó: el maíz transgénico ya llegó, los planes de zonificación y contención que existían nunca se implementaron, y hoy el 80% del maíz amarillo cruceño es transgénico. Es un poco tarde para hablar de contención.

Lo que viene ahora es probablemente el algodón. Y ahí hay un caso de estudio que vale conocer: Burkina Faso adoptó un algodón transgénico que prometía resistencia a plagas. El gobierno lo recibió con entusiasmo: la modernidad llegaba. Pero la semilla tenía fibra corta, y en el algodón la fibra larga es donde está el precio y la calidad. La calidad cayó, los precios se desplomaron, casi liquidan el sector algodonero del país. El gobierno terminó expulsando a Monsanto y demandándola por compensaciones. El caso muestra que una evaluación técnica seria tiene que considerar no solo resistencia agronómica sino toda la cadena de valor: ¿qué pasa con la calidad del producto final? ¿Qué pasa con el precio en el mercado internacional? Si no haces esa evaluación completa, puedes destruir un sector mientras crees que lo estás modernizando.

¿Y cuál es el riesgo mayor de todo este modelo, el que más te preocupa?

El riesgo es el colapso ecosistémico. Sonará apocalíptico, pero es la descripción técnica más precisa. Cuando usas glifosato y los agrotóxicos asociados a los transgénicos, matas todo lo demás: los hongos, los insectos que hacen control biológico, todo el ecosistema del suelo. Y eso genera una dependencia irreversible. Si mañana un productor decide pasarse a producción orgánica, lo que va a encontrar es un suelo sin la microfauna que necesita, sin los controladores biológicos naturales. Le van a llegar todas las plagas que sus vecinos transgénicos estaban conteniendo. Va a fracasar. Y va a volver al modelo transgénico. Eso no es una metáfora: es la mecánica real del lock-in tecnológico.

El problema mayor es que estamos construyendo un sistema de dependencias que cierra horizontes. Si mañana ganara un gobierno con voluntad ecologista, ¿qué haría con una banca que tiene un porcentaje importante de su cartera en el agronegocio? ¿Con suelos que ya no pueden producir de otra manera? ¿Con incendios que en un año destruyen sistemas agroforestales de diez o veinte años que no se recuperan? El modelo soyero tiene seguros, reprogramaciones de crédito, apoyo estatal en caso de pérdidas. Las alternativas, no. Y eso no es accidental.

Lo que estamos perdiendo no es solo bosque. Estamos perdiendo la posibilidad de elegir un camino diferente. Y eso es lo que más me preocupa.