Rita Saavedra: “Nos han incluido como propietarias de la tierra para excluirnos definitivamente”

Bolivia lleva décadas cediendo territorio, suelos y política agraria al modelo del agronegocio.

Rita Saavedra lo ha visto desde adentro: desde los primeros cargamentos de alimentos transgénicos donados a población vulnerable en los años noventa, hasta la aprobación del evento HB4 anunciada en una feria sectorial en 2026.

Nutricionista de formación, coordinadora del Movimiento Agroecológico Boliviano y del colectivo Bolivia Libre de Transgénicos, Saavedra trabaja en el cruce entre ciencia nutricional, derecho alimentario y organización comunitaria. Ha impulsado acciones populares, estrategias nacionales de agroecología y redes de custodios de semillas que operan, a menudo, por fuera y a pesar del Estado.

Su mirada no es la del laboratorio ni la del campo solamente: es la de quien ve la cadena completa, desde la semilla hasta la mesa, y entiende que en cada eslabón hay una decisión política.

Llevas más de dos décadas en esta lucha. ¿Cuándo sentiste que algo estaba cambiando de manera irreversible?

Lo primero que supimos fue que estaban llegando alimentos de donación con transgénicos, especialmente maíz y soya, y que iban dirigidos a población vulnerable. Eso fue a finales de los ochenta, principios de los noventa, cuando yo hacía mi pasantía en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. En ese momento había ya una serie de elementos que nos ponían en alerta: lo presentaban como la gran alternativa para acabar con el hambre, y nosotros desde la ciencia nutricional nos preguntábamos qué bien puede traer una planta modificada genéticamente para incorporar un agrotóxico en su estructura.

El segundo momento de alerta fuerte fue cuando una ONG planteó desarrollar una papa transgénica. Ahí sí cerramos filas con productores y con la entonces CSUTCB, porque la papa es originaria de Bolivia y de los Andes, y eso no podía quedar en manos de las transnacionales. Porque de eso se trata al final la transgénesis: de la apropiación de las semillas.

¿Y cómo fue el proceso hasta la primera autorización legal?

En el 2003 ya había señales claras de que en Santa Cruz se estaba produciendo soya transgénica de contrabando. En ese momento nosotros recién empezábamos a conocer el tema, no había mucha información disponible en Bolivia. Lo que sí teníamos era posición: no vamos a permitir la producción. La presión del sector empresarial, lo que es hoy la ANAPO, fue enorme. Ellos argüían que la soya no es originaria de Bolivia, que no se toca el patrimonio genético, que traía productividad. Hicieron todo el lobby durante el gobierno de Goni, luego Carlos Mesa intentó abrir mesas de trabajo, pero fue Rodríguez Veltzé quien firmó el decreto.

Nosotros logramos que en ese decreto se incluyeran tres salvaguardas. Una: la autorización era solo para exportación, los transgénicos no podían entrar al mercado nacional. Dos: no se iba a tocar el maíz, que sí es originario de Bolivia y centro de biodiversidad. Tres: los alimentos debían estar etiquetados. En ese momento parecía que esas tres cosas nos iban a salvar. Veinte años después ya ves los resultados.

¿Qué ocurrió con esas salvaguardas?

Nunca hubo control real. La Universidad Gabriel René Moreno recibió equipos para hacer trazabilidad y georeferenciación de los campos: nunca funcionó como debía. Desde el año 2005 en adelante, con el gobierno de Evo Morales, seguimos haciendo batalla. Se firmó la ley de producción agroecológica en 2006, queríamos que se desarrollara desde una visión vinculada al derecho a la alimentación. Pero se fue desbordando. Nunca tuvimos capacidad de interlocución real con el parlamento para frenar las siguientes oleadas.

Lo que sí logramos fue mantener el tema activo políticamente. Durante el gobierno de Añez sacaron dos decretos: uno autorizaba evaluaciones abreviadas, que son básicamente homologaciones de lo que dice la empresa que vende la semilla; el otro quería zonificar el país, con la lógica de que la media luna ya produce maíz transgénico, aunque sea ilegal, así que mejor reconocerlo. Hicimos una acción popular durante la pandemia. No salió a nuestro favor en el fondo del problema, como suele ocurrir con las acciones populares, pero estableció dos cosas importantes: que tiene que haber consulta a los pueblos indígenas y que una instancia mayor debe resolver. Luego llegó Arce y abrogó esos dos decretos. Esa fue una victoria real, aunque parcial.

¿Por qué parcial?

Porque Arce mantuvo la norma sobre agrocombustibles. Y es a partir de esa norma que él mismo, antes de sus problemas políticos, autorizó nuevos eventos transgénicos argumentando que eran exclusivamente para producir agrocombustibles. El problema es que no hay manera de saber qué soya va al agrocombustible y qué entra al circuito del aceite o la torta de soya que consumen los animales que nos comemos. Y ahora con este gobierno la situación es mucho más directa: el ministro de Medio Ambiente fue presidente de la ANAPO, la entidad que desde hace años pedía la aprobación de transgénicos. Él anunció la autorización del HB4 en la ExpoSoya, frente a los representantes del sector, diciendo que era la primera de muchas más. Ya no hay ambigüedad.

¿Qué significa en concreto la aprobación del HB4?

Para empezar, que ya se usaba ilegalmente y ahora se legaliza. Lo mismo que pasó antes con el evento resistente al glifosato. Pero el HB4 viene atado a un paquete específico: el glufosinato de amonio, un herbicida prohibido en la Unión Europea por sus efectos sobre la reproducción y el desarrollo humano, pero autorizado en Bolivia. Eso es lo que no se dice en los anuncios.

Y hay otro problema que nadie menciona: Bolivia importa casi el noventa por ciento de la harina que consume de Argentina. En Argentina el HB4 ya fue autorizado para consumo humano. El SENASAG, que debería certificar que esa harina no contiene ese evento, nunca ha hecho esa evaluación. No tiene capacidad técnica para hacerla. Lo que hace es homologar lo que dice el estudio de la empresa que vende la semilla. Así funciona el sistema.

Has hablado de “colonización tóxica alimentaria”. ¿Qué significa eso en la vida cotidiana?

Significa que los países del norte producen agrotóxicos, los prohíben para sus propios ciudadanos y los mandan al sur global. Argentina, Brasil, Paraguay son los mayores receptores. Bolivia ha sacado dos decretos de arancel cero para agrotóxicos, incluyendo algunos que están en listas de prohibición internacional. Libre importación, libre circulación, sin control.

El caso que más me marca es lo que vimos en Luribay, un valle interandino aquí cerca de La Paz donde se supone que la pequeña producción familiar no usa agrotóxicos. Trabajamos con el Instituto de Genética de la UMSA y encontramos que el treinta por ciento de los productores de esa comunidad ya tenía daño celular por uso de agrotóxicos. Y lo que vimos en campo fue esto: personas fumigando sin protección, mascando coca con la misma mano con que fumigan, metiéndose el alimento a la boca. No hay protocolos, no hay asesoramiento técnico, no hay nadie que les explique qué están usando.

¿Y qué pasa cuando llegan al sistema de salud? El sistema privilegia el síntoma. Te duele la cabeza, te dan acetaminofén. No se hace seguimiento de intoxicaciones crónicas por agrotóxicos. Se cataloga como intoxicación alimentaria o química y ahí queda. Mientras tanto tenemos estudios que muestran que más del cuarenta por ciento de los alimentos analizados en supermercados y mercados de Cochabamba contenían residuos de agrotóxicos potencialmente dañinos. Y en Tarija, que es donde tú estás, después de Santa Cruz es la región que más agrotóxicos compra, mucho vinculado a la producción vitivinícola. Eso tampoco se dice.

¿Qué papel juegan las mujeres en todo esto, en la preservación de semillas y en la resistencia?

Las mujeres son las guardianas de la semilla. Eso no es metáfora: es el rol de género concreto en la labor agrícola. La mujer es quien separa, quien almacena, quien decide qué se guarda para la autosuficiencia y qué va al mercado. Ese conocimiento sostiene la memoria genética de cultivos que llevan milenios.

Pero ese rol está siendo socavado. El INIAF controla la circulación de semillas: la semilla certificada, la híbrida, es la que está autorizada para venderse. La nativa queda cada vez más relegada al autoconsumo. El mercado define que de las más de mil doscientas variedades de papa que tenemos, solo cinco o seis tienen demanda comercial. El resto se pierde.

Y encima de todo eso, la mujer está sola. El hombre joven ha migrado a las ciudades. Ella produce, cuida los animales, maneja la cosecha, asume los cargos comunitarios a nombre del marido porque no puede hacerlo a nombre propio. Tiene la carga productiva y la reproductiva. Se la incluye como propietaria de la tierra, ese fue un logro real del gobierno del MAS, pero sin cubrir el rol de cuidados, sin apoyo para escalar la producción, sin acceso real al mercado. Se la incluye para excluirla definitivamente.

Lo que sí estamos construyendo desde el movimiento agroecológico son las casas de semillas. El Ceibo, por ejemplo, tiene una experiencia muy linda: son mujeres que custodian todas las especies de cacao y otros alimentos específicos de sus municipios, que son municipios declarados libres de agrotóxicos y de minería. Eso no es simbólico: han territorializado la agroecología, no es una parcela aislada sino un territorio entero.

¿Cómo ves la relación entre el modelo transgénico y la Ley 157 de conversión de tierras?

Están casadas. La lógica del agronegocio es quemar territorio, producir al máximo, agotar y avanzar. Han destruido la Chiquitanía, ahora van al Beni, al norte de La Paz, a la Amazonía. Y la 157 lo que hace es legalizar parte de esa expansión. Hay tierra que fue titulada como pequeña propiedad cuando en realidad ya estaba en manos del agronegocio, y ahora quieren darle el rango de mediana o gran empresa para poder acceder a créditos.

Pero hay más: la 157 también amplía a diez años el plazo de verificación de la función económica social de la tierra. Eso les conviene enormemente. Si nadie te verifica durante una década, puedes hacer lo que quieras con el suelo. Y lo que están haciendo es cambiar el uso: vocación forestal convertida en agrícola, ganadera. En el Beni están convirtiendo humedales, sitios Ramsar, en tierra de producción. En el norte de La Paz están mirando el Madidi. Las tierras comunitarias de origen, las TCO, también están en el radar porque es donde todavía hay tierra cultivable disponible.

¿Es posible técnicamente alimentar a Bolivia sin transgénicos?

Técnicamente, la agroecología puede hacerlo. El problema no es técnico, es político. La mayor limitación de la agroecología es que el Estado no la quiere, porque cuestionarla implicaría admitir el modelo que ha sostenido durante décadas.

El cálculo que hacemos nosotros es este: la subvención al diésel que recibía el agronegocio rondaba los cuatrocientos millones de dólares. Si nos dieran la mitad de eso para la agroecología, el panorama sería completamente diferente. No necesitamos que compren semilla transgénica, no necesitamos agrotóxicos. Lo que necesita la agroecología es reconocimiento, apoyo técnico y que el Estado deje de poner todos sus recursos en el otro lado.

Aquí en La Paz llevamos diez años manteniendo un mercado agroecológico certificado con sistema participativo de garantía, sin apoyo estatal. Somos unas cinco mil familias. Nos cuesta sostenerlo. Eso te dice cuánto podría crecer si hubiera voluntad política real.

¿Qué le dirías a los productores que sienten que ya no vale la pena resistir?

Que se pregunte cuál es el fin último de producir alimentos. Si es alimentar personas, entonces el compromiso tiene que ser con un alimento sano y seguro. Y desde el lado del consumidor, nuestra obligación es pagar un precio justo. No podemos seguir subsidiando con salarios bajos una cadena alimentaria que nos enferma.

El modelo del agronegocio te dice que es la única forma de producir a escala. Pero Perú exporta siete mil millones de dólares en frutas y hortalizas. Bolivia no llega a dos mil millones con toda su soya. Y Perú ya está recibiendo devoluciones de exportaciones porque sus productos superan los límites de agrotóxicos que permite Europa. Ahí está el techo del modelo.

La agroecología no es nostalgia. Es una demanda de mercado en crecimiento, es soberanía, es salud. El día que el Estado boliviano entienda que tiene la obligación de garantizar alimentos sanos y seguros a su población, y no solo rentabilidad a unos pocos sectores, ese día empieza a cambiar algo. Mientras tanto, seguimos construyendo por fuera, semilla a semilla, mercado a mercado, comunidad a comunidad.