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La disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso de productos en casos de agio y especulación, sigue sumando rechazo. A la oposición manifestada por gremiales y empresarios, ahora se adhiere el Comité Cívico de Tarija, que ha expresado su descontento y exigencia para que esta medida sea anulada. En la misma línea, el economista Fernando Romero recomienda al Gobierno derogar la disposición para evitar perjuicios a la economía nacional.


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