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La disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de productos en caso de agio y especulación, ha generado un clima de creciente tensión entre el Gobierno y los sectores productivos del país. Empresarios, gremiales y exportadores han manifestado su rechazo a la norma, anunciando movilizaciones e incluso presentando un proyecto de ley para su anulación. En Tarija aún no definen si se sumarán a las protestas.


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