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El Decreto 5271, que autoriza a privados la importación de diésel y gasolina para su venta en el mercado interno, ha generado expectativas y dudas en Bolivia. Mientras el Gobierno apunta a aliviar la escasez de combustibles, expertos y legisladores señalan que la medida, aunque paliativa, podría incrementar los costos de producción y consumo al no contar con subvenciones, afectando a la economía de productores y ciudadanos. La norma tiene una vigencia de un año.
