Yacuiba: Organizaciones alistan revocatorio para 11 concejales

El rechazo del Concejo Municipal de Yacuiba a un proyecto de ley que planteaba reducir en un 20% los salarios de las autoridades electas desataron la molestia de organizaciones vecinales y sectores sociales, que anunciaron que impulsarán la revocatoria de mandato de los once concejales. La iniciativa buscaba destinar los recursos ahorrados al pago del denominado “bono frontera”, reclamado por 22 exconcejales y que representa una obligación cercana a los cuatro millones de bolivianos para la Alcaldía.

El proyecto fue presentado por dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), en medio de cuestionamientos a la administración de los recursos municipales. A la controversia se suma el incremento del presupuesto del Concejo Municipal, que pasó de 4,5 millones a aproximadamente 10 millones de bolivianos, pese a la crisis económica que atraviesa la Alcaldía.

Revocatoria de mandato

Reyna Plata, representante de Control Social y de la Asociación 6 de Abril del Mercado Campesino, calificó de “indignante” la respuesta del Concejo Municipal y cuestionó el tratamiento de la propuesta.

“Con esta ley ellos podrían lavarse la imagen que tienen ante el pueblo, por la incompetencia que han mostrado hasta ahora”, afirmó. También observó que el informe emitido por los concejales haría referencia a otro proyecto, lo que, a su juicio, evidencia deficiencias en el análisis de la iniciativa. “Ni siquiera saben lo que tratan”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la Fejuve, Richard Gareca, criticó la falta de capacidad de análisis del ente deliberante y anunció que promoverá la revocatoria de mandato de sus integrantes.

“Este informe es una burla. Nosotros vamos a promocionar su revocatorio de estos señores, porque ya basta de que estas personas sigan manejando los recursos públicos. Los concejales no están a la altura del cambio que pedíamos”, sostuvo.

Gareca adelantó que solicitará un informe detallado para conocer qué concejales votaron en contra del proyecto y cuáles fueron los argumentos que sustentaron su decisión.

En la misma línea, Humberto Espinoza, presidente del barrio San Juan, cuestionó el desempeño de los concejales. Recordó que, al inicio de su gestión, se comprometieron a realizar auditorías y aprobar leyes en beneficio del municipio.

“Fue una charla política, se sentaron en la silla del Concejo y se olvidaron de todo, menos de cobrar su sueldo”, lamentó. Asimismo, recordó que cada concejal percibe un salario de 11.848 bolivianos, además del bono frontera.

Espinoza anunció que iniciará el recojo de firmas para solicitar la revocatoria de los once concejales y advirtió que la medida podría alcanzar también al alcalde, Juan Carlos Castillo, si no demuestra resultados de gestión.

“No tengo miedo”

Ante las advertencias de las organizaciones sociales, el concejal Luis Cornejo aseguró que está dispuesto a someterse a un referendo revocatorio y desafió a los sectores movilizados a incluir también al alcalde.

“No tengo miedo, pero que no pidan solo para los concejales, vamos con el alcalde más, nos sometamos todos al revocatorio y que el pueblo decida. Yo no me aferro al cargo”, declaró.

Cornejo consideró que las críticas de las organizaciones responden al conflicto interno entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo municipal.

La revocatoria de mandato está contemplada en el artículo 240 de la Constitución Política del Estado y regulada por la Ley N.º 026 del Régimen Electoral. Este mecanismo permite que la ciudadanía decida sobre la continuidad de una autoridad electa, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos por la normativa electoral.

Proponen reducir el plazo para los revocatorios

En una reunión realizada en Tarija, la concejal María Renee Barrios propuso ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) reducir el plazo requerido para activar un proceso de revocatoria de mandato.

La autoridad considera que, tras un año y medio de gestión, la ciudadanía ya cuenta con elementos suficientes para evaluar el desempeño de sus autoridades y decidir si corresponde revocarles el mandato otorgado mediante el voto popular.

Barrios espera que la propuesta sea considerada durante la elaboración de una nueva ley electoral.