Tarija: Ausencia estatal dificulta atención a víctimas de violencia

Durante la última semana un caso de violencia familiar y la peregrinación de una mujer Weenhayek que tuvo que recorrer 100 kilómetros desde Crevaux a Yacuiba para denunciar a su pareja puso en evidencia la ausencia del Estado en comunidades alejadas, lo que aumenta la vulnerabilidad de las víctimas.

Las instituciones reportan constantemente la carencia de presupuesto, personal y material para atender este tipo de casos.

Dificultades para denunciar

El coordinador regional de la Defensoría del Pueblo en Yacuiba, Walter Portillo, informó sobre el caso. Se trata de una mujer de 29 años que habría sido víctima de reiteradas agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja, quien incluso llegó a encerrarla en su habitación. Su excusa serían los celos.

“Ella pertenece al pueblo Weenhayek y tuvieron que trasladarse 100 kilómetros, lo que significa erogar gastos para pasajes, estadías y sabemos las condiciones difíciles en que está ese pueblo indígena”, refirió.

Debido a su situación de precariedad se requirió de una coordinación entre la Defensoría, la Estación Policial Integral (EPI), la Capitanía Grande y la Alcaldía, a través de la Dirección de Género que gestionó los pasajes para su retorno y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) que seguirá la causa penal. Tras la formalización de la denuncia se realizó la toma de declaración y el examen médico forense para evaluar su estado.

Posteriormente, fue ingresada al centro de acogida junto a su niño y también llegó una tía para acompañarla durante el proceso.

Vulnerabilidad rural

Portillo hizo hincapié en las condiciones de precariedad de los pueblos indígenas particularmente en esta región, por las condiciones económicas y también por la distancia de comunidades como Crevaux y Dorbigni, donde se evidencia una ausencia estatal.

Según medios locales, los pasajes para cubrir esas rutas pueden costar entre 70 a 90 bolivianos, solo de ida.

“Hay una doble revictimización en la condición de mujer e indígena. Hay que reconocer que las condiciones no son las mismas para una mujer que esté acá (ciudad de Yacuiba) y puede ir a sentar una denuncia. Están en otras condiciones por la falta de presencia estatal”, aseveró.

Los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Contra las Drogas (OBSCD) dan cuenta que incluso en los municipios capitales de departamento los SLIMs, la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) carecen de condiciones, personal especializado y hasta de material de escritorio.

La situación se agrava en los municipios rurales y todavía más en comunidades habitadas por pueblos indígenas.

Particularmente en Tarija el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Luis Esteban Ortiz, a inicios de año realizó una serie de inspecciones fuera de la capital y reconoció que también faltan juzgados en algunas jurisdicciones. Eso deriva en que las partes tengan que trasladarse a una jurisdicción vecina.

Eso significa un mayor gasto de dinero, lo que puede desalentar a las víctimas a formalizar una denuncia.

“Lamentablemente en las comunidades distantes hay una ausencia total del Estado. Las autoridades tenemos que salir de nuestras oficinas para ir a atender a las comunidades que más lo necesitan”, reconoció Portillo al comprometerse a coordinar tareas de prevención y atención de casos junto a la Alcaldía y la Policía.

Precariedad
Defensoría advierte que la precariedad de los SLIMs y la FELCV frena la lucha contra la violencia

Carencia de presupuesto institucional

De acuerdo a la Ley 348, debe garantizarse a las víctimas que las instituciones a cargo de atender las denuncias tengan las condiciones para hacerlo. Incluso establece que al menos en las capitales de departamento la FELCV cuente con infraestructura propia, esto aún no se cumple.

El Órgano Judicial en el último presupuesto su asignación bajó al 0,35% y se declaró en emergencia. La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruíz, declaró en más de una ocasión que la falta de recursos deriva en falta de atención a las personas, en especial a las víctimas.