Gobierno no aclara presuntos vínculos entre empresa naviera ligada al caso “narcomaderas” y entorno de un viceministro
A una semana de que se hiciera público el denominado caso “narcomaderas”, relacionado con el decomiso en Chile de 108 toneladas de carga contaminada con sustancias controladas, nuevas revelaciones han generado cuestionamientos sobre posibles conexiones entre empresas involucradas en la logística de los envíos investigados y autoridades del Gobierno boliviano.
Según documentación difundida por la red DTV, la esposa del viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce, ocuparía un cargo ejecutivo dentro de una empresa naviera que habría participado en la gestión logística de al menos cinco contenedores posteriormente observados durante operativos realizados en territorio chileno.
La información ha abierto interrogantes respecto a un eventual conflicto de intereses, considerando que el viceministro tiene bajo su competencia asuntos vinculados precisamente al comercio exterior y las operaciones internacionales de exportación, mientras su entorno familiar estaría vinculado a una compañía que opera dentro del sector logístico y naviero.
Los cuestionamientos también alcanzan al reciente viaje realizado por Arce a Chile la pasada semana. De acuerdo con reportes oficiales, la autoridad se trasladó al vecino país con el objetivo de recabar información sobre las investigaciones abiertas en torno al caso, aunque hasta ahora no se han dado mayores precisiones públicas sobre el alcance de esa gestión.
Hasta el momento, la Cancillería boliviana no ha emitido una explicación oficial respecto a estas observaciones ni ha aclarado el grado de participación que tuvo la empresa mencionada en las operaciones actualmente bajo investigación.
El caso “narcomaderas” involucra al menos a *16 empresas bolivianas*, que actualmente son investigadas en coordinación con autoridades de Chile, luego del decomiso de varios contenedores cuya carga habría sido contaminada con sustancias ilícitas antes de su exportación.
El avance de las investigaciones y la falta de respuestas oficiales mantienen abierto un caso que ha puesto nuevamente bajo la lupa los controles sobre la cadena exportadora boliviana y los mecanismos de supervisión estatal en operaciones internacionales de comercio.








