Impulsan ley para devolver recursos del IDH retenidos por la Ley de Incentivos

En medio de la crisis económica que atraviesan las regiones, la Brigada Parlamentaria de Tarija anunció la presentación de un proyecto de ley que busca revertir los recursos retenidos del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), destinados desde 2015 al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

La iniciativa plantea suspender la aplicación de la Ley 767 y disponer la devolución de estos recursos a gobernaciones, municipios y universidades públicas, bajo el argumento de que actualmente los niveles subnacionales requieren con urgencia liquidez para sostener su funcionamiento y ejecutar proyectos.

El diputado tarijeño Rodrigo Fuenzalida explicó que la norma, titulada “Ley de suspensión a la aplicación de la Ley 767 y devolución de los recursos del fondo de promoción a la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera”, apunta a corregir lo que considera una política que ha restado recursos a las regiones sin resultados concretos.

“Se han retirado recursos que podían haberse invertido en salud, educación y servicios básicos, pero no han podido ser utilizados por las entidades territoriales”, cuestionó.

Recursos en disputa

Según el legislador, desde la creación del fondo durante la gestión del expresidente Evo Morales, se estima que se han retenido alrededor de 600 millones de dólares de las regiones para incentivar la exploración hidrocarburífera.

Sin embargo, Fuenzalida sostuvo que, pese a inversiones que superarían los 1.000 millones de dólares en el sector, no se han logrado resultados significativos en nuevos descubrimientos de gas, lo que —a su juicio— pone en entredicho la efectividad del fondo.

En el caso de Tarija, el parlamentario señaló que aproximadamente 68 millones de bolivianos corresponderían ser restituidos a la Gobernación, gobiernos municipales y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).

Fuenzalida incluso planteó la necesidad de abrogar la Ley 767, al considerar que no ha generado beneficios tangibles para los departamentos productores ni para el país en su conjunto.