El 50/50 ya tiene un proyecto de ley que se socializa en Tarija

La propuesta de redistribuir los ingresos públicos bajo el esquema “50/50” se ha instalado como uno de los debates más intensos del escenario político nacional. Lo que comenzó como una promesa de campaña del presidente Rodrigo Paz Pereira hoy toma forma en un proyecto de ley que ya es socializado en distintas regiones del país, comenzando por Tarija.

La iniciativa, denominada “Ley de Equilibrio Territorial del Gasto”, plantea una transformación del modelo fiscal boliviano: redistribuir el 50% de los ingresos públicos al nivel central del Estado y el otro 50% a entidades territoriales autónomas, incluyendo gobernaciones, municipios, universidades y autonomías indígenas.

Sin embargo, el entusiasmo político que genera la propuesta contrasta con una serie de interrogantes técnicas que aún no tienen respuesta clara.

La ingeniería del 50/50

El corazón del proyecto está en su fórmula de distribución. Según los artículos 6 y 7 del documento, el 50% destinado a las regiones se dividiría de la siguiente manera: 24% para gobiernos municipales; 20% para gobiernos departamentales; 5% para universidades públicas; y 1% para pueblos indígena originario campesinos.

Además, el artículo 8 establece un mecanismo de transferencia “automática y directa”, prohibiendo cualquier tipo de intermediación o restricción administrativa por parte del nivel central.

Este proyecto de ley, en su artículo 12, habla sobre la priorización de los recursos, y establece que los recursos transferidos a las entidades territoriales autónomas y universidades deberán destinarse para resolver las necesidades básicas de la población, priorizándose servicios básicos, como ser, agua, alcantarillado, electricidad, gas y otros; proyectos e infraestructura de desarrollo productivo; infraestructura y equipamiento en salud y educación; proyectos de tecnología científica e innovación por las universidad públicas mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En cuanto el uso de los recursos en gasto de funcionamiento, el artículo 13, señala que las entidades territoriales autónomas y universidades públicas no podrán utilizar recursos transferidos en gastos de funcionamiento, de evidenciarse esta situación iniciarán los procesos administrativos y penales contra las autoridades que dispusieron estos gastos.

Tarija, punto de partida

La socialización del proyecto de ley ya comenzó en Tarija, donde la senadora Marcela Guerrero lideró encuentros con diversos sectores sociales.

En estas reuniones participaron representantes de distritos, federaciones de transporte, gremiales, organizaciones campesinas y medios de comunicación, en un intento por abrir el debate y recoger propuestas desde la base social.

Durante estas jornadas se destacó la necesidad de construir una norma participativa que responda a las demandas regionales, especialmente en departamentos que históricamente han reclamado mayor autonomía en la gestión de recursos.

Un modelo con más preguntas que respuestas

Pese al impulso político, el proyecto enfrenta cuestionamientos desde el ámbito técnico. Uno de los más críticos ha sido el economista Gonzalo Chávez, quien advirtió sobre la falta de un análisis estructural previo.

“50/50 de cero es cero”, resumió, en referencia a la actual situación económica del país, marcada por restricciones fiscales y disminución de ingresos.

El principal vacío del proyecto, según expertos, es la ausencia de un estudio sobre su impacto macroeconómico.

Actualmente, el nivel central administra cerca del 80% del presupuesto nacional, pero también asume gastos como: pago de deuda externa, los combustibles, defensa y seguridad, programas sociales. Sin embargo, reducir a la mitad sus ingresos sin redefinir estas obligaciones podría generar un desequilibrio fiscal de gran magnitud.

Ante las presiones que ha habido en los últimos meses por la propuesta del 50/50, ha sido el propio presidente Paz quien ha comenzado a matizar los plazos de implementación.

Lejos de la idea inicial de aplicar el modelo de forma inmediata, el mandatario reconoció que será necesario revisar al menos 60 leyes y 40 decretos que actualmente regulan la distribución de recursos. El proceso, admiten desde el oficialismo, podría ser largo y complejo.

La exviceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, llegó a señalar que la implementación del modelo podría tardar desde días hasta una década, una declaración que terminó precipitando su salida del cargo.

Autonomía
El artículo 8 del proyecto busca que los recursos lleguen a las regiones sin pasar por filtros administrativos previos, garantizando una autonomía financiera

El desafío de las regiones y su difícil economía

Más allá del debate fiscal, uno de los puntos más sensibles es la capacidad real de las regiones para administrar mayores recursos.

Bolivia presenta una marcada heterogeneidad territorial. Según datos de la Fundación Jubileo, al menos el 76% de los municipios enfrenta limitaciones estructurales en términos de sostenibilidad financiera y gestión administrativa.

Solo el 5% de los municipios genera más del 20% de sus ingresos propios, lo que evidencia una fuerte dependencia de las transferencias estatales.