Alistan un proyecto de ley para dar prioridad al “50/50”

A 22 días de las elecciones subnacionales, cuando cada departamento elegirá a sus nuevas autoridades, crece la presión por una redistribución de recursos que garantice a las gobernaciones y alcaldías el cumplimiento de sus funciones, ya sea a través de un pacto fiscal o del “50/50”, la promesa electoral del presidente Rodrigo Paz que planteaba una distribución equitativa de los recursos de coparticipación tributaria, 50% el Gobierno Nacional y el otro 50% distribuido entre los gobiernos subnacionales. Sin embargo, pasaron los primeros 100 días de la administración de Paz y el plan no se materializa ni se debate.

Es más, al propio Gobierno no avizora un acuerdo a corto plazo. En enero el presidente ya adelantó que recién se proyecta el 50/50 para el final de la gestión presidencial, es decir, el 2030.

Actualmente el Gobierno central maneja el 87% de todo el dinero del Estado, distribuyéndose únicamente el 13% entre los 343 gobiernos autónomos y 12 universidades estatales, mientras que las gobernaciones reciben recursos por regalías y por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Proyecto de ley

Ante ese letargo, la senadora tarijeña por Unidad, Marcela Guerrero, prepara un proyecto de ley para dar prioridad a este trabajo, que, considera, debe realizarse de manera coordinada y minuciosa con los principales actores, es decir, las alcaldías y gobernaciones del país.

Recursos  Actualmente el Gobierno central maneja el 87% de todo el dinero del Estado

Guerrero consideró que la ausencia de un pacto fiscal es un fracaso de la Ley Marco de Autonomías, “no porque estaba mal la Ley, sino porque fue manejada de manera política”.

La propuesta de Guerrero es trabajar “por tiempo y materia” ya sea el pacto fiscal o la propuesta del 50/50. Recalca que el trabajo es largo, pues se deben analizar criterios como territorio, población y pobreza.

“Hay municipios realmente pobres y sumamente pequeños, y en muchos de los casos va a ser necesaria la distritalización, para que la plata en vez de irse en gasto corriente se destine a inversión”, explicó Guerrero en PLUS TLT, al recalcar que hay municipios que ni siquiera tienen posibilidad de recaudar ingresos propios, al igual que algunas gobernaciones.

La senadora detalló que el proyecto de ley establece que se debe convocar al Consejo Nacional de Autonomías, compuesto por las nuevas autoridades electas, para que sea esta instancia la que trabaje en la redistribución de recursos, y no designar esa labor al Viceministerio de Autonomías o al Servicio Estatal de Autonomías (SEA).

Seguirán cayendo los recursos

La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) alertó que para la gestión 2026 se proyecta una reducción del 24,31% en los recursos provenientes del IDH, lo que incrementa la presión sobre el Gobierno central para cumplir con la redistribución anunciada o, al menos, plantear medidas compensatorias.

Con ese panorama, la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) exige el gobierno de Paz avanzar en una propuesta de redistribución de recursos.

La directora ejecutiva de la AMT, Gabriela Vilca, recordó que con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, ya se había acordado conformar mesas técnicas para trabajar en el 50/50, sin embargo, días después emitió declaraciones que fueron calificadas como desatinadas, pues ponía en duda la entrega de recursos.

Y mientras la presión crece, el Presidente intenta calmar las aguas indicando que el 50/50 no solo es plata, sino un “gran acuerdo nacional”. Lo dijo en Tarija, recalcando que ese pacto se trabajará con las autoridades que sean electas el 22 de marzo.

“No es como algún candidato a la gobernación sólo está pensando en plata. No es plata, es todo un cambio de modalidad de la autonomía, los procesos de las instituciones, la transparencia y la corrupción”, argumentó.

La CPE fija parámetros para distribuir recursos

El abogado constitucionalista, Carlos Bellot, a través de un artículo de opinión explicó que la Constitución Política del Estado ya establece la forma en que debe distribuirse los recursos entre los gobiernos. Dice que esto debe ser proporcional: 1) con las necesidades territoriales de calidad de vida; 2) con la carga de competencias asignadas a las tres escalas de gobierno y; 3) con la capacidad recaudatoria de los gobiernos (arts. 316.7, 306.V, 313, 305 y 323.I).

“Dado que los políticos y gobernantes están obligados a sujetarse a lo que manda la Constitución, debiera adecuarse la propuesta del 50/50 a lo que dice esta norma suprema. De hacerlo, muy probablemente superaría el 50% en favor de los gobiernos autónomos, dado que el Gobierno central no tiene asignado más del 50% de las competencias ni las necesidades de su tuición son mayores a los que compete a los gobiernos subnacionales”, dice en su análisis.

El 50/50, por tanto, no se trata de una cesión del Gobierno central en favor de los gobiernos subnacionales, recalca Bellot, no es una acción política altruista como al parecer pretende hacerlo ver. “El Gobierno central está obligado por la Constitución a superar la forma de distribución de los recursos por población, para hacerlo de forma proporcional con las necesidades, competencias y capacidad de recaudación”.

Por ello considera que el Gobierno no puede condicionar la entrega de mayores recursos, sino buscar un acuerdo de pacto fiscal, que garantice la inversión en la mejora o conservación de la calidad de vida en el país.

“En ese entendido, el 50/50 es parte de la política fiscal y, por tanto, parte del cumplimiento del mandato para el pacto fiscal, cuyo resultado debe ser establecido mediante una ley nacional”.