Tarija condena la criminalización a los defensores de Tariquía

Desde Tarija se ha expresado un amplio rechazo a los procesos penales iniciados contra 17 comunarios del cantón de Chiquiacá, quienes enfrentan denuncias por los presuntos delitos de asociación delictuosa, atribuirse los derechos del pueblo y atentados contra la libertad de trabajo, en el marco de la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

Las acciones judiciales han generado críticas de organizaciones sociales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos, quienes advierten un escenario de criminalización de la defensa del territorio y del medio ambiente. Incluso, desde la Defensoría del Pueblo se condenó este accionar, reiterando que la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales no puede ser tratada como un delito.

El origen de la denuncia

La investigación fue iniciada por la Fiscalía de Entre Ríos, en la provincia O’Connor, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, quien actúa como asesor jurídico de Petrobras Bolivia S.A. y, a su vez, en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Los comunarios sindicados son: Ramiro Rodrigo Altamirano Garay, Ruperto Gudiño Jiménez, Aly Albino Mercado Jiménez, Luis Fanor Hoyos Choque, Feliz Choque Vega, Omar Guitián Romero, Mery Vilte Vega, Elizabeth Estrada Choque, José Andrés Miranda Rojas, María Nelly Coca Flores, Rodolfo Garay, Juanita Martina Mercado, María Guerrero, Andrea Giron Guerrero, Barbarita Meza Valdez, Vidal Jiménez y Daniel Farfán Tejerina. Los delitos atribuidos están tipificados en los artículos 124, 132 y 303 del Código Penal.

Activistas reciben respaldo legal

Tras conocerse la denuncia, al menos cuatro abogados de la ciudad de Tarija asumieron la defensa de manera gratuita de seis de los comunarios procesados. Uno de los abogados defensores, Rodrigo Castillo, cuestionó que personas que defienden una reserva nacional y uno de los principales pulmones verdes del departamento sean sometidas a procesos judiciales.

“Sepan que hay un grupo de profesionales que va a defender los derechos de los comunarios”, expresó Castillo, al señalar que el equipo legal se trasladó hasta el cantón de Chiquiacá para conocer de primera mano la realidad que enfrentan las comunidades.

En esa línea, hizo un llamado a las organizaciones cívicas y sociales de Tarija para que acompañen a los comunarios, enfatizando que la defensa de Tariquía no se libra desde la ciudad, sino en el propio territorio donde se asientan las comunidades.

Otro de los abogados defensores explicó que los 17 comunarios ya cumplieron con el primer acto procesal, que fue prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público. Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa preliminar investigativa, en la que la Fiscalía deberá demostrar que los delitos imputados cuentan con respaldo probatorio. Sin embargo, los abogados adelantan que los sindicados son personas inocentes.

Los defensores indicaron que están preparados para presentar los descargos correspondientes y demostrar la inocencia de los sindicados, por lo que esperan que el proceso sea rechazado, tal como ocurrió con una denuncia similar que anteriormente fue desestimada.

Asimismo, visibilizaron que la mayoría de los comunarios procesados son personas de la tercera edad y no cuentan con recursos económicos para pagar una defensa técnica, motivo por el cual el Estudio Jurídico Abogamos decidió asumir el patrocinio legal de manera gratuita.

Defensoría condena la criminalización

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó este miércoles que la situación que atraviesa la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía refleja un preocupante escenario de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Recordó que el seguimiento institucional a este caso no es reciente y que ya en anteriores gestiones se había alertado sobre procesos similares. “Habíamos participado incluso en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ocasión de un primer proceso contra comunarios de Chiquiacá, donde se denunció la necesidad de respetar la condición de defensores ambientales”, señaló.

Callisaya explicó que el pasado 5 de enero se produjo un nuevo ingreso policial a la zona, con aproximadamente 40 efectivos, acompañados de personal de Petrobras, para instalar un campamento y avanzar en actividades de exploración petrolera, lo que —advirtió— resulta preocupante debido a que no se habría cumplido adecuadamente el proceso de consulta pública.

“Llama la atención que no se haya presentado de forma adecuada ni el plan de trabajo ni el estudio de impacto ambiental, de manera que permita a la población adoptar una posición informada”, sostuvo, recordando que Bolivia es parte del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la protección de defensores ambientales.

El Defensor alertó además sobre el inicio de un segundo proceso penal contra los comunarios, señalando que este tipo de acciones contradicen los estándares internacionales. “No se puede criminalizar la defensa de los derechos humanos porque es una defensa por toda la sociedad y por las futuras generaciones”, enfatizó.

Finalmente, informó que la Defensoría del Pueblo mantiene presencia en el territorio, realiza verificaciones in situ y monitorea el desarrollo de los procesos penales. Reiteró que la salida al conflicto pasa por el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente y de un proceso de consulta pública que respete los estándares internacionales.

“Si no existe una consulta ciudadana adecuada, no se puede avanzar en otro tipo de acciones”, concluyó, reafirmando que la defensa del medio ambiente y del territorio es un compromiso con la vida y con el futuro del país.

Coca: Defender el medioambiente había sido delito

La activista y defensora de la Reserva de Tariquía, Nelly Coca, a tiempo de participar en la marcha realizada en Tarija, cuestionó la persecución judicial de la que son objetos los comunarios del cantón de Chiquiacá. “Defender el medioambiente había sido delito”, lamentó.

Coca afirmó que ellos lo único que hacen es defender el lugar donde viven, rechazando la contaminación ambiental que van a generar las empresas petroleras que amenazan con contaminar las aguas que consumen comunarios y animales del lugar.