Deudores ignoran alcance de la Ley de Diferimiento
Roberto Castillo recordó que la población calculada para este diferimiento es de 1,4 millones de ciudadanos. Pero hasta el momento el alcance no ha llegado ni al 10%
Roberto Castillo, economista que asesora a la Asociación de Prestatarios de Buena Fe de Tarija, indicó que existe poca información sobre a quiénes beneficia la Ley de Diferimiento de Créditos que fue aprobada por el gobierno de Luis Arce, lo que ha generado confusión entre los deudores.
“Hay mucha gente confundida, la gente no está entendiendo bien quiénes son beneficiarios del diferimiento y los bancos aportan a eso, están generando confusión y que la gente quede con muchas interrogantes”, dijo Castillo, al recalcar que la Ley 1670 está vigente.
El economista detalló que la Ley es aplicable a todas las personas que tienen un crédito de vivienda social. “Ellos tienen que dejar de pagar seis meses”, explicó. La norma también incluye a los prestatarios que tengan ingresos propios, es decir, que sus ingresos dependan de un emprendimiento propio.
“Se benefician todos los sectores que tienen un microcrédito, todos los que tengan ingresos propios, no los asalariados. Los asalariados sólo se benefician si tienen un crédito de vivienda social”, recalcó.
Castillo recordó que la población calculada para este diferimiento es de 1,4 millones de ciudadanos en todo el país. “Pero hasta el momento los bancos no han diferido ni al 10% de este número. Esperamos que ese porcentaje crezca en las próximas semanas y que los bancos acaten la Ley 1670, que está vigente”, indicó.
Cabe recordar que la Ley fue aprobada el 6 de noviembre, sin embargo, debido a un recurso presentado por las entidades financieras, está bajo revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que ha frenado su aplicación.
Ante la demora, diversos sectores exigen al Gobierno poner en marcha la Ley. El martes, la Confederación Nacional de Prestatarios realizó una marcha en la ciudad de La Paz y denunció que el Ejecutivo pretende “castigar” a los deudores para favorecer los intereses de la banca privada, pese a que existe una instructiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) del 12 de noviembre de 2025 comunicando a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) la vigencia de la Ley 1670.








