El Tribunal Agroambiental alerta sobre ley que fomenta el desmonte

A pocas semanas de que concluya el gobierno de Luis Arce Catacora, el Tribunal Agroambiental de Bolivia reconoció que la deforestación sigue siendo un problema latente en el país. En el caso del departamento de Tarija, el presidente de esta institución, Richard Cristhian Méndez Rosales, admitió que la industria del carbón impulsa el desmonte del bosque chaqueño.

Este tema fue debatido en el “Taller Internacional e Interjurisdiccional en Materia Agroambiental con Énfasis en Grupos Vulnerables y Cambio Climático – Bicentenario de Bolivia 2025”, realizado en la capital chapaca, con la participación de autoridades del Órgano Judicial y académicos del área.

Méndez Rosales reconoció que la destrucción y deforestación de los bosques es una realidad en Bolivia. Atribuyó esta situación a la Ley 741, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades y comunidades para fines agrícolas y pecuarios. Dicha normativa, que sigue vigente, es considerada una “ley incendiaria”.

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“Esta ley permite desmontes por familia, sin planes forestales ni de ordenamiento predial”, señaló el presidente del Tribunal Agroambiental, al considerar que su revisión será un trabajo pendiente para el próximo gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

“Debe analizarse la pertinencia o no de mantener esta ley incendiaria”, añadió Méndez, quien además cuestionó el rol de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), al considerar que ambas instituciones no cumplieron adecuadamente su función de control.

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“Desconocemos las razones por las cuales no se ha llevado adelante un proceso adecuado de supervisión respecto a las autorizaciones de desmonte”, lamentó la autoridad.

El encuentro de magistrados y especialistas ambientales coincidió con el Día Internacional contra el Cambio Climático, que se conmemora cada 24 de octubre, una fecha que recuerda la urgencia de actuar frente a este fenómeno agravado por el cambio de uso del suelo y la deforestación.

La pérdida del bosque chaqueño

Especialistas destacan que el bosque chaqueño es clave en la lucha contra el cambio climático, ya que regula la temperatura, captura y almacena grandes cantidades de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero derivado del cambio de uso del suelo.

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En el Chaco tarijeño, la bióloga Ludmila Pizarro, de la Plataforma Ambiental Villa Montes, advirtió que la deforestación —tanto legal como ilegal— avanza a un ritmo acelerado debido a la implementación de un modelo de desarrollo agroindustrial copiado y destructivo, que deteriora gravemente el medio ambiente. Esta situación incrementa la vulnerabilidad al cambio climático, un problema que en el Chaco se refleja cada año con sequías extremas.

La advertencia de Pizarro coincide con un estudio de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), que advierte que el departamento de Tarija ha pasado de tener 2.686.181 hectáreas de bosque a 2.460.443 hectáreas en 2022.

Los municipios más afectados son los del Chaco tarijeño, con Yacuiba a la cabeza, que ha perdido el 32% de su bosque nativo. De una superficie original de 333.496 hectáreas, su cobertura boscosa se redujo a 227.792 hectáreas.

En Villa Montes, la situación es similar: de 1.077.842 hectáreas iniciales, hasta 2022 se registró una pérdida de 56.154 hectáreas, equivalente al 5% de su superficie forestal.

Caraparí, por su parte, ha perdido un 8% de su bosque nativo, reduciendo su superficie de 333.385 hectáreas en 23.751 hectáreas.

“Sabiendo que el Chaco presenta condiciones de sequía extrema, con temperaturas que superan los 38 grados y periodos secos que se prolongan entre 8 y 10 meses al año, ¿cómo es posible que tengamos este nivel de deforestación? Esto impide el movimiento y el ciclo del agua, afectando la generación de lluvias y aumentando la erosión”, alertó Pizarro.

El bosque del Chaco hecho carbón

A través de las redes sociales en Villa Montes y Yacuiba, son varias las denuncias que se hacen sobre camiones cargados de carbón que salen a otros departamentos, incluso al Paraguay.

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) insiste en que la producción de carbón en el Chaco está controlada. Asegura que son 12 las empresas que están autorizadas para funcionar.

La entidad en varias ocasiones rechazó la idea de una deforestación desmedida y sostiene que se trata de un “aprovechamiento controlado”.