Chaco: Deforestación amenaza el equilibrio ecológico del Pilcomayo

La deforestación en las riberas del río Pilcomayo, especialmente en la Región Autónoma del Chaco, se ha convertido en una amenaza para el equilibrio ambiental y los medios de vida de las comunidades indígenas. Representantes de la Plataforma Ambiental de Villa Montes alertan sobre los efectos devastadores de estas actividades, entre ellos, la proliferación del fenómeno conocido como “borrachera”, que provoca la muerte masiva de peces.

Cuestionan la pasividad de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) frente al desmonte ilegal.

Consecuencias para el Pilcomayo

La representante de la Plataforma Ambiental Villa Montes, Ludmila Pizarro, explica que el río Pilcomayo es fuente de vida para los pueblos indígenas, pero que en estos últimos años han podido evidenciar cómo esta práctica ilegal de desmonte está afectando los ecosistemas acuáticos, generando fenómenos como la “borrachera”, en donde mueren miles de peces por la saturación de sedimentos finos que ingresan a sus agallas.

Según Pizarro, la “borrachera” se ha registrado por segundo año consecutivo y estaría relacionada directamente con la erosión de suelos derivada de los desmontes, particularmente en las cuencas alta y media del Pilcomayo.

Pilcomayo El río Pilcomayo es una de las principales fuentes de agua en el Chaco y constituye un ecosistema vital para comunidades indígenas

La última denuncia que realizaron fue en marzo, y con imágenes satelitales han mostrado un avance de la deforestación en sectores como el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Weenhayek, así como en zonas como La Vertiente, considerada área de recarga hídrica para el Chaco.

“Desmontar en La Vertiente es un crimen a la naturaleza. Es una zona con agua subterránea que garantiza abastecimiento en época seca. Quitarle su vegetación significa quitarle la capacidad de retención de agua, y eso nos deja vulnerables”, agregó.

Desborde del río

Una de las principales evidencias del impacto fue registrada tras las lluvias de marzo, cuando el río Pilcomayo se desbordó e inundó zonas donde recientemente se había realizado desmonte. Fotografías tomadas desde un helicóptero por el Viceministerio de Defensa Civil confirmaron que el agua ingresó precisamente por áreas deforestadas, afectando parcelas agrícolas, caminos rurales y viviendas.

Según la Plataforma Ambiental, en menos de un mes se desmontaron alrededor de 250 hectáreas, sin autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Pizarro denunció que la propiedad pertenece a una persona con residencia en La Paz, quien habría adquirido 700 hectáreas con fines agroindustriales, a pesar de que el terreno no sería apto para dicha actividad.

La respuesta de la ABT

Consultado sobre esta situación, el director departamental de la ABT en Tarija, Emilio Tejerina, confirmó que la superficie desmontada sin autorización es de 244 hectáreas, y que la Unidad Operativa de Bosques de Villa Montes ya inició un proceso administrativo contra los presuntos responsables.

“Hemos hecho la notificación correspondiente incluso antes de que la plataforma ambiental haga la denuncia pública. Posteriormente hemos trabajado con imágenes satelitales para cuantificar con precisión la superficie desmontada”, indicó Tejerina.

También solicitó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que verifique la titularidad del terreno, ante rumores de que los responsables del desmonte no serían los verdaderos propietarios. “Estamos esperando una respuesta oficial de la Unidad de Catastro del INRA para continuar con el procedimiento”, añadió.

Tejerina aclaró que en este caso no se otorgó ningún tipo de autorización para realizar desmontes, lo que agrava la situación legal del infractor. De acuerdo con la normativa vigente, se debe respetar una franja de 100 metros a orillas de los ríos, aunque en este caso específico, la deforestación se habría realizado a unos 700 metros del cauce.

En cuanto a las sanciones, el titular de la ABT explicó que la multa económica puede alcanzar los 97.600 bolivianos, en función del uso que se le pretendía dar al suelo. “La normativa establece sanciones que varían si el desmonte tiene fines agrícolas o no. En este caso el monto aproximado por hectárea es de 400 bolivianos, pero esto aún está en proceso de definición”, precisó.

Alistan ley de conservación del cordón ecológico

Desde la Plataforma Ambiental Villa Montes han confirmado que trabajan un proyecto de ley para la protección del cordón ecológico del río Pilcomayo a ambos márgenes, a una distancia de 10 kilómetros de ribera, el cual será presentado a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija para que pueda ser aprobado hasta el mes de agosto, como un regalo para el Chaco en su mes aniversario.

“El río Pilcomayo cumple múltiple funciones ambientales de beneficio social, hablamos de agua, peces y de la vida misma que genera el río para la ganadería, apicultura, para los pueblos indígenas. El río es un recurso valioso que debe ser protegido por ley”, afirma la vocera de la Plataforma Ambiental Villa Montes, Ludmila Pizarro.

La activista puntualizó que a la fecha, el río Pilcomayo en Bolivia no tiene una protección de carácter jurídico, sino que apenas existe la firma de un convenio de carácter trinacional que tiene por objetivo contemplar y velar la calidad del agua a través de sus monitoreos, pero no hay protección de la fauna, riveras y su corredor pluvial.

“Nosotros apoyamos esta norma, dado que la ABT, que es la oficina de fiscalización y control de bosques a nivel nacional, ejecuta la orden que tienen ellos, la Ley forestal, resoluciones administrativas y decretos, que es otorgar permisos para desmontes y deforestación. No tienen otro objetivo”, reclamó.

Pizarro manifestó que al no existir una normativa en el departamento de Tarija, el Pilcomayo está expuesto a que la ABT continúe ejecutando permisos para los desmontes. Y en casos en el que la gente desmonta sin pedir permiso, dicha institución solamente se limita a cobrar multas, mientras la actividad continúa por parte del propietario.