Gobernación de Tarija ajusta cuentas: ingresos de octubre apenas alcanzan para cubrir deudas y salarios

La Gobernación de Tarija enfrenta un mes de fuerte presión financiera. Aunque para octubre ingresaron 20,8 millones de bolivianos, las obligaciones de pago por deudas, sueldos, programas sociales y servicios básicos consumen prácticamente la totalidad de los recursos.

El gobernador Oscar Montes detalló que los compromisos de este mes incluyen el pago de 6,2 millones de bolivianos en deudas con el Banco Unión, Banco Bisa y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). A esto se suman 6 millones de bolivianos en sueldos y beneficios, de los cuales 2 millones corresponden a aportes a la Caja Nacional de Salud y al Fondo de Pensiones.

En cuanto a la distribución salarial, el desglose muestra que el Gobierno Departamental destina 1,3 millones de bolivianos a sueldos, la Asamblea Legislativa Departamental 700.000 bolivianos, el Sedeca 1,1 millones, las subgobernaciones 420.000 bolivianos y las entidades descentralizadas 557.000 bolivianos.

Los gastos operativos alcanzan 2,3 millones, mientras que los programas sociales también absorben una parte significativa: la Canasta Alimentaria para Personas con Discapacidad demanda 2,2 millones, el Prosol 1,4 millones y los ítems de salud —correspondientes a sueldos del mes de julio— otros 1,4 millones. A esto se añaden transferencias a gobiernos municipales por 800.000 bolivianos.

Tras cubrir todas estas responsabilidades, solo quedan 114.000 bolivianos en reserva para imprevistos.

“Acaba de venir la Asamblea y nos han pedido algo de transferencia, vamos a tener que mandar unos 40.000 bolivianos, me imagino. Nos van a quedar 60.000 para sobrevivir todo el resto del mes”, expresó Montes al describir el difícil panorama financiero departamental.

Problemas de recursos

En medio de esta situación, el asambleísta departamental del MAS, Eider Quiroga, pidió al Ejecutivo cumplir con los desembolsos para el pago de ítems del sector salud. Recordó que la semana pasada la Asamblea conoció una nota del Gobernador solicitando abrogar un paquete de leyes, entre ellas, la relacionada con el financiamiento de estos ítems.

Sin embargo, tras acciones constitucionales, Montes ya no puede aplicar la Ley 513, que le permitía redirigir recursos sin autorización legislativa, lo que limita su margen de maniobra financiera.

“Aquí el camino para resolver estos problemas es sentarse con los sectores y hacer gestiones conjuntas ante el Ministerio de Salud, para que estos ítems que hoy cubre la Gobernación sean asumidos por el Gobierno Nacional”, señaló Quiroga.

Sin embargo, Montes había cuestionado la labor de los asambleístas, ya que a pesar de pedir anular normas que demandan recursos, recibió una respuesta de la Asamblea, pidiendo que sea el ejecutivo quien “haga” las leyes y luego las remita. Lamentó que pese a que la labor de la Asamblea es legislar y fiscalizar, estén pidiendo al Gobernador que haga este trabajo.

Finalizó indicando, que de las 90 leyes que ha solicitado anular, la mayoría de estas han sido gestadas desde la Asamblea, por lo que manifestó que es a esa instancia a la que corresponde ahora ajustar estas normas para que condiga con la nueva realidad económica del departamento.