Advierten que limitar la Renta Dignidad no aminorará la crisis

El Gobierno ha planteado cambios en la Renta Dignidad como parte de su plan de austeridad, apuntando a excluir a los adultos mayores jubilados que aún trabajan en el sector público o privado, así como a los accionistas y socios de sociedades comerciales con Registro de Comercio. La propuesta, incluida en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, ha generado reacciones en los jubilados, quienes piden realizar un análisis minucioso, ya que hay quienes apenas están subsistiendo con su renta. Expertos advierten que esto no va a solucionar la crisis, y que una medida más certera sería reajustar las empresas estatales y el órgano ejecutivo.

Tiempos de crisis

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justificó la propuesta señalando que busca priorizar a quienes más necesitan el beneficio. "Hay jubilados que están trabajando, ya tienen su renta y su sueldo, además de la Renta Dignidad. Solidariamente deberíamos pensar en que ese dinero vaya a aquellos que realmente lo necesitan", afirmó en una conferencia de prensa.

El artículo 3 de la Ley 3791 establece que la Renta Dignidad se otorga a todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 años, que no perciban una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una remuneración contemplada en el Presupuesto General de la Nación; a los bolivianos que perciban una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo percibirán únicamente el 75% del monto de la Renta Universal de Vejez; y a los titulares y los derecho-habientes a los gastos funerales.

Sin embargo, el proyecto de ley del PGE 2025, en su disposición adicional quinta, pretende modificar ese artículo para establecer que quedan exentos de la Renta Dignidad los trabajadores dependientes que perciban una remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado o del sector privado; además de los accionistas, socios y directores de Sociedades Comerciales, que cuenten con el Registro de Comercio.

El trasfondo de esta propuesta se relaciona con la crisis económica que atraviesa el Gobierno, que enfrenta dificultades para cubrir sus gastos. A pesar de ello, el presupuesto para el próximo año no contempla una reducción del gasto público, sino que busca cubrirlo mediante endeudamiento con organismos internacionales.

Los jubilados

Paulino Misericordia, jubilado de la Caja Nacional de Salud (CNS), señaló que la situación para este sector es bastante complicada, ya que hay casos de personas que ni siquiera tienen para cubrir su alimentación como también hay quienes reciben varios beneficios. En esa línea, pidió al Gobierno revisar minuciosamente la situación de los jubilados rentistas.

Asimismo, hizo énfasis que el presidente Luis Arce, ha sido ministro de Economía por varios años durante la gestión de Evo Morales, por lo que ahora se ve sorprendido que aquellas medidas tomadas tiempo atrás, de las cuales se advertía algunas falencias, recién estén siendo objeto de análisis.

Misericordia manifestó que quienes se han jubilado después de la Ley 1732 de Jubilaciones, muchos han quedado a la intemperie, ya que algunos de los rentistas cobran entre 600 y 800 bolivianos, lo intentaron subsanar con la Ley 065 de Pensiones, y producto de los acuerdos con la COB se ha estado favoreciendo a sectores como los trabajadores mineros de Huanuni y Colquiri que tienen pensiones que oscilan entre los 15.000 a 20.000 bolivianos por mes, sobre eso cobran Renta Dignidad.

Críticas al Gobierno

Para el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel, la decisión que está tomando el Gobierno actualmente es muestra que ha fracasado el modelo económico, ya que este se había centrado en gastar los recursos que se generaban con la explotación de los recursos naturales, pero al haber un agotamiento de estos, hubo una contracción que obliga al nivel central a efectuar ajustes.

“Este es un fracaso del modelo que nos han impuesto hace 14 años atrás, haciéndonos creer que era lo mejor, pero se basaba en los recursos naturales y el gas, y como no hay, están empezando a ajustar los cinturones a todos y quienes van a pagar los platos rotos son los sectores más débiles”, advirtió.

Porcel expresó su desacuerdo con esta propuesta del Gobierno, sin embargo, adelantó que es probable que haya una alianza entre evistas, arcistas y disidentes para que esta iniciativa se materialice a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Esto tiene que pasar por Diputados y Senadores, y no hay tiempo para que esto suceda, lo van a dilatar en el tiempo para hacer lo mismo que hizo el señor David Choquehuanca el año pasado, metiendo la ley por la ventana, para que si no lo aprueba el parlamento, la CPE faculta a que el Presidente lo haga mediante decreto en el último día del año”, indicó.

Romero: Quitar la renta no solucionará la crisis

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, explicó que desde un inicio los bonos nacionales han sido mal concebidos, ya que son muy generales y han hecho que muchas personas que no eran merecedoras se beneficien, en consecuencia hubo una especie de regalo de dinero a quienes no lo merecían. Considera que intentar corregirlo ahora, no va a solucionar la crisis.

Romero señaló que los datos de cuánto ahorro va a significar al Estado el quitar la Renta Dignidad a grupos específicos, es un tema desconocido, ya que el mismo Gobierno no lo ha explicado.

“El Gobierno dice que no quiere que se dé este bono a quienes tienen algún tipo de beneficio o renta, tiene coherencia, pero lo raro es que recién se den cuenta. (…) ahora que hay una crisis financiera recién plantean que se beneficien menos personas, ¿por qué no se lo hizo antes?”, dijo Romero, dejando entrever que Arce cuando era ministro de Economía ya conocía de esta situación.

Mencionó que la medida que ahora pretende tomar el Gobierno busca reflejar cierta política de austeridad, la cual no existe, afectando a uno de los sectores vulnerables de la población bajo el argumento que pretenden solucionar el tema de la crisis económica.

“Simplemente están haciendo demagogia, están diciendo que quieren demostrar austeridad, pero a quienes van a atacar, ¿los ancianos? Un grupo vulnerable. ¿Por qué no hablan de hacer austeridad en empresas estatales? O en el Órgano Ejecutivo donde tienen miles de millones destinados, ahí tiene que hacerse un reajuste si es que quieren tener menor gasto público”, indicó.