Censo: Pese a las críticas, Gobierno alista la redistribución de recursos

El Gobierno Nacional prepara la redistribución de recursos económicos, de coparticipación tributaria, en base a los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda, pese a que éstos son rechazados en varios departamentos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ratificó que la Ley obliga a cumplir con este proceso desde septiembre, independientemente de la aceptación o rechazo que hayan generado los datos poblacionales.

Desde Tarija advierten que el departamento dejará de percibir alrededor de 6 millones de bolivianos, debido a que el bajó el número de población en ocho de los once municipios. Ante esa situación, plantean dos alternativas como compensar la reducción de presupuesto.

Montenegro hizo un llamado a quienes cuestionan los resultados del Censo a acercarse a los espacios de consulta habilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se brindarán explicaciones técnicas sobre cómo se determinaron los números que serán utilizados como base para la redistribución de recursos en los próximos 10 años.

“La ley establece que desde septiembre se tiene que realizar esta distribución. Independientemente del descontento o la aceptación de estos resultados, se tiene que cumplir la ley”, enfatizó durante una conferencia de prensa.

Además, rechazó las manifestaciones y paros convocados por algunas regiones, como el anunciado por la Asamblea de la Cruceñidad para el 6 de septiembre, argumentando que antes de realizar protestas deberían escucharse las razones técnicas detrás de los resultados censales.

Rechazo Varias regiones siguen expresando su descontento y exigiendo auditorías a los resultados del Censo 2024

Impacto en municipios

En Tarija, el Comité Interinstitucional por el Censo advierte que la reducción en la coparticipación tributaria afectará a la mayoría de los municipios de la región. Según su representante, Rodrigo Fuenzalida, de los 11 municipios que conforman el departamento, ocho verán una disminución significativa en sus ingresos por este concepto, la excepción es solo con Cercado, Villa Montes y San Lorenzo. A esto se suma la reducción de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que afectará seriamente los presupuestos subnacionales para lo que resta del año.

Fuenzalida explicó que la pérdida total en términos de coparticipación tributaria para los municipios de Tarija asciende a 6 millones de bolivianos, una cifra que comprometerá la ejecución de proyectos y programas locales. También señaló que los Planes Operativos Anuales (POAs) de estos municipios tendrán que ser reportados al Ministerio de Economía para evaluar cómo ajustar sus presupuestos.

Fuenzalida dijo que si bien se ha planteado realizar una auditoría al Censo 2024, este proceso tomará tiempo, y mientras tanto, la redistribución de los recursos basada en los nuevos datos poblacionales hará que muchos municipios no lleguen a fin de año con recursos suficientes, lo que puede llevar a la paralización de proyectos.

Propuestas

Ante este panorama, el Comité ha propuesto dos medidas para mitigar el impacto de la reducción de ingresos. La primera es la creación de un fondo de compensación que permita a los municipios más afectados (más de 170 en todo el país) mantener sus finanzas operativas hasta fin de año. Este fondo serviría como un mecanismo temporal para paliar la crisis que enfrentan estas regiones.

“Nosotros lo que hemos visto, es que hay recursos destinados en bolsones que puede tener el Gobierno para distribuir a ministerios o que hayan quedado en saldos de caja y banco de parte del nivel central, para que puedan ser distribuidos a los municipios. Lo que estaba ocurriendo hasta ahora, es que se han estado entregando los recursos a solicitud de las empresas estatales donde no se ve ningún tipo de réditos”, manifestó.

La segunda propuesta es debatir un nuevo Pacto Fiscal que ajuste la distribución de los recursos entre los niveles de gobierno, incrementando el presupuesto destinado a los municipios, gobernaciones y universidades. Este pacto permitiría una revisión a fondo del esquema actual de distribución de ingresos y ayudaría a equilibrar las finanzas de las regiones más afectadas por los resultados del Censo.

Fuenzalida mencionó que es urgente que se tomen decisiones rápidas para evitar un colapso financiero en varios municipios, ya que los recursos actualmente asignados no serán suficientes para cumplir con las necesidades de las comunidades durante los últimos meses del año.