El Gobierno maneja 88,6% del PGE, resurge el reclamo por un Pacto Fiscal

Tras ratificarse una vez más que el Gobierno administra el 88,6% del Presupuesto General del Estado (PGE), dejando apenas el 11,3% para municipios, gobernaciones y universidades, desde Tarija nuevamente demandan instaurar el debate por el Pacto Fiscal, para establecer una distribución de recursos más equitativa. Parlamentarios afines al Movimiento al Socialismo (MAS) evitan hablar del tema.

Según el proyecto de ley 030/2023-2024 “Presupuesto General del Estado (PGE) - Gestión 2024”, el importe total agregado es de Bs 340.317.970.486 y el presupuesto consolidado es de Bs. 265.558.034.072.

Según el análisis realizado por la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), el incremento del PGE 2024 en relación al PGE 2023 representa un 7,31% en el presupuesto agregado y un 8,86% en el consolidado. Mientras que el presupuesto para inversión pública asciende a 4.274 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 6,69% en relación a la gestión anterior.

El asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, señala que actualmente el PGE refleja un modelo centralista, pese a que Bolivia se define como un Estado Autónomo. En consecuencia, explicó que el 11,3% que le toca administrar a los niveles subnacionales, se destina el 2,8% para las gobernaciones, 6,2% para gobiernos municipales, 2,1% para las universidades, 0,2% para gobiernos regionales.

Según el detalle de la AMB, el presupuesto de las universidades se explica porque se destinan Bs 6.658 millones, equivalente al 2%; las entidades subnacionales administran Bs 31.399 millones, equivalente al 9,2%; el órgano ejecutivo nacional Bs 160.640 millones equivalente a 47,2%; las instituciones nacionales descentralizadas Bs 42.124 millones que representa el 12,4%; las instituciones de seguridad social Bs 9.383 millones (2,8%); órganos legislativo, judicial, electoral, instituciones de control y defensa del estado e instituciones financieras Bs 7.764 millones (2,3%) y las empresas nacionales administran Bs 82.350 millones que equivale al 24,2%.

Lea Plaza afirma que estos datos muestran que no existe una distribución equitativa o que tenga relación con las competencias de cada nivel de gobierno, más cuando los niveles subnacionales son los directos encargados en solucionar las principales demandas de la población.

“Esta es una prueba clara de cómo se ha centralizado el gasto público en todo este último tiempo, son 359 entidades territoriales autónomas que reciben solamente el 11%, eso implica una injusticia absolutamente y un contrasentido con la delegación y transferencia de competencias y responsabilidades a los niveles subnacionales”, mencionó.

Tanto Lea Plaza como representantes de la AMB coinciden al afirmar que debe establecerse una nueva redistribución de los recursos, que debe surgir de un Pacto Fiscal en el que las entidades autónomas puedan tener una mayor participación de los ingresos nacionales.