Entrevista al presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia
Ortuño a la Gestora: No se puede desestimar a la empresa nacional
Los empresarios piden actualizar la normativa de inversiones y hacer ajustes a la propia Ley, para fortalecer los emprendimientos nacionales y contribuir al desarrollo del país sin poner en riesgo los ahorros



La Gestora Pública ha empezado sus operaciones en el país después de una larga transición de más de una década. A pesar de algunas críticas y temores infundados desde sectores políticos, los empresarios están de acuerdo con el nuevo sistema y, además, animan a utilizar mejor los ahorros de los trabajadores en los sectores productivos del país.
Giovanni Ortuño, presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia, considera que “no debemos desestimar a priori la capacidad de las empresas privadas bolivianas para recibir inversiones de la Gestora”, en referencia a las declaraciones de Moisés Murillo Lima, jefe de Operaciones de la Gestora, quien insistió en la inversión en financieras y en empresas extranjeras.
No se trata de una nueva polémica, sino de un debate de fondo con planteamientos efectivos y muchos datos que requieren una participación de todos para garantizar que los recursos de los bolivianos sirvan para mejorar Bolivia, es la opinión de Ortuño.

Murillo Lima e insiste en
beneficiar a inversiones
extranjeras con ahorro boliviano
EP: ¿Qué opina de las explicaciones de Moisés Murillo Lima, gerente de Operaciones de la Gestora, sobre las prioridades de inversión de los recursos de la entidad en el sector financiero y en el extranjero?
GO: La Gestora ha definido que, en el ámbito de la inversión, sus prioridades son: garantizar la seguridad de los aportes, lograr una rentabilidad mayor y mantener la liquidez. Creo que son objetivos correctos, especialmente si recordamos que no se trata de recursos del Estado, sino de los millones de bolivianos aportantes, y que deben ser administrados con la mayor responsabilidad y eficiencia. Sin embargo, en el contexto del sistema económico financiero actual, los mecanismos para lograr esos objetivos necesitan de ciertos ajustes.
Creo que es necesario realizar un análisis más exhaustivo sobre las nuevas realidades y perspectivas financieras del país y del mundo, que nos permita ampliar las posibilidades e identificar las oportunidades de inversión de estos recursos, sin descuidar su protección. Eso pasa por generar una nueva política, actualizar el reglamento de inversión e incluso realizar ajustes a la propia Ley de Pensiones si fuera necesario, de modo que se reoriente y se mejoren las condiciones y los procedimientos de acceso, gestión, protección y garantía de los ahorros de los bolivianos.
"Es importante recordar que aún en esas condiciones de adversidad, hay muchas empresas que tienen hoy mismo la capacidad, idoneidad y fortaleza para atraer inversiones tanto del sector público como de los inversionistas privados"
EP: ¿Cómo valora que se priorice la inversión en el extranjero frente a empresas bolivianas?
GO: Me parece que el tema es más complejo, y no se lo puede reducir a la dicotomía entre nacional y extranjero u orientarse solo por el porcentaje de retorno. Tiene que ver con las condiciones, los riesgos y las oportunidades que ofrecen los mercados de valores en la actualidad. Toda inversión tiene riesgos y en un mundo que soporta una situación de incertidumbre, incluso las entidades que parecen más seguras pueden sufrir crisis profundas.
Lo que me parece que no debemos hacer es desestimar a priori la capacidad de las empresas privadas bolivianas para recibir inversiones de la Gestora y para responder, tanto en rentabilidad como en seguridad, a las condiciones que se exigen en este tipo de operaciones.
Hasta ahora, por ejemplo, el sistema financiero boliviano ha sido muy eficiente en la gestión de los recursos captados del sistema las pensiones, lo mismo que las empresas que han accedido a ellos. Esos son ejemplos de que no solamente las empresas públicas o el sistema financiero internacional son aptos para acceder a fondos de inversión de los recursos de pensiones.
EP: ¿Qué medidas se podrían tomar para favorecer la inversión de esos recursos en empresas bolivianas?
GO: En el mundo, las inversiones buscan siempre a las empresas sólidas, consolidadas y productivas, pero también toman en cuenta las oportunidades y la situación política, económica y social de los países, especialmente en lo referido a la seguridad jurídica, la estabilidad y la institucionalidad. Las medidas para favorecer la inversión deben provenir fundamentalmente del Estado, que garantice las condiciones de estabilidad y seguridad que necesita el sector privado para ser más competitivo y desarrollar planes de crecimiento y expansión importantes.
Las empresas privadas bolivianas atraviesan por una situación muy difícil, que demanda acciones urgentes y rápidas para garantizarles crecimiento y sostenibilidad. Tenemos que avanzar con mayor decisión y rapidez en la disminución del contrabando, mejorar la seguridad jurídica, fomentar la producción industrial a gran escala, disminuir la presión impositiva y facilitar las exportaciones.
Pese a todo esto, es importante recordar que aún en esas condiciones de adversidad, hay muchas empresas que tienen hoy mismo la capacidad, idoneidad y fortaleza para atraer inversiones tanto del sector público como de los inversionistas privados.
EP: ¿En qué cree que se debería invertir el ahorro de los bolivianos?
GO: Pese a atravesar por un periodo de dificultades en la economía, también se han generado nuevas oportunidades que no podemos desaprovechar. Agroindustria, minería tradicional y minería estratégica, energía, telecomunicaciones, entre otros, son rubros en crecimiento y de alta demanda en los mercados internacionales y, si se invierte y se gestiona adecuadamente, con criterios de eficiencia y transparencia, sobre todo, dando las oportunidades y condiciones al sector privado, pueden resultar óptimas para invertir con mucha seguridad.
EP: ¿Cómo valora el arranque de la Gestora en el país?
GO: Primero, considero que la culminación del proceso de traspaso de la administración del sistema de pensiones a la Gestora Pública es un hecho positivo porque cumple con un mandato establecido en la Constitución Política del Estado, y nos permite superar una etapa de transición que demoró 14 años y que de alguna manera limitó la expansión y el aprovechamiento de las condiciones de inversión que se presentaron en estos años.
Es evidente que el retorno de la administración de las pensiones por el Estado se da en condiciones diferentes a las que teníamos en el país cuando se entregó a las AFPs. Hay un cuerpo normativo más sólido, existe un sistema de capitalización individual consolidado, cerca de 24 mil millones de dólares en patrimonio, además de mejor tecnología y sistemas de gestión más eficientes y seguros.
Los desafíos son muy grandes y considero que, si se realizan los ajustes necesarios y se orienta el trabajo por criterios técnicos de eficiencia y transparencia, podemos esperar resultados positivos que redunden en beneficio de los aportantes y de la economía nacional.