De $us 100 MM a 3.600: Empresarios ven escasa batalla al contrabando

Empresarios privados de Tarija y expertos en el área económica han expresado su preocupación por los bajos resultados en la lucha contra el contrabando, cuestionan que los comisos efectuados por la Aduana Nacional en la gestión 2022 apenas lleguen a 717,6 millones de bolivianos (105,9 millones de dólares), cuando este ilícito mueve en el país entre 3.600.000 a 4.000 millones de dólares anuales.

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Informe de la Aduana

Aunque la Aduana Nacional ha intentado mostrar que durante el 2022 ha logrado records históricos con la incautación de productos de contrabando, esto no ha dado contento a los empresarios privados, que aseguran que la mercadería de contrabando sigue inundando los mercados locales y afectando a las empresas nacionales que tributan al Estado.

El informe revela que durante el 2022 las incautaciones fueron por un valor superior a los 717 millones de bolivianos, más antes, las cifras reflejan que en 2021, el valor de los comisos fue de 654,6 millones; en 2020, el año de la pandemia, fue por un valor de 383,4 millones.

Asimismo, dan cuenta que de 14.726 operativos con comiso de mercancía, 12.169 fueron ejecutados por la Aduana Nacional; 2.434 por el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando; 14 por las Fuerzas Armadas, y más de 100 operativos por otras instituciones.

De los 717,6 millones de bolivianos del valor de la mercancía comisada, 440.431.347 bolivianos corresponden a vehículos; 39.100.439 en alimentos; 21.997.392 en teléfonos y celulares; 17.167.922 en ropa usada; 15.491.552 por semillas y frutos oleaginosos.

En lo que respecta los comisos ejecutados con el “Plan del Sur”, se tiene que las actuaciones ejecutadas en la frontera de Yacuiba, los comisos fueron por un valor de 22.130.067 bolivianos; en Bermejo por 5.337.782 bolivianos; mientras que en Villazón por 18.812.775 bolivianos.

Las observaciones

El presidente del Colegio Economistas de Tarija, Fernando Romero, señaló que tras haber realizado un análisis del informe de la lucha contra el contrabando, realizando un cruce de información con la Cámara Nacional del Comercio (CNC), Cámara Nacional de Industrias (CNI), se tiene que el contrabando mueve alrededor de 3.700 millones de bolivianos anuales, lo que representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Intervención Desde la Caincotar piden que tanto el Gobierno, Gobernación y gobiernos municipales intervengan en la lucha contra el contrabando

“La afectación a esta actividad ilegal es apenas un 2,86% a todo lo que mueve en el país anualmente. También en este informe, llama la atención que el 61% de los decomisos de la gestión pasada son vehículos, y apenas un 5% en bebidas y alimentos, mientras que un 2% en ropa usada”, expuso.

Romero señala que para el Gobierno es más conveniente incautar vehículos que ropa o alimentos, ya que el tema de vehículos le genera un doble ingreso, ya que estos motorizados luego pueden ser rematados o entregados a alguna institución.

“Esto también nos muestra que el trabajo del Gobierno es deficiente, porque del 100% que se ha incautado la gestión pasada, entre bebidas, alimentos y ropa suman un 7%. Entonces no se puede decir que se está haciendo una lucha agresiva contra el contrabando o al menos para proteger la industria nacional”, argumentó.

Sobre este tema, ha sido el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (Caincotar), Joel Vargas, quien coincidió al afirmar que la lucha contra el contrabando no tiene el resultado esperado por los empresarios locales.

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Vargas reconoció los trabajos del Gobierno Nacional por comisar algunos productos de contrabando, sin embargo, mencionó que esto no alcanza a cubrir la magnitud que implica el contrabando. Señaló que, sin ir lejos, se puede evidenciar en los mercados locales, el volumen de productos que llegan a Tarija son transportados en camiones y no en pequeñas cantidades.

El titular de la Caincotar manifestó que los trabajos de comiso de la Aduana deben intensificar y ampliar, ya que no basta con las cantidades que se han realizado hasta este momento.

Asimismo, instó a los otros niveles de gobierno, como Gobernación, gobiernos municipales y demás instancias del Gobierno Nacional, como el Senasag, poder intervenir en mercados locales con operativos de control para identificar si los productos que circulan en los centros de abasto cumplen con el registro sanitario y demás requisitos que lo vuelven apto para el consumo de la población.

Más adelante, también ha sido el primer vocal de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Víctor Fernández, quien cuestionaba los bajos resultados de la lucha contra el contrabando, además de la falta de políticas para la reactivación económica, que están ahogando a las empresas nacionales, principalmente a las tarijeñas.

Empresarios avizoran un 2023 económicamente difícil

El miembro del directorio de la CEPB, Víctor Fernández, avizora un año 2023 difícil para el sector privado, uno por las responsabilidades impositivas y las medidas coercitivas que fija el Estado para con las empresas; segundo, por la falta de entendimientos entre el sector empresarial con el Gobierno Nacional, ya que estos últimos evitan establecer escenarios de diálogo para analizar la situación actual.

En complemento, el titular del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, se animó a precisar que durante esta gestión la tendencia del contrabando es a aumentar, lo que puede complicar la situación de las empresas locales, lo que incluso podría orillar a algunas, a trabajar en la economía informal por la competencia desleal de este ilícito.