Tarija: Crisis obliga a redireccionar la lucha contra la violencia

En octubre, mes en que se conmemora a la mujer boliviana, en Tarija lo que resaltan son los altos índices de violencia. Esto llevó a exigir mayor transparencia sobre los recursos que se presupuestan para la lucha contra este flagelo. Y ante la falta de resultados de la declaratoria de alerta de 2018, se plantea una nueva.

Desde la Gobernación aseguran que se implementó el enfoque de género de forma transversal. Se cuenta con un presupuesto de 105.311.711.22 bolivianos para el 2023, pero gran parte de ese monto se irá a pagar deudas del Ejecutivo Departamental.

La Ley 348, aprobada el 9 de marzo de 2013, establece que los Órganos del Estado nacional y subnacional asuman acciones integrales para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Para ello, cada Entidad Territorial Autónoma (ETA) tiene la obligación de asignar al menos el 15% de sus ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Nuevo presupuesto

La jefa de la Dirección Departamental de Género Generacional, Daniela Rojas, indicó que el presupuesto ahora supera el mínimo, aunque la mitad de los recursos con los que se cuenta para el 2023 será destinado al pago de deudas.

“Estamos presentando un anteproyecto de ley para declarar alerta departamental. Estamos comprometidos por la lucha de la igualdad de género”, dijo, a tiempo de lamentar que la planificación de actividades se vio afectada por la deuda.

En virtud a una reducción de fondos disponibles, la funcionaria indicó que la atención de la problemática de la violencia pueda ser abordada incluyendo el enfoque de género de forma transversal a diferentes programas.

El POA 2023 de la Gobernación es de 702.784.367.50 bolivianos. Con la resta de los recursos que se asignan al pago de deudas, indicó que para políticas de género hay un monto de 105.311.711.22 bolivianos.

Los programas de intervención directa incluyen el de apoyo al bienestar a grupos vulnerables, el impulso de la ley del marco institucional para garantizar asistencia a las víctimas de violencia, plan de prevención y atención de víctimas, la planificación de un plan quinquenal de lucha contra la violencia.

Pero también, agregó, parte de ese dinero va a otros programas como el Fondo de Promoción Económica Departamental de Tarija (Fopedt), apoyo al turismo, plan de empleo, lucha contra el cáncer, prevención de enfermedades de transmisión sexual, gestión de agua y otros. Como argumento apuntó que la intención es “transversalizar el enfoque de género en temas de desarrollo o medioambiente, generar independencia económica”.

Mediante la revisión de gestiones pasadas, se tiene que el 2020 la Gobernación asignó un 16,7%, mientras que el informe del 2021 da cuenta de que la inversión no alcanzó el 15%.

Fiscalización

Desde el Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM), Janeth Arévalo demandó un informe sobre presupuestos focalizados en las mujeres, como manda la ley, para disminuir la brecha de desigualdad.

En una sesión de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) la pasada semana se conminó al Ejecutivo departamental a presentar un informe sobre las inversiones de la presente gestión.

En representación de los grupos feministas, Patricia Ugalde destacó la preocupación por la ausencia de indicadores para medir cuánto se avanzó en la lucha contra la violencia.

Declaratoria no frenó la violencia a las mujeres

La Ley de declaratoria de alerta que se trabajó en diciembre de 2018, surgió como una necesidad de una política pública efectiva ante 13 casos de feminicidio. Ese año, a nivel nacional, los delitos de la Ley 348 fueron 6.411, en el 2019 sumaron 7.720, en el 2020 la cifra subió a 18.772 y la pasada gestión se llegó a 22.221.

Durante este año, las denuncias en Bolivia alcanzaron a 37.998 y de esas 2.796 son de Tarija, seis de ellos responden a hechos de feminicidios, cuatro en el Chaco y dos en Cercado.