Empresarios sobre proyecto de ley laboral: atenta contra el trabajo formal

Luego que el Ministerio de Trabajo presentó un proyecto de ley que prevé declarar injustificados los despidos realizados por "fuerza mayor" o en casos "fortuitos" y establezca la reincorporación de los trabajadores destituidos por esas causales, el empresariado tarijeño manifestó su rechazo a la propuesta, indicando que de concretarse dicha iniciativa se estaría atentando contra el trabajo formal.

Así lo indicó Marcelo Romero, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FDEPT), quien lamentó que el Gobierno, en lugar de incentivar a la producción de empleos, quiera implementar normas que vayan en desmedro del propio trabajador.

“Ya hicimos la representación respectiva sobre este tema, creo que es un despropósito el no tener en cuenta la realidad en la que vive nuestro país y más aún nuestra región en cuestión laboral, creo que nos hace mucho daño. Lo que más le duele al empresario y al obrero, es que con estas medidas se pone en indefensión al trabajador y los más duro es que se atenta contra el trabajo formal”, manifestó.

Romero consideró que, después del aumento salarial, seguir aprobando medidas contra el empresariado solamente traerá consigo un desequilibrio a la estabilidad laboral.

“Hoy en día, cuando uno ve este tipo de leyes, los empresarios lo único que hacen es contraerse y es ahí cuando la estabilidad laboral deja de ser una realidad”, expresó.

Señaló, además, que ve con preocupación cómo se intenta seguir golpeando al sector empresarial en una etapa de recuperación económica, por lo que advirtió que, de seguir por este camino, el desempleo tendrá índices alarmantes de cara al futuro.

“Esperemos que desde el Ministerio de Trabajo se analice a profundidad las consecuencias que esta ley puede ocasionar al únicamente incentivar el desempleo”, acotó el presidente de la FDEPT.

Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, durante una entrevista al canal PLUSTLT, manifestó que este proyecto de ley pretende limitar muchas posibilidades de crecimiento económico y esto de alguna manera repercuta en el mercado laboral, al no poder dar las condiciones para que el propio obrero pueda ser recontratado en otras fuentes laborales.

“De este tipo de leyes se ha hablado mucho, no hay que olvidar que la gestión pasada han sacado anteproyectos de ley que no han sido totalmente aprobadas, pero habitualmente por el mes del trabajador el Gobierno intenta sacar este tipo de leyes más a favor del obrero que al empresario”, señaló.

Romero añadió que en este caso hay mucha presión hacia el sector empresarial, puesto que prohibir despidos laborales solo fomentará la informalidad

“Al empresario boliviano le hablamos de incremento salarial, un posible segundo aguinaldo y le planteamos leyes con las cuales no podría mantener su empresa. Entonces, de esa forma va mantener a sus trabajadores en negro, en un contrato te pueden indicar un monto, pero luego por un arreglo verbal o personal te puede estar pagando mucho menos, y si no, te despide si no se aprueba esta ley”, finalizó.

El “polémico proyecto”

El anteproyecto es denominado “Procedimiento especial para la restitución de derechos laborales fundamentales”.

Según señala su artículo 6, en su parágrafo I “la trabajadora o el trabajador que considere vulnerado su derecho al trabajo o a la estabilidad laboral, a la remuneración o salario, a la libre sindicalización, y al fuero sindical, tendrá el plazo de tres meses, computables a partir de la comunicación verbal o notificación escrita del instrumento que considere la vulneración de tales derechos, para acudir ante el Ministerio de Trabajo y presentar la denuncia y la correspondiente solicitud de restitución de derechos laborales fundamentales”.

Mientras que el parágrafo II añade que “vencido el término establecido (parágrafo anterior), salvando los derechos que le asisten, podrá acudir ante la judicatura laboral”.

La propuesta legal se aplica para trabajadores que se desempeñan bajo la Ley General del Trabajo y tiene por objeto preservar la estabilidad laboral en caso de despido injustificado y resguardar cinco derechos: al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la remuneración o salario, a la libre sindicalización y al fuero sindical.

CNI

Sobre el proyecto de ley, la vicepresidenta de la CNI, Cynthia Aramayo, manifestó que “se deben preservar los derechos de los trabajadores, pero también hay que ver la situación de las empresas que no pueden seguir teniendo los trabajadores que tenían por una crisis económica”.