Grupos piden frenar “pandemia” de violencia contra las mujeres

“En menos de una semana, Bolivia ha sido sacudida por las muertes de al menos cuatro mujeres que han cundido de dolor e impotencia muchos hogares bolivianos, debido a la saña y crueldad con las que han sido perpetrados”, así comienza un pronunciamiento emitido por una veintena de grupos que luchan contra la violencia y defienden los derechos de las mujeres, que piden al Estado boliviano frenar esa “pandemia”.

Y es que la preocupación no es para menos. Del 1 de enero al 28 de abril hubo 30 feminicidios en todo el país, según datos de la Policía Boliviana. “Más allá de la estadística, se trata de vidas humanas que han sido arrebatadas por la violencia patriarcal, machista y misógina. ¡Nos están matando!”, alerta el documento.

Pedro (35), Ángel (60), Jesús (72) e Iver (32) son los presuntos responsables de los feminicidios de Elizabeth (60) en Santa Cruz, Demetria (70) y Jhovana (33) en Cochabamba, y Virginia (14) en Yacuiba. Casi todos eran parejas o exparejas de las víctimas.

Y a estas cifras se suman otros datos. La Fiscalía informó que entre el 1 de enero y el 21 de abril del presente año se registraron más de 14 mil denuncias vinculadas a la Ley Nº 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) y más de 50 tentativas de feminicidio.

“Este último dato nos preocupa en extremo, pues cada dos días una mujer estuvo en riesgo de perder la vida”, indican los grupos de activistas.

Ante esa situación, la pérdida de vidas humanas, la indefensión en la que quedaron al menos 29 huérfanos, solo en esta gestión, y la falta de sanción en los casos de violencia contra las mujeres, las plataformas exigen al Estado desarrollar un plan integral de implementación inmediata que articule la prevención, la sanción y la reparación de las víctimas.

Al Gobierno nacional y a los subnacionales exigen incluir en la planificación, a corto y mediano plazo, acciones y medidas para la prevención y atención de la violencia, además de presupuestos suficientes.

“Los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Oruro, que ya tienen políticas departamentales de lucha contra la violencia, deben asignar presupuestos para garantiza su implementación”, indica el pronunciamiento.

Carteras de Estado

También se recomendaron tareas para algunas carteras de Estado. Al Ministerio de Educación, implementar estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres, especialmente violencia sexual contra niñas y adolescentes, especificar estos temas en los programas educativos y la currícula escolar, y en la formación de docentes. “Las unidades educativas deben ser los espacios donde se detecten y canalicen denuncias de toda forma de violencia”.

Al Viceministerio de Comunicación, desarrollar campañas de comunicación sostenidas con recursos suficientes; e implementar protocolos para el tratamiento informativo de la violencia de género por parte de los medios de comunicación.

Hacer seguimiento a los medios de comunicación sobre el cumplimiento del principio de no violencia en sus programaciones y promover campañas de responsabilidad social para la prevención de este flagelo.

Al Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana Marian Romero”, cumplir con sus funciones referidas a la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de las políticas públicas para la igualdad entre hombres y mujeres y la gestión de información oficial sobre el estado de situación de las mujeres en Bolivia.

Policía, Fiscalía y Órgano judicial

Al Órgano Judicial, a la Policía Boliviana y a la Fiscalía, se demanda máxima celeridad en las investigaciones sobre los hechos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, aplicando todo el peso de la ley sobre los responsables y evitando actuaciones revictimizantes para lograr la reparación integral de las víctimas.

A los Servicios Legales Integrales Municipales, Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia, y a todas las instancias operadoras de la Ley 348, la valoración del riesgo de violencia, la disposición y ejecución de medidas de protección inmediatas y oportunas, además del seguimiento y auxilio para las mujeres en situación de violencia, para evitar feminicidios.

Al Estado, una reparación y respuesta integral para los niños, niñas y adolescentes que quedan en la orfandad producto de la violencia. Asimismo, garantías y protección para los familiares dolientes, que no solo deben enfrentar la pérdida de un ser querido producto de la violencia, sino el hostigamiento y, en muchos casos, la persecución de los agresores y sus familiares, que intentan permanecer en la impunidad.

A la Policía y al Ministerio Público, activar los mecanismos de búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas desaparecidas y en riesgo de vulnerabilidad, para evitar feminicidios, trata y tráfico y otros hechos de violencia.

Finalmente, las plataformas, organizaciones y activistas, demandan más juzgados especializados y de exclusiva competencia para la atención de casos de violencia contra las mujeres.