Gobernador de Tarija plantea distribuir IDH en base a criterios productivos y poblacionales

El gobernador de Tarija, Oscar Montes informó que convocará a una reunión a las autoridades locales de las provincias del departamento con el fin de coordinar la distribución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), teniendo en cuenta que estos ingresos disminuyeron considerablemente y más de la mitad de los mismos están destinados a cubrir programas y proyectos de competencia nacional.

“Para el año 2022 tendremos 75 millones de bolivianos de IDH, de los cuales 40 millones ya vienen con nombre y apellido, sobran 35 millones, estamos hablando que más del 50% ya están destinados. Es decir, si el Chaco, pretende un 45% nos dejan en cero al resto del departamento. Lo que haremos es un consenso y esto no puede ser una reunión bilateral entre la Gobernación y el Chaco, somos 6 provincias en el departamento y las seis tenemos el mismo derecho”.

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Montes desmintió que exista una normativa que obligue a la Gobernación a transferir un porcentaje determinado del IDH a la Región Autónoma del Gran Chaco, como prueba de esa afirmación, es que las autoridades chaqueñas presentaron proyectos de ley nacional y departamental para que se apruebe la transferencia directa de recursos del IDH al Chaco, en ese sentido, indicó que recibirá a las autoridades chaqueñas el próximo 30 de septiembre  para plantearles la misma propuesta de distribución que se socializará con el resto de provincias.

“Trataremos de emular la fórmula de distribución nacional del IDH, que toma algunos criterios como el departamento productor y el departamento no productor, o sea, define porcentajes. También tiene criterios poblacionales, así que nosotros les vamos a proponer una forma de distribución que sea equitativa y que beneficie a todas las provincias”, explicó el Gobernador, e informó que los programas y proyectos en los que se destinará el IDH para la próxima gestión son: Renta dignidad, con más de 20 millones de bolivianos; vacunación, con 8 millones; el prediario para los privados de libertad, que supera los 3 millones y otros programas como la OTN, programas de protección a la mujer y a los niños, programas de seguridad ciudadana, el museo y el observatorio entre otros.